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El poder de Camila (13 12 11)

El poder de Camila

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por Pedro I. de Quesada

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Hace tiempo, cuando se mencionaba a Camila, la prensa rosa hacía referencia a Camilla Parker Bowles, la eterna rival de Lady Di que finalmente terminó quedándose con el feo príncipe. Pero desde hace siete meses ese nombre ha popularizado a una dirigente estudiantil latinoamericana, joven y marxista, voz cantante del renacido poder juvenil en Chile.

Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, como presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh), encabezó la serie de protestas y marchas de los universitarios trasandinos, que tras las peticiones por una educación pública, gratuita y de calidad para el país, han terminado por movilizar al grueso de la sociedad y han puesto en jaque al gobierno de derechas de Sebastián Piñera.

El miércoles pasado, la joven que le puso su nombre y su rostro al renacimiento del poder de los jóvenes en estas latitudes, perdió las elecciones de la Federación de Estudiantes, a las que se había presentado para renovar su mandato.

En la gubernamental casa de La Moneda se vieron algunas sonrisas pícaras y de revancha.

Y no es para menos: después de un triunfo claro de los conservadores, que lograron terminar con la sucesión de gobiernos de centro-izquierda de la alianza entre democristianos y socialistas en la Concertación, el ejecutivo de Piñera no ha dejado de caer en las encuestas por las protestas estudiantiles.

Amén de algunos éxitos iniciales, como el tan mediático rescate de los 33 mineros hundidos en el socavón de una montaña, la pulseada con los jóvenes (a los universitarios pronto se les unieron los estudiantes de ciclo secundario) ha desbarrancado su popularidad; hoy apenas cuenta con un 27 por ciento de imagen positiva, mientras que el índice que mide la desaprobación de su gestión al frente del Ejecutivo trepa hasta el 63 por ciento de la población.

Y una parte importante de ese desbarranco tiene una cara, muy hermosa por cierto: la de Camila.

Sin embargo, quienes en el gobierno se alegran de que la dirigente haya perdido el liderazgo universitario, sólo ven una versión muy blanco y negro de esta película.

Yo no creo que estas elecciones en la Federación de Estudiantes signifiquen una crisis en la dirección de las movilizaciones del colectivo, sino, por el contrario, una profundización en los alcances de las reivindicaciones y una diversificación en el protagonismo de los actores.

Camila perdió por menos de 200 votos, y ocupará a partir de ahora el segundo lugar en la ejecutiva de los estudiantes.

Y quien ganó, el alumno de abogacía Gabriel Boric, es el jefe de la lista Creando Izquierda. Y ese nombre no es casual.

Su agrupación es aún más radical que la de Vallejo, critica fuertemente a todos los partidos -incluyendo a los de izquierda, claro- y piensa que no hay que cambiar solo el sistema educativo: “el enemigo –dijo en su primera intervención como presidente de la FECh- es el gobierno”.

¿De qué se ríen en La Moneda?

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[ Columna “En foco” – El Mundo – página 2 – Hoy Día Córdoba – martes 13 de diciembre de 2011 ]

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Presentación del libro de Ramón J. Cárcano (16 09 11)

 Presentación del libro

“De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos”

de Ramón J. Cárcano

por Nelson Gustavo Specchia

Feria del Libro de Córdoba, viernes 16 de septiembre de 2011

 
Buenas tardes.

Yo quisiera comenzar esta presentación del libro de don Ramón J. Cárcano, “De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos”, su tesis de doctorado en derecho en la Universidad de Córdoba, con una referencia a los editores, a la feliz coincidencia de que la recuperación de un trabajo académico como este, pionero en su momento en el trazado de líneas igualitarias en el tratamiento civil normativo hacia las personas, un trabajo académico, además, que no quedó atrapado en los silenciosos pasillos del claustro y limitado a los muros de las bibliotecas y de los gabinetes de investigación de los expertos y de los profesores de la disciplina, sino que salió a la calle, alcanzó a la gente y a sus concretas situaciones de vida, sirvió de fundamento para debates de fondo sobre las maneras de concebir y de plantear la convivencia social desde ese particular lugar hermenéutico, desde esa perspectiva interpretativa de la aceptación de las diferencias, de las radicales otredades, en la igualación normativa propia de un Estado republicano y democrático de derecho.

Feliz coincidencia, digo, que el rescate de un documento académico que en su momento tuvo proyecciones sociales tan concretas venga de la mano de una coedición entre las empresas editoras de dos universidades grandes de nuestra ciudad, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, y la editorial de la Universidad Católica de Córdoba, y que sea este su primer trabajo, su primer aventura conjunta, de la que, seguramente –y así lo esperamos- será una larga y fructífera avenida de colaboración entre ambas.

