«Al Qaeda no está detrás de la revuelta libia»
Entrevista a Nelson G. Specchia en Cadena 3,
por Pablo Rossi
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nelson.specchia@gmail.com
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Publicado en columnas radiales, Política Internacional
Etiquetado Alqaeda, África, guerra, Islam, Khaddafi, Magreb, petróleo, revolución, Trípoli
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por Nelson-Gustavo Specchia
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“Bipolares”, 3 de diciembre de 2009
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Como era de esperarse, el Congreso de Honduras votó ayer en contra de la restitución en el poder del depuesto presidente Manuel Zelaya, fuera del poder tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, y que ya lleva 74 días cercado por el ejército en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
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Las delegaciones representantes de Zelaya y del gobierno golpista de Roberto Micheletti habían acordado en octubre, en Costa Rica, que sería el Congreso quien habría de decidir sobre el regreso de Zelaya a la presidencia hasta el 27 de enero, fecha en que teóricamente culminaría su mandato constitucional.
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Zelaya, viendo cómo venía la mano, dio por concluido el acuerdo de Costa Rica el 8 de noviembre, pero Micheletti se aferró a él, y tras las elecciones presidenciales del domingo pasado, en las que ganó Porfirio “Pepe” Lobo, el Congreso le daba el carpetazo final a la vuelta de Zelaya.
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Honduras, así, sigue estirando la cuerda, tanto al interior del país como a nivel internacional. Como se vio en la Cumbre Iberoamericana de Estoril, en Portugal, que acaba de concluir, los países latinoamericanos están polarizados, y las posiciones no tienen visos de acercarse. Todos esperaban una declaración de consenso en Portugal, pero los esfuerzos no dieron ningún fruto, y apenas se emitió una declaración en la que se condena el golpe de Estado y se vuelva apoyar la restitución del depuesto presidente constitucional, sin entrar a considerar el resultado de las elecciones, y el reconocimiento –o no- del nuevo gobierno surgido de ellas.
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Además de los Estados Unidos del presidente Obama, en América latina Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú defienden la legitimidad de las elecciones, mientras que Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela las consideran ilegítimas, porque vendrían a avalar una interrupción autoritaria de un proceso democrático. (Zelaya, por cierto, fue el único presidente ausente en la Cumbre Iberoamericana, por haber sido víctima de un golpe de Estado; fue representado por la canciller de su gobierno destituido, Patricia Rodas). Fuera de América latina, España –y la Unión Europea- hasta ahora no han reconocido el proceso eleccionario ni los candidatos triunfadores.
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Zelaya ha declarado nulas las elecciones, con el apoyo –además de Chávez y los líderes del ALBA- de Lula de Silva, y aquí viene el nuevo elemento de atención: la cuña entre la posición de Brasil y la de los Estados Unidos.
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La brecha entre Brasil y Estados Unidos no puede agrandarse más, y Honduras será el pato de la boda.
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Brasil no ha resuelto una postura definitiva sobre el tema de las bases colombianas para el uso del ejército norteamericano, y recibió con bombos y platillos la visita en Brasilia del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, precisamente cuando crece las tensiones entre los norteamericanos y los iraníes porque estos últimos se niegan a poner bajo supervisión internacional (o sea, de Occidente) sus desarrollos nucleares. No puede, por eso, jugarse la relación con Obama por Honduras.
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La pequeña Honduras, sin rumbo en su errático destino, en las simpatías y rechazos que ha despertado pone en evidencia el desencuentro internacional de toda la región latinoamericana, un desorden que tuvo su máxima expresión en Portugal, donde ni haciendo equilibrios con las palabras pudo redactarse un comunicado conjunto.
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Honduras ha destapado el tablero real de la política internacional latinoamericana, pero el realismo político terminará jugándole en contra, porque, realizadas las elecciones y habiendo votado el Congreso la no restitución de Zelaya, tras la aceptación del gobierno norteamericano de esta manera de resolver la crisis, la oposición a Micheletti tiene los días contados, como también las posibilidades reales de recomposición de la administración de Zelaya.
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Más temprano que tarde, se acabará aceptando la situación, Honduras tendrá un nuevo gobierno conservador que perpetuará el statu quo, y la democracia latinoamericana habrá perdido una batalla. Cuán importante habrá sido esta batalla perdida para la salud política del futuro de la región, nadie puedo decirlo en estos momentos.
