Archivo mensual: julio 2010

Arizona, frontera (menos) caliente (30 07 10)

Arizona, frontera (menos) caliente

por Nelson Gustavo Specchia

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Finalmente, la jueza Susan Bolton lo hizo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la polémica ley SB1070, ya conocida por todos como Ley Arizona, emitió un fallo suspendiendo las medidas tachadas de racistas y xenófobas por una parte importante de la opinión pública, especialmente los miembros de la populosa colectividad latina. La policía no podrá utilizar la figura de “sospecha razonable” (o sea: color de piel y rasgos hispanos) para detener a una persona y encarcelarla si no tuviera la documentación en regla.

El fallo federal constituye un serio revés para la derecha republicana, y un alivio para el presidente Barack Obama, que apeló la constitucionalidad de la Ley Arizona. En todo caso, un alivio momentáneo, porque la norma, aunque atenuada, entró en vigor este jueves 29 de julio, y con ella se habilita un complejo periplo legal: se apelarán las suspensiones de los artículos frenados, mientras que otros 21 estados norteamericanos planean seguir los pasos de Arizona con similares leyes anti-inmigración.

El crítico interés internacional del tema encuentra su justificativo en el cruzamiento de posturas e intereses, que terminarán impactando en el modelo de convivencia social. Porque tanto la iniciativa de la gobernadora Brewer como el fallo de la jueza Bolton tendrán diversas consecuencias indirectas.

En primer lugar, impactarán en la ampliación (o en el recorte) del espacio político que pretenden ocupar los sectores más reactivos del Partido Republicano, encabezados por el movimiento de los “Tea Party”, con el cual hasta las líneas más moderadas (incluyendo al propio senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain) están siendo empujadas a alinearse. También el resultado de este enfrentamiento enviará una señal a la sociedad civil, cuyas organizaciones han revelado una inédita capacidad de organización y movilización en los últimos meses.

Luego, según cuál sea la dirección en que se resuelva el debate, se sentará jurisprudencia sobre las maneras de enfrentar la enorme carpeta de la inmigración en los Estados Unidos, tanto por los gobiernos estaduales como por Washington: Obama es consciente que una norma general sobre migración es imprescindible, pero en esta legislatura se ha quedado sin el suficiente espacio político para negociarla.

Y –last but not the leaste– la discusión sobre cómo enfrentar el tema migratorio influirá en las elecciones legislativas de mediados de mandato, en las que el primer presidente negro de la historia norteamericana se jugará la integración de las cámaras legislativas con las cuales deberá gobernar los próximos dos años. Una integración parlamentaria que, por lo demás, condicionará las posibilidades de Obama para planear una eventual reelección.

En fin, habiendo tantos intereses cruzados, el debate terminará reflejando las maneras en que los norteamericanos se acomodan para enfrentar una sociedad global con creciente movilidad.

EL ESPEJO DE LA INMIGRACIÓN

Estados Unidos es un país de aluvión. El fenómeno inmigratorio ha estado en el centro de la constitución de la sociedad norteamericana, y tanto la simbología como las políticas lo han reconocido permanentemente. La Estatua de la Libertad, obsequiada por Francia en 1886, se ubicó en la desembocadura del río Hudson, para que sea el símbolo de bienvenida: la libertad como recepción, el primer elemento que veían las oleadas de inmigrantes tras el trayecto marítimo desde el Viejo Mundo. Las políticas, por su parte, en todo momento incentivaron la integración de los “nuevos americanos”, reconociendo el rol central de esta fuerza de trabajo en el crecimiento y expansión del producto nacional. Esta situación se mantuvo, con pocos y leves cambios, hasta principios del siglo XXI.

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 marcó un punto de inflexión en un amplio abanico de escenarios, y la inmigración no escapó a ese brusco cambio de tendencias. La instalación del miedo al otro, alentada por las medidas histéricas del presidente George W. Bush, provocó un viraje histórico hacia un aumento en los controles de todo tipo y hacia un cierre social generalizado. Este cambio de ciclo también impactó, con sus notas características propias, en el Sur, donde la larguísima frontera con México ya venía poniendo en evidencia el fin de un esquema de cohabitación entre ambos países.

El desmejoramiento de la sociedad mexicana (desocupación, falta general de oportunidades, aumento de la violencia y la criminalidad, y sostenidos índices de crecimiento demográfico, entre otras), aunado a la diferencia de renta entre las dos riberas del Río Bravo, empujaron una nueva ola de migrantes hacia el norte.

Estos grupos de mexicanos –principalmente, pero también centroamericanos que llegan vía México- que pasan la frontera, tienden a asentarse en los territorios vecinos de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Estados que (como la península de Florida, en el sureste) poseen una importante carga cultural hispánica. Por eso no ha sido casual que en estos estados hiciera eclosión el debate sobre la inmigración legal: como una manera de aumentar el control contra el crimen, según unos; como un discurso seguratista, xenófobo y expulsivo, según sus críticos.