Cuando fundamos la Educc, la Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, en 2002 (pronto cumplirá sus primeros diez años), desde ese primer momento nos imaginamos la posibilidad de plantear líneas de cooperación interuniversitaria. Poco tiempo después, cuando una nueva gestión en el rectorado de ambas Universidades habilitó un diálogo más frecuente, una mayor cercanía, aquel esbozo de proyecto comenzó a hacerse más palpable. Recuerdo que la señora rectora de la Universidad Nacional de Córdoba nos contó de los avances en su idea de recrear la editorial de la UNC. Si no me falla la memoria, estábamos en el aeropuerto, esperando la llegada de don Ricardo Lagos, el ex presidente chileno al que ambas Casas habían acordado, en este tiempo de mayor cercanía al que aludo, concederle los respectivos doctorados honoris causa. Me alegró mucho lo avanzado que la profesora Scotto tenía aquel proyecto, y le dije que, de la misma manera que estábamos concretando juntos un acto académico tan importante desde lo simbólico, como el doctorado a don Ricardo Lagos, yo tenía la esperanza de que en breve también pudiéramos publicar libros juntos. Y Carolina Scotto me dijo “no tendrás que esperar mucho, lo haremos más temprano que tarde”.

Entonces yo quiero hacer un reconocimiento a ese camino proyectado y que aquí comienza su andadura, mucho más temprano que tarde. La realización de esa idea común, de esa expectativa común, que con este trabajo –también tan simbólico desde su génesis académica, desde su perspectiva igualitaria y desde esa intervención social en el debate cordobés de su tiempo- se ve concretada. Por eso mis felicitaciones, en las personas de Diego Tatián, director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, y Carla Slek, directora de la Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, por este producto, indispensable para la recuperación de una porción sustantiva de la construcción de la memoria histórica de los procesos políticos locales, y al mismo tiempo un libro que viene a probar que la cooperación interuniversitaria entre nuestras instituciones sólo puede generar contribuciones de calidad, para el aprovechamiento de las respectivas comunidades académicas, pero no solamente, sino también para el entorno social y cultural donde ellas se ubican y al que responsablemente deben atender.

Del libro de Cárcano, con ese título que lo ubica tan claramente en su tiempo (aunque no lo ancla en él), la tesis doctoral defendida en 1884, quisiera remarcar el cuidado de la presentación de esta edición. No solamente es un libro necesario para nuestra contemporaneidad, como acabo de decir, sino que también es un libro bello. Y un libro muy bien armado, pensado –desde la edición- en lectores plurales.

El ensayo introductorio de la profesora Marcela B. González, de unas cuarenta páginas, logra en su brevedad contextualizar pormenorizadamente la situación política y social en la que se dio la lectura y defensa de la tesis de Cárcano, cuya dimensión simbólica –por aquella perspectiva que mencionaba antes desde la cual se presentan los argumentos del contenido- fue determinante para comprender las fuerzas que pugnaban y que resistían el proceso de modernización de las instituciones y de las instancias decisorias de aquella Córdoba de fines del siglo XIX.

El ensayo de Marcela González logra mostrar cómo este documento académico vino a contribuir con la definición de la contienda ideológica que el liberalismo, comprometido en ese momento con el proceso de modernización del Estado y de la vida política, chocaba con un “catolicismo reticente a ese proceso, amparado en la línea política adoptada por las máximas autoridades de la iglesia” a través del magisterio papal.

Aquella vieja y tan tradicional incidencia del clero en la determinación de las líneas directrices de la política cordobesa, una rémora cuasi colonial, que de pronto vio en los postulados argumentativos del jurista Cárcano sobre el tratamiento y las taxonomías civiles a los hijos, el frente donde había que batallar para frenar esas tendencias modernizadoras y mantener, al mismo tiempo, una situación de control y de privilegios que se asumían como derechos adquiridos.

No hay que aguzar demasiado la imaginación para tender líneas comparativas con algunos procesos que nos toca vivir en nuestros días, como el relativamente reciente debate en torno a la aprobación del matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación, y las cartas y comunicaciones giradas a parte de la grey católica por los más altos dignatarios de la iglesia; o también las posiciones que se tensan en estos momentos en relación a una normativa que atienda, en forma particular, a la identidad de género.

Ramón J. Cárcano era un hombre de ideas mesuradas y de una práctica religiosa habitual; pero también era consciente que el escrito que había elucubrado traería cola, lo admite en esta cita: “La cuestión académica se convierte en una lucha política y religiosa, intelectual y social, vigorosa y apasionada, que en el fondo encierra una renovación de ideas y valores personales.”