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nelson.specchia@gmail.com
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por Nelson Gustavo Specchia
“Bipolares”, FM Shopping, jueves 22 de octubre de 2009
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Buen día, Daniel.
Hemos estado las últimas semanas recorriendo, desde esta tribuna de análisis internacional, distintas y distantes latitudes, donde la realidad mundial de repente saca a la superficie una punta de iceberg, una muestra –a veces violenta, a veces sorpresivamente feliz, siempre frágil y fugaz para los titulares de los diarios y de los periódicos del mundo-, una pequeña muestra, digo, de esas inmensas realidades enterradas que son las características culturales y sociales específicas de cada pueblo.
Y en este recorrido semanal de los jueves, no habíamos vuelto a poner los ojos en Honduras, en ese pequeño país hermano de centroamérica, de una importancia relativa tan marginal, tan asilada en el concierto internacional, y que se ha colocado en los últimos tiempos en el centro del candelero.
Recuerdo, hace algunos años, cuando estuve trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, para unas misiones de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en aquellos días uno de nuestros temas recurrentes, sobre los que volvíamos una y otra vez con los colegas, discurrían sobre las estrategias para colocar a Honduras, de alguna manera, en la atención de las agencias internacionales. Quién me iba a decir que algunos años más tarde los hondureños encontrarían la manera, lamentablemente tan costosa, de estar en el centro de las noticias.
Y ¿cómo analizar este momento, este impasse hondureño que, como coinciden tantos analistas, tendrá efectos que no se limitarán a quedar encerrados dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano, sino que de una manera o de otra impactarán en la marcha democrática del resto de la región?
Ayer, 21 de octubre, se cumplió un mes de la sorpresiva vuelta de “Mel” Zelaya y de su atrincheramiento en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Dentro de un mes más, por su parte, están previstas las elecciones que supuestamente vendrían a destrabar el conflicto político, pero que toda la comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá si no está el presidente democrático sentado en su sitial al momento de realizarse el acto electoral.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti, sacudido del statu quo en que había decidido esperar las elecciones, ha perdido la iniciativa política. A pesar de ello y de estar cada día más aislado internacionalmente, ha aceptado las formas del diálogo con los representantes de Zelaya. Pero sólo las formas, porque en las maratónicas reuniones entre ambas partes, que comenzaron el 7 de octubre, el gobierno de facto no se ha movido un ápice. Micheletti juega al gato y al ratón, mientras gana tiempo: aceptó derogar el estado de sitio que decretó cuando Zelaya volvió y lo tomó por sorpresa, pero aún no lo ha hecho; afirmó que castigaría al responsable militar de haber sacado al presidente constitucional en pijama y a punta de fusiles, pero el general Romeo Vásquez sigue siendo el comandante del Ejército; afirma que sus negociadores tienen plenos poderes para pactar con los de Zelaya, pero los desautoriza al final de cada reunión. Micheletti parece decidido a resistir, en soledad, hasta el 29 de noviembre y la instalación de un nuevo gobierno.
En este juego donde se muestran unas cartas pero las intenciones y los objetivos reales permanecen bien cubiertos y alejados de la mesa de negociaciones, hay que analizar dos elementos de fondo: la posibilidad cierta de una guerra civil, y la legalidad incierta de unas elecciones presidenciales.
En el primer caso, es evidente que un fracaso rotundo de la mesa de diálogo entre ambas partes podría conducir, sin demasiadas dilaciones, a que el conflicto político se asuma como un enfrentamiento civil violento, en las calles, con consecuencias desgarradoras. Y hay que evitar un derramamiento de sangre. Así como el liderazgo latinoamericano está poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya y su reinstalación en el poder, debe hacerse hincapié en evitar la posibilidad de revertir el golpe de Estado mediante la movilización violenta de los partidarios del presidente depuesto. En un movimiento en ese sentido, y dada la práctica ocupación militar del país, las mayores bajas estarán del lado del pueblo desarmado.
Por eso declaraciones como las de Daniel Ortega y Hugo Chávez, reunidos en la cumbre del ALBA en Cochabamba el 17 de octubre pasado, no aportan ninguna tranquilidad. Ortega anunció que la resistencia hondureña está buscando armas y campos de entrenamiento en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Chávez apoyó esta tesis: “que nadie se sorprenda –dijo- si surge un movimiento armado en Honduras.” Estas posturas deben ser descalificadas, por insensatas y alarmistas.