BREWER, PRECURSORA

Arizona, que hoy se coloca en la hora cero de aplicación de la ley anti inmigratoria, marcó la punta. En su territorio se calcula que se han asentado unos 460.000 inmigrantes –casi todos ellos hispanos- sin los documentos de ingreso y permisos de trabajo en regla, de los 12 millones que estarían en esta situación en todo el país.

En Phoenix, la gobernadora Jan Brewer asumió la voz cantante de los sectores más duros dentro de los republicanos, y promulgó en abril pasado la que se anuncia como primera de una larga serie de normativas, especialmente en los estados gobernados por los conservadores. La norma fijaba que la policía tendría la obligación (no sólo la posibilidad) de comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que en apariencia pudiese ser objeto de sospechas de residencia indocumentada, a pleno arbitrio del agente policial. Asimismo, habilitaba a mantener en la cárcel a los sospechosos durante el tiempo que se requiriese para comprobar su documentación.

El criterio tan laxo de la “sospecha razonable” abría la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales. O lo que es lo mismo decir, alimentaba las tendencias racistas de la clase media norteamericana; tendencias de cuya buena salud tenemos lamentables ejemplos a diario.

La promulgación de la Ley Arizona desencadenó una movilización de los colectivos latinos, el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales, la manifestación cotidiana de miles de personas en las afueras del capitolio en Phoenix, las declaraciones de adhesión de funcionarios y de políticos de origen hispano, originales protestas (como la de niños hijos de inmigrantes frente a la Casa Blanca), apelaciones judiciales, y también una marea humana de indocumentados que comenzó a salir de Arizona hacia otros estados fronterizos (se calcula que unos 200.000 se han movido hacia California y Texas, principalmente).

Finalmente, esta efervescencia social obligó a la Administración Obama a tomar la iniciativa. El presidente había incluido el impulso a una ley inmigratoria nacional en su programa de campaña, pero las batallas contra la reforma sanitaria y algunos reveses electorales -como la pérdida del senador por Massachusetts- le insumieron la mayor parte de la legislatura. Optó por presentar una demanda de inconstitucionalidad en el juzgado de Susan Bolton, y acertó.

Comienza ahora una batalla extensa y enredada en los tribunales (seguramente todos apelarán, Brewer, el gobierno, los hispanos), pero no será la arena legal sino la política donde se den las mayores escaramuzas. Obama necesita el voto latino, pero también es plenamente consciente del inmenso apoyo popular que tiene la Ley Arizona y lo que ella supone.

Posiblemente el presidente se arriesgue y presente al Congreso, antes de las elecciones legislativas de mediado de mandato, un proyecto de ley migratoria a nivel nacional. Pero tiene poco tiempo y los números muy justos.

Mientras comienza hoy mismo la campaña electoral, con la Ley Arizona y la suspensión de la jueza Bolton como acicates, la caliente frontera sur se toma un respiro. Apenas un respiro.

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La UNASUR se reune en Quito (29 07 10)

LA UNASUR SE REUNE EN QUITO PARA TRATAR UN PLAN DE PAZ

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El diferendo entre Colombia y Venezuela, único tema de la agenda de los cancilleres

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Los cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) se reunirán la tarde de hoy en la capital ecuatoriana, para avaluar posibilidades de salida al conflicto planteado por el presidente colombiano Álvaro Uribe, en el sentido de que el régimen venezolano de Hugo Chávez cobijaría bases guerrilleras en su territorio, y que llevó a la ruptura de relaciones entre ambos Estados latinoamericanos.

La reunión extraordinaria fue convocada de emergencia por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, a cargo en este momento de la conducción rotatoria de la organización continental.

Correa respondió así a la solicitud de uno de los doce países miembros de la Unasur, Venezuela, y de inmediato todos los cancilleres confirmaron su presencia.

La reunión tiene el conflicto entre los países vecinos como único tema de agenda; los ministros de Exteriores seguramente se abocarán a la “propuesta de paz” que el canciller venezolano Nicolás Maduro ha difundido en una recorrida contrarreloj por los países de la región (estuvo durante algunas horas en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, y ayer la presentó en Lima y en La Paz).

En todo caso, y aunque no han trascendido demasiados detalles de la propuesta de Maduro, el gobierno colombiano ya adelantó su rechazo a la iniciativa; el canciller colombiano Jaime Bermúdez la descartó afirmando que “un verdadero plan de paz arranca por la no intervención en asuntos internos”, con lo que viene a ratificar la postura de su gobierno.

Tras las declaraciones del ministro de Exteriores, el presidente Álvaro Uribe alertó que tal propuesta de paz puede ser una “trampa” frente a la cual es necesario tener cuidado, porque en Colombia la paz ya existe, dijo, y “esta paz nace de mantener una autoridad firme que se sustente en los valores democráticos”.