No se equivocaba. Los postulados de su tesis, este libro, motivó una furibunda pastoral del vicario, monseñor Jerónimo Emiliano Clara. Carta pastoral que, tanto por su tono como por la manifiesta intención de introducir una participación corporativa por fuera de los canales institucionales del funcionamiento político constitucional, terminó empujando un conflicto con el gobierno nacional, que se saldó con el retiro del representante apostólico, y que la representación de la iglesia católica quedara vacante por más de una década. Los pormenores de este contencioso están claramente presentados en la contextualización de Marcela González, que permiten adentrarse en el texto de Cárcano con una luz que ilumina mucho más allá del hecho histórico, y permite trazar –como acabo de decir- líneas comparativas de urgente actualidad con nuestros días.

De igual manera, las “Notas a la reedición de la tesis de Cárcano”, del profesor Juan Marco Vaggione, con que se cierra el volumen, permiten ponderar y visualizar más claramente estas continuidades con dinámicas sociopolíticas contemporáneas. Vaggione se interna, en su breve ensayo, en mostrar las maneras en que el texto de Cárcano puede ser reapropiado por debates actuales en torno a las formas de regular los vínculos afectivos y sexuales, y los pone en evidencia.

Así como González nos ayudaba en las páginas introductorias a entender el contexto histórico en que aparece el texto, Vaggione, al final del mismo nos propone su utilización para echar nuevas luces sobre nuestras actuales discusiones sobre las líneas que cruzan las necesidades y capacidades normativas, los nuevos modos de vivir la sexualidad, y sus relaciones con los imperativos éticos y morales que se deducen de la práctica y prescripción religiosa, concretamente del magisterio de la iglesia católica y de sus dignatarios.

Dice Vaggione que “la distinción entre lo religioso y lo secular, entre la Iglesia y el Estado, es parte del proyecto político de la tesis” de Cárcano, y que “el tema de la relación entre derecho y religión continúa siendo un eje problemático y paradójico en la Argentina contemporánea, desde la restauración democrática.” Coincidimos con él. Y por eso, y por las razone que esgrimía al comienzo, saludamos esta edición, e invitamos a su lectura.

Muchas gracias.

 

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Balas de Carabineros (31 08 11)

Chile: Piñera echa a policías para salvar el Ejecutivo

Excesos en la represión fuerzan al presidente a dialogar con los estudiantes   

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El presidente Sebastián Piñera finalmente ha accedido a abrir un canal directo de diálogo con los representantes estudiantiles, luego de que se comprobara que la bala que mató a un chico de 16 años durante la huelga de la semana pasada fue disparada por un carabinero.

Las conclusiones de la Policía de Investigaciones han provocado un nuevo sismo político en el gobierno trasandino, al confirmar lo que varios testigos venían afirmando desde un primer momento: que al joven Manuel Gutiérrez lo mató, de un balazo en el pecho, un tiro disparado por un carabinero durante un cacerolazo, el viernes pasado, en la segunda jornada de la huelga general.

Esos testigos habían sido desacreditados por el general Sergio Fajardo, segundo jefe de carabineros en Santiago, que negó cualquier responsabilidad de carabineros. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, responsable de la seguridad, respaldó a Fajardo.

Pero las investigaciones balísticas de la policía civil fueron concluyentes: quien disparó fue el suboficial Miguel Millacura con su ametralladora UZI; que limpió su arma luego, repuso nuevas balas, y negó todo.

El gobierno salió de inmediato a echar a los policías implicados, en un intento de frenar la crisis. Millacura fue detenido y la fiscalía lo acusa de homicidio agravado; dio de baja a otros tres oficiales –el coronel Sergio Uribe, y los comisarios que estuvieron a cargo de la represión donde murió el chico Manuel Gutiérrez-, y expulsó al propio general Sergio Fajardo.

El jefe de carabineros, general Eduardo Gordon, también salió a la palestra y pidió perdón públicamente a la familia de la víctima. “Lamentablemente uno de los nuestros incumplió todas las normativas e hizo uso de las armas, y además trató de ocultar información”, señaló Gordon al entregar sus condolencias a la familia del menor.

A pesar de este asunción de responsabilidades, el papel que viene cumpliendo el cuerpo militarizado desde que comenzaron las movilizaciones estudiantiles, hace 90 días, ha generado un creciente malestar contra la fuerza, que gozaba de prestigio y profesionalidad. Los abusos en la represión, denuncias de torturas, carabineros de civil infiltrados en las marchas, y la táctica de fotografiar a los estudiantes en las calles para ficharlos, han generado toda una corriente de opiniones negativas.