En segundo término, creo que hay que considerar más a fondo el tema de la legalidad política de las elecciones del mes que viene. La comunidad internacional se niega a reconocer de plano el resultado de estas elecciones, si el presidente Zelaya no ha sido repuesto en su cargo con anterioridad. Esta es la postura más lógica desde la legitimidad constitucional y democrática, pero puede que sea también el punto de negociación, si –abandonando las posturas maximalistas- todos estuvieran dispuestos a ceder algo.
En estos días, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordaba que en los últimos tiempos todos los conflictos políticos que han encontrado una vía de salida democrática lo han hecho desde procesos electorales organizados por un gobierno de facto. Por definición, dice Castañeda, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. Y cita a la España posfranquista de 1977, la Argentina de 1983, el Chile de 1988, o la larga lista de países ex comunistas de Europa del Este, donde las elecciones que llevarían a las transiciones democráticas se organizaron gobernando los regímenes autoritarios salientes. Y este podría ser ahora el caso de Honduras.
Sería deseable, creo, que la comunidad internacional, y muy especialmente los líderes latinoamericanos, se avinieran a negociar un llamado a elecciones organizadas por el gobierno de facto pero fiscalizadas por veedores de la ONU, luego de las cuales el presidente Manuel Zelaya debería recuperar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y traspasar el poder a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que ponga paños fríos y reconduzca el proceso político. De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.
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por Nelson Gustavo Specchia
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«Bipolares», FM Shopping, 8 de octubre, 2009
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La semana pasada, en una reunión académica en Buenos Aires, en la FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, discutíamos sobre la imagen pública de la Argentina de nuestros días, y qué tan cierto es eso de que hoy “no es noticia” para el mundo. Uno de los ejemplos que ilustraban estas conversaciones, era –recurrentemente- el de Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia. Y a raíz de eso, nos preguntábamos hasta qué punto es interesante que un país esté en la primera plana de las noticias internacionales todos los días, cuando los contenidos de esas noticias, como en el caso de la Italia de Berlusconi, son los que son.
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En estos días Berlusconi ha vuelto a los titulares, aunque esta vez con un poco más de dignidad, especialmente para el sistema judicial italiano. Aunque el multimillonario mediático y primer ministro ha sido investigado e imputado en numerosas causas judiciales, el hombre más rico de Italia siempre se las ha apañado para salir inmune. Esta semana algo, al menos, ha cambiado. El Tribunal Constitucional ha derogado la Ley Alfano, con la que Silvio Berlusconi confiaba sellar su inmunidad frente a las leyes, y escapar a la acción de la justicia.
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En un Estado democrático, en un Estado de derecho (es lamentable tener que estar recordándolo), los funcionarios superiores, inclusive el Jefe del Estado, no están por encima de las leyes. Tampoco los jueces, como bien lo remarcaba el doctor Armando Andruet, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en una nota de opinión en La Voz del Interior, esta misma semana.
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La Ley Alfano permitía excluir del alcance del sistema judicial, e inclusive de las instancias de averiguación policial, a cuatro funcionarios: al presidente de la República, a los titulares de las cámaras legislativas, y al primer ministro, de forma que no se podía emprender ninguna acción en su contra mientras ocuparan sus respectivos cargos. Pero aunque mencionaba a los cuatro, en realidad fue elaborada a la medida de Berlusconi, que es el único de estos funcionarios que tiene causas pendientes, y una sarta de investigaciones a la espera de iniciarse por supuestas actividades irregulares.
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Así como la Ley Alfano, Berlusconi ya ha logrado un conjunto de leyes específicas para evitar su procesamiento judicial, todas violentando el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley: ha hecho aprobar normas para impedir las comisiones rogatorias en el extranjero destinadas a investigar sus actividades, aprobó la amnistía para las construcciones ilegales de las “mafias del ladrillo”, despenalizó las falsedades contables y la limitación de las escuchas telefónicas para casos de corrupción. Llegó inclusive a hacer aprobar una ley ad hoc que consagra su monopolio televisivo.
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Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional permite la reapertura de dos de los cuatro procesos en su contra, que estaban frenados por la Ley Alfano, uno por soborno y otro por irregularidades financieras en la corporación televisiva que maneja y controla.
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Por eso, la decisión del Tribunal Constitucional constituye una derrota política para Silvio Berlusconi pero, fundamentalmente, una victoria jurídica para la solidez del Estado de derecho.
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