Además, no es seguro de que el gobierno de Piñera pueda parar con la purga policial la contaminación de la crisis, como sostuvo la presidenta de la Confederación de Estudiantes, Camila Vallejo, “no basta” con desvincular a los uniformados, sino que “hay una responsabilidad política que se debe asumir”.

La oposición ya ha pedido la renuncia del propio ministro Hinzpeter, quien, además, será analizado hoy en la Cámara de Diputados, por la represión del mes pasado, cuando carabineros cargó con fuerza contra los estudiantes que se disponían a marchar una vez más por las Alamedas de Santiago.

Diálogo, al fin

Tuvo que morir un chico de 16 años para que el presidente conservador chileno aceptara recibir a los estudiantes, que desde hace tres meses vienen reclamando que el gobierno abra una instancia de diálogo para discutir las posibles reformas al sistema educativo.

Sebastián Piñera había mantenido una negativa rotunda, y la misma postura suscribían sus ministros de Educación, Felipe Bulnes, y del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Sin embargo, la persistencia de la lucha estudiantil, el creciente acompañamiento ciudadano a través de los cacerolazos, y el masivo acatamiento de las dos jornadas de paro general convocada por la Central Única de Trabajadores la semana pasada, ha terminado por acorralar al Ejecutivo, que a estas alturas evalúa que recibir a los estudiantes es un costo menor, cuando la continuidad de todo el gobierno puede estar en juego.

Forzado por el hecho de que fue una bala de carabineros la que mató al chico Manuel Gutiérrez, Piñera ha desplazado a su ministro Bulnes y recibirá en persona a los delegados estudiantiles, el próximo sábado, en el palacio de La Moneda.

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En Chile van por más (15 08 11)

Los estudiantes afectan la gobernabilidad de Piñera

La posibilidad de convocatoria ciudadana a un referéndum aparece cada vez más clara

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A pesar de que las movilizaciones que vienen desarrollándose en la capital chilena desde hace diez semanas no dejan de mostrar una aceptación creciente, el gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera volvió a ratificar durante el fin de semana que no dará nuevos pasos para abrir canales de diálogo.

En esa misma postura intransigente, el ministerio de Educación, a cargo de Felipe Bulnes, descartó la introducción de nuevos planes de reforma al sistema educativo trasandino, el centro de la disputa.

En un intento de zanjar dos posiciones que comienzan a no tener ningún punto de contacto, desde el Senado surgió la propuesta de establecer una mesa de diálogo en el ámbito del Poder Legislativo; sin embargo los representantes estudiantiles –en especial la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)- rechazó la iniciativa de los senadores, al entender que la Cámara Alta no es el ámbito idóneo para tratar los temas que competen en exclusiva al Poder Ejecutivo, y que éste ha manifestado su voluntad de no transigir con sus demandas.

Camila Vallejo, la presidenta de la Confech, declaró tras una asamblea de alumnos que el gremio ha decidido no negociar con el gobierno de Piñera, hasta tanto éste no responda a sus reclamos de “instalar una educación pública, gratuita y de calidad”.

Las declaraciones de la dirigente muestran hasta qué punto la escalada de las reivindicaciones ha ido ascendiendo en los propios reclamos: hace dos meses, cuando comenzaron a surgir las primeras marchas, las peticiones de los colectivos juveniles estaban muy lejos de las aspiraciones maximalistas que a estas alturas reclaman.

La falta de reacción de la Administración Piñera, al negarse a ningún tipo de negociación con las organizaciones de estudiantes, fue empujando los reclamos al alza, y el apoyo social –con cacerolazos en las esquinas de los barrios de clase media prácticamente todas las noches- llevó a que los jóvenes ahora exijan un cambio radical de las estructuras educativas heredadas del período dictatorial chileno, o nada.

Los líderes de los jóvenes, tras la multitudinaria asamblea que realizaron a últimas horas de la tarde de ayer en la ciudad de Concepción, a unos 500 kilómetros al Sur de la capital, ratificaron que convocarán a un plebiscito, para que sea la ciudadanía chilena toda la que decida sobre el modelo educativo.

La convocatoria de firmas para llevar adelante la iniciativa civil, en los términos previstos por la Constitución, se motoriza por una página web habilitada especialmente para tal fin, y por las redes sociales; y la cantidad de apoyos recabados en los primeros días de implementado el sitio en Internet es muy sustantivo.

Un referéndum convocado de esta manera no sólo afectaría al tema de la educación, sino a la gestión entera del presidente Sebastián Piñera, que ve cómo el protagonismo juvenil pone límites cada vez más concretos a la gobernabilidad de su Administración.

Mano derecha, y dura

La emergencia de contestación social en Chile tiene pocos elementos en común con la vivida a fines de la semana pasada en Londres, pero sus gobierno –que coinciden en su orientación conservadora- están apelando a los mismos discursos y herramientas para hacer frente a un fenómeno que, en última instancia, sólo podría ser abordado considerando sus más profundas causas sociales.

Por el contrario, la Administración Piñera, como el gobierno “tory” de David Cameron, supone que dándole mayores atribuciones a las fuerzas policiales, y aumentando el grado de represión de las movilizaciones urbanas, podrán capear el temporal.

Los jóvenes chilenos ratificaron el paro nacional de este jueves, y se adherirán a la huelga convocada para el 24 y 25 de agosto.

Y como respuesta, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció que remitirá al parlamento un proyecto destinado a endurecer la legislación sobre desórdenes públicos, y prohibir las “gorras, pañuelos o elementos que cubran el rostro”.

Sólo falta que se le ocurra suspender las redes sociales, como Cameron en Londres.

N. G. S.

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Terco y duro como una pared (12 08 11)

Piñera dice que no cederá, y siguen las movilizaciones

Los estudiantes confirman el paro del 18, y los gremios otro para el 24 de agosto

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El presidente chileno Sebastián Piñera volvió a ratificar ayer la decisión adoptada por su gobierno, de no volver a considerar reformas al sistema educativo trasandino, tal como reclama desde hace nueve semanas un arco amplio de organizaciones juveniles con el apoyo de diversos sectores sociales.

El mandatario cerró la vía de negociación con los manifestantes con una frase rotunda: “nada es gratis en la vida”, sostuvo, haciendo hincapié en el principal reclamo de los colectivos estudiantiles, que promueven el cambio de paradigma de la escolaridad chilena, basado en una educación privada, por un servicio educativo público, laico, gratuito y de calidad.

El jefe del Ejecutivo, por el contrario, ratificó ayer el actual modelo al promulgar la denominada “ley de calidad educativa”, que mantiene sustancialmente la modalidad de instituciones de enseñanza primaria, media y superior, estructuradas originalmente durante el período dictatorial comandado por el general Augusto Pinochet, y que no ha sido cuestionado en sus bases durante las cuatro presidencias de la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile desde la transición democrática hasta el año pasado.

Frente a la ratificación de la política oficial, los estudiantes ya adelantaron que rechazarán la ley recién promulgada, y sostendrán el estado de movilización social en las calles de Santiago y de las principales ciudades chilenas durante las próximas semanas.

Contestando a la crítica de que el gobierno no habilita vías de diálogo con los actores de las protestas, el ministro de Educación de la gestión Piñera, Felipe Bulnes, afirmó en la víspera que está en el ánimo del gobierno conversar con los jóvenes, e inclusive que habría algunos sectores de estudiantes “que consideran que se podría trabajar perfectamente a partir de las 21 medidas (planteadas por el Gobierno) pero vemos que se están imponiendo los sectores más intransigentes”, dijo, cuando los dirigentes estudiantiles anunciaron que no participarán de la mesa convocada por el ministerio de Educación.

Los gremios de profesores tampoco asistirán a esa instancia, por considerar que los 21 puntos de la propuesta oficialista no cambian en nada las estructuras educativas vigentes.

Aumentando el enfrentamiento con el Ejecutivo, la conducción de las asociaciones universitarias confirmó la convocatoria a un paro nacional activo, con renovadas marchas multitudinarias cruzando Santiago, para el próximo 18 de agosto.

A su vez, y demostrando cómo los reclamos juveniles comienzan a involucrar a los demás actores sociales en el clima de protesta a nivel nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a dos jornadas sucesivas de movilización y paro general, para el 24 y 25 de este mes.

Si las huelgas organizadas tuvieran un acatamiento masivo, podrían reunirse las firmas suficientes como para obligar a la convocatoria de un plebiscito. Un referéndum implicaría un duro revés para el gobierno conservador.

Ayer, el presidente volvía a convocar a su gabinete para analizar el avance de la crisis política motorizada por los estudiantes.

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“La mayoría decide”

Tanto la concentración de más de 200.000 personas lograda por los estudiantes universitarios y secundarios chilenos esta semana, como el apoyo de los “cacerolazos” que se repiten en las esquinas de los barrios de clase media noche a noche, han llevado a los movilizados a apostar por la  realización de un referéndum nacional, que junto con influir en el pulso sobre la cuestión educativa, también sería un termómetro para medir la acción general de la presidencia de Sebastián Piñera a mediados de su mandato.

Apostando a los controles democráticos del sistema, los estudiantes han armado una página web para juntar las firmas que constitucionalmente requiere una convocatoria ciudadana para obligar a un plebiscito. El sitio web se denomina “La mayoría decide” (http://www.lamayoriadecide.cl), y durante las primeras horas de funcionamiento ya había acumulado cerca de 18.000 firmas.

Sombras de la dictadura

En medio del debate social que vive el gobierno y la sociedad por el sistema educativo, una de las rémoras del período dictatorial, ayer se conoció el denominado Informe Valech, fruto de la comisión independiente de la verdad, que busca establecer los casos de prisión política, tortura y desapariciones forzadas durante aquel negro período del país vecino.

El informe incorpora 32.000 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en esta nueva versión, que culmina el proceso de búsqueda de datos iniciado en 1990.

Entonces, el Informe Rettig había establecido un total de 2.279 detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura del general Pinochet, y fue presentado en 2005 al presidente Ricardo Lagos. Esta nueva versión será entregada a Sebastián Piñera el próximo 17 de agosto, apenas unas horas antes de que los estudiantes comiencen su paro nacional.

 

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Los dilemas de Sebastián (11 08 11)

Piñera se debate entre la confrontación y el plebiscito

Gestos explícitos de los jóvenes chilenos en sus mensajes al Presidente de la República. Convocan a un gran paro nacional y más movilizaciones

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A pesar de la contundencia de la movilización del martes, que paralizó el centro de la capital chilena con multitudinarias columnas de manifestantes, calculados en unas doscientas mil personas, el presidente Sebastián Piñera parece haber decidido la vía confrontativa en lugar de abrir nuevos espacios de diálogo con los actores de las protestas.

Luego de una reunión con su equipo de gestión, entre los cuales se cuentan algunos dirigentes muy vinculados al período dictatorial chileno, el jefe del Ejecutivo trasandino afirmó ayer que no prevé estudiar ningún punto de los reclamados por los estudiantes movilizados, y que por lo tanto su gobierno no presentará nuevas propuestas para reformar el sistema educativo vigente, que constituye el punto central de los reclamos estudiantiles.

En su lugar, el mandatario insistió en que los jóvenes deben desmovilizarse y “retornar a sus institutos” escolares, donde los invitó a que “consideraran más detenidamente” las 21 medidas presentadas por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, la semana pasada.

“No hay nuevas propuestas, el gobierno ya ha decidido que la que entregó el lunes pasado es suficiente”, declaró el vocero presidencial, Andrés Chadwick, en el casa de gobierno de La Moneda.

La cerrada negativa a un diálogo ampliado, e inclusive el tono desafiante de la postura oficial, provocó de inmediato un recrudecimiento de la acción estudiantil, que en la tarde de ayer planificaba nuevas acciones para los próximos días.

La dirigencia de las organizaciones de estudiantes, especialmente la federación universitaria, ya había rechazado el plan de 21 puntos de la Administración Piñera cuando fue presentada, ya que entiende que de ninguna manera apunta a modificar estructuralmente el sistema educativo, al que achacan de compartimentado, privatizado, de baja calidad y reproductor del statu quo social.

Frente a la postura gubernamental, ayer anunciaban que no volverán a discutir ese documento, y que protestarán con nuevas manifestaciones por el centro de la capital durante el día de hoy.

Asimismo, plantearon una nueva vuelta de tuerca en el enfrentamiento con las autoridades nacionales, al convocar a un paro nacional para el próximo 18 de agosto.

Las mediciones de impacto de los últimos días muestran que los jóvenes movilizados tienen un creciente apoyo en los más diversos sectores, acumulando una aceptación social muy superior a la que disfruta el propio presidente de la República: mientras que 8 de cada 10 chilenos apoya la protesta juvenil, Sebastián Piñera apenas mide un 26 por ciento de imagen positiva, la más baja de un mandatario del período democrático.

Con estos porcentajes a la vista, y empujados por la arrolladora muestra de fuerza de la marcha de esta semana, los líderes de las asociaciones estudiantiles han comenzado a recoger firmas para forzar la celebración de un referéndum, que de prosperar pondría en aprietos toda la gestión del gobierno derechas.

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Chile: Juventud, divino tesoro (10 08 11)

Cien mil estudiantes marchan contra Piñera en Santiago

Las protestas por la reforma educativa llevan a enfrentamientos con la policía

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El gobierno chileno de Sebastián Piñera soporta una inédita contestación social multitudinaria protagonizada por jóvenes estudiantes, que crece a diario tanto en número como en la índole de los reclamos, y hunde más la desprestigiada popularidad del Ejecutivo conservador.

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron en mayo, solicitando una revisión del sistema educativo trasandino, que se estructura en base a compartimentos muy estancos, donde la elección del instituto en el que un alumno inicia los estudios condiciona en gran medida toda la carrera académica, y donde la iniciativa privada –asociada a niveles mediocres de calidad en la prestación del servicio- ocupa un lugar prioritario ante a la enseñanza pública.

Frente a ese esquema, que fue implementado durante el período dictatorial comandado por el general Augusto Pinochet y no ha tenido modificaciones de relevancia durante las cinco presidencias democráticas que le sucedieron, los jóvenes chilenos reivindican en pancartas y consignas el sistema argentino de educación laica, gratuita y de alta calidad, al que tienen como referente.

Pero la forma en que el gobierno reaccionó a estas movilizaciones centradas en el cambio de las modalidades y estructuras de enseñanza, ha llevado a una agudización de la crisis, con un abanico más extenso de reclamos, y con un número diariamente mayor de manifestantes, hasta el pico de la marcha de la víspera, donde la capital fue prácticamente ocupada por una multitud de jóvenes –se calculó una columna de cien mil manifestantes- como no se registraba en Santiago desde las jornadas de la recuperación democrática, hace veinte años.

La reacción juvenil, además, ha sido alimentada por las maneras violentas dispuestas por el gobierno central, que instruyó a los Carabineros (fuerzas de policía con estructura militarizada) que reprimieran las manifestaciones de protesta.

Las fotografías que han circulado por las redes sociales durante los últimos días (los medios de prensa gráfica han atenuado la crónica de las protestas, tanto en Chile como en Argentina) son de una contundencia alarmante, con efectivos de seguridad golpeando, persiguiendo y ejerciendo diversos actos de violencia física contra jóvenes y aún contra niños.

Ante los reclamos de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, el ministro del Interior del gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, respaldó sin fisuras el accionar de los Carabineros, y sostuvo la teoría de que las protestas son alimentadas por “elementos extraños infiltrados” en la asociaciones estudiantiles, cuyos dirigentes han perdido el control.

En la tarde de ayer, luego de la multitudinaria marcha, cuando las columnas comenzaban a desmovilizarse un grupo de unos 200 jóvenes hizo frente a la policía, arrojando piedras desde barricadas hechas con autos incendiados, en una imagen que parecía un reflejo de la que mostraba Londres por las mismas horas: un gobierno que no reacciona, caos, espiral creciente de violencia, y una crisis desbocada que aún no encuentra un cauce.

Protesta de hambre

Las formas en que los jóvenes chilenos van acorralando al gobierno de derechas de Sebastián Piñera no son sólo multitudinarias, sino también originales e ingeniosas.

Las marchan se complementan con “exposiciones” de cartuchos de gas lacrimógeno con que los reprimen los Carabineros, hasta una huelga de hambre que lleva ya tres semanas. 33 estudiantes secundarios llevan más de veinte días de ayuno, y a pesar que la sala donde llevan adelante la protesta fue atacada con bombas de gases lanzadas por los Carabineros, que destrozaron los vidrios de puertas y ventanas, amenazan con profundizarla hacia una “huelga de hambre seca”, que a su edad (tienen entre 16 y 18 años) podría conllevar riesgos de salud.

Las protestas juveniles han logrado despertar la conciencia social chilena, que se ha volcado a apoyarlos. Junto a la estrepitosa caída de la popularidad del presidente (un 26 por ciento, la menor de todo el período democrático), los estudiantes ya acumulan un respaldo del 80 por ciento de la población, que se suma con cacerolazos a sus actos revivindicativos, ante el desconcierto gubernamental.

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tiempo de palos en Santiago (27 07 11)

Vuelve la represión a Chile y detienen a estudiantes

El gobierno de Sebastián Piñera no logra encauzar la movilización juvenil  

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La espiral de marchas y movilizaciones estudiantiles en la capital chilena siguen en ascenso, a pesar de que el gobierno de Sebastián Piñera impulsó recientemente una reforma del gabinete del Poder Ejecutivo, removiendo al cuestionado ministro de Educación, que estaba en la mira de la agitación juvenil, reemplazándolo por Felipe Bulnes.

Sin embargo, el cambio de secretarios de Estado, y las mayores cuotas de poder obtenidas por la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), uno de los socios en la coalición gobernante más cercanos al pasado dictatorial del pinochetismo, lejos de poner paños fríos al conflicto con los estudiantes ha terminado por exacerbar los ánimos.

Los líderes de la movilización juvenil venían sosteniendo que la derechización del gabinete del presidente de la República conduciría a un aumento en la tensión social, y la detención ayer de un grupo de treinta estudiantes que protestaban frente a las oficinas de la delegación chilena del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), volvió a traer a Santiago imágenes de represión social a las manifestaciones callejeras que no se habían vuelto a repetir desde las postrimerías de la dictadura.

Los voceros del movimiento juvenil afirmaron que los Carabineros (una fuerza policial militarizada) “reprimieron en forma excesiva” a los concentrados frente a las dependencias del organismo internacional, golpeando a los chicos, alguno de los cuales tuvo que ser hospitalizado sin conocimiento por la fuerza de la carga represiva.

Precisamente el modelo educativo muy compartimentado, que selecciona con estándares rígidos a colectivos diferentes de alumnos, delega la administración de la educación en los municipios y promueve fuertemente las empresas educativas privadas, es una de las herencias del período autoritario comandado por el general Augusto Pinochet, y contra el cual los estudiantes secundarios y universitarios han iniciado una batalla social de fondo, que está impactando en la gobernabilidad de la administración conservadora de Sebastián Piñera.

La protesta juvenil, además, se ha ido radicalizando durante los últimos dos meses, y a estas alturas los estudiantes ya exigen una educación general, abierta, gratuita, y de calidad para todos, desechando el modelo vigente de múltiples compartimentos y diferentes niveles de calidad al interior del sistema.

Las protestas han confluido en una huelga de hambre colectiva de estudiantes, en un momento en que los poderosos sindicatos de Codelco, la confederación del cobre, evalúan sumarse al paro de La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo y que hoy cumple su sexto día de huelga por reclamos salariales.

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¿Y qué hará Khaddafi? (23 03 11)

MÁS MISILES EN EL ATAQUE LIBIO

La coalición aliada vuelve a atacar Trípoli por cuarto día. Las tropas de Khaddafi resisten en Trípoli y siguen avanzando en ciudades pequeñas. Rusia, China y Brasil exigen un alto el fuego.

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Al entrar en su cuarta jornada, la operación militar sobre Libia denominada “Amanecer de la Odisea” ha comenzado a mostrar divergencias en la conducción de las operaciones sobre el terreno, al tiempo que los analistas debaten sobre las posibilidades de salida de la operación.

Este último punto cobra relevancia frente a la resistencia evidenciada por el régimen del coronel Muhammar el Khaddafi ante el ataque aliado, y los límites de la resolución 1.973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que llama a “tomar todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil libia, pero deja explícitamente fuera de estas posibilidades la invasión terrestre del país.

Con este marco de legalidad internacional, el gobierno de Khaddafi podría resistir desde la ciudad de Trípoli, habilitando una larga contienda de horizontes imprevistos. En cuanto a la conducción de las operaciones, el presidente estadounidense Barack Obama, que ha tenido que asumir la máxima instancia de mando prácticamente a regañadientes, afirmó desde Santiago de Chile que la primera fase de la operación había concluido satisfactoriamente al neutralizar las defensas antiaéreas y, con ello, habilitar una zona de exclusión para la aviación militar del gobierno.

Concluida esta fase, el mandatario norteamericano insiste en traspasar el mando de las operaciones a la plana mayor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los otros dos dirigentes que lideran la coalición contra Khaddafi, el presidente francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron, después de una reticencia inicial que mostró las divergencias en el seno del mando aliado, habrían acordado mantener las riendas de la decisión política pero acceder a la iniciativa de Obama de dejar a la OTAN a cargo de la coordinación, según un comunicado del Elíseo.

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció desde la sede de Bruselas que la organización ha acordado imponer un embargo de armas a Libia, y estudia la imposición de un cierre naval a lo largo de las costas del país norafricano.

Aún así, es discutible la posibilidad de que la Alianza Atlántica pueda ir más allá de acciones de apoyo a la zona de exclusión, dada la importante presencia de Turquía en su seno. El gobierno turco ya ha adelantado su oposición a incrementar las acciones consensuadas en la resolución de la ONU.

El otro componente asociado a la acción contra Khaddafi, la Liga Árabe, que volvió a ratificarle al secretario general Ban ki Moon, en El Cairo, su compromiso con las fuerzas aliadas para mantener la zona de exclusión aérea, también vería comprometido su apoyo si la OTAN queda a cargo del mando en la zona.

Las cancillerías de Brasil, Rusia y China, además, exigieron ayer un “alto el fuego inmediato”, y la apertura de negociaciones diplomáticas con el régimen de Trípoli.

El ministro de Defensa ruso, Anatoly Serdyukov, se reunió en Moscú con su par norteamericano, Robert Gates, ante quien protestó por las bajas civiles causadas por los bombardeos aliados.

Las muertes entre la población de las áreas bombardeadas no ha podido precisarse; fuentes británicas aseguran que los objetivos de los misiles lanzados desde aviones y buques próximos a la costa libia han sido exclusivamente instalaciones militares, pero desde la televisión oficial de Trípoli se ha difundido que al menos 90 personas han muerto, y más de 200 han resultado heridas como consecuencia del fuego occidental.

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