El foro de la Unasur parece el ámbito propicio para favorecer un acercamiento entre ambos países, especialmente luego que varios de sus miembros (Argentina y Brasil entre ellos) adelantaran posturas mediadoras para superar el diferendo.

Correa tiene la intención de convocar también a una Cumbre de presidentes, pero lo hará seguramente después del 7 de agosto, cuando en la presidencia colombiana ya se encuentre Juan Manuel Santos.

UNASUR “versus” OEA

La OEA no había recibido nunca tantos cuestionamientos como en los últimos tiempos. Su ubicación en Washington y el hecho que EEUU aporte el grueso de su presupuesto, ha llevado a que algunos Estados critiquen el peso relativo de los norteamericanos en la organización continental.

Frente a ella, el rol de los foros alternativos de diálogo subregional es creciente. La reunión de la Unasur en Quito también se inserta en esta disyuntiva, ya que cuestiona, en el fondo, la actitud de la OEA al reunir a su Consejo Permanente, por pedido de Álvaro Uribe, antes de la habitual ronda de consultas a los gobiernos.

La postura de la OEA volvió a reflotar las críticas de parcialidad hacia EEUU y sus aliados, y motivó quejas de algunos Estados miembros ante su secretario general, el chileno José Miguel Insulza.

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La filtración de secretos hace tambalear la guerra afgana (27 07 10)

INMENSAS REPERCUSIONES POR LA DIFUSIÓN DE SECRETOS DE GUERRA

La filtración aumenta la crítica mundial a la intervención en Afganistán

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La masiva filtración de secretos militares destapada esta semana ha generado una ola de repercusiones al interior de la Administración norteamericana, y de los países que integran la coalición de fuerzas que han intervenido en la invasión a Afganistán, que ha llegado a poner en cuestión la propia continuidad de la estrategia aliada en el país asiático.

Los documentos, que descubrieron tratos brutales sobre la población civil, constituyen una inédita difusión de pasos tácticos y evaluaciones internas en unos 91.000 informes militares secretos, y han sido difundidos por tres medios líderes de la prensa escrita, el diario The New York Times, el periódico británico The Guardian, y la revista berlinesa Der Spiegel, a los que llegó por vía de la página web Wikileaks, un sitio de internet que promueve la transparencia.

La Casa Blanca, que reaccionó criticando fuertemente la difusión pública de este tipo de información clasificada, insistió ayer en que a partir de ella aumentará el riesgo de las tropas sobre terreno. Junto a la mayor vulnerabilidad de los soldados, desde Washington se argumenta que las redes antiterroristas, las personas que tanto en Afganistán como en Pakistán cooperan con los agentes de inteligencia y los militares “también podrían estar en peligro”, afirmó el presidente Barack Obama.

Por su parte, en los países aliados la difusión de los informes secretos ha llevado a cuestionar la capacidad de los Estados Unidos para controlar el flujo de la información estratégica para la defensa.

En una primera evaluación de las consecuencias, lo analistas señalan que el material podría reforzar el punto de vista de los oponentes de la guerra, tanto en las sociedades civiles de los países europeos que poseen tropas en Afganistán, como en el Congreso de los Estados Unidos, dado que la percepción generalizada que deja el material difundido es que uno de los conflictos bélicos más prolongados y complejos de la actualidad no tiene una salida clara.

En este sentido, y como uno de los puntos más álgidos de la información clasificada que tomó estado público hace referencia a la supuesta colaboración de parte del ejército paquistaní con las milicias talibanes, el diario The New York Times, uno de los medios que filtró los secretos, afirmó ayer en un editorial que tomó la decisión de publicar el material porque confirma “la imagen del doble juego de Pakistán que se ha estado construyendo durante años”, al tiempo que instó al presidente Obama a  “manejar firmemente” la relación con Islamabad, a cuyo gobierno financia con partidas millonarias destinadas precisamente a combatir el extremismo fundamentalista de los talibanes.

Por su parte, la máxima repartición de defensa norteamericana anunció en la víspera la apertura de una investigación penal sobre la fuente que facilitó los documentos filtrados hacia la web Wikileaks. El Pentágono supone que el analista de inteligencia Bradley Manning, de 22 años, extrajo los informes calificados desde las bases de datos de defensa, y los pasó al sitio de internet, que los publicó el domingo bajo el título de “Diario de la guerra afgana”.

Los documentos abarcan desde enero de 2004 hasta 2010, y detallan nombres, personal, operaciones encubiertas, muertes de civiles de las que nunca se informó públicamente, al tiempo que denuncian la ayuda de los servicios secretos paquistaníes al movimiento talibán.

PETROLEO Y CUENTAS OSCURAS

Otro de los impactos de la filtración de secretos militares de la guerra de Afganistán en la política norteamericana se ha sentido sobre el control del dinero destinado a financiar la guerra y la reconstrucción de los países asiáticos.

Ayer en el Congreso norteamericano se puso en duda la aprobación de un nuevo paquete de 37.000 millones de dólares destinado a Irak y Afganistán, aún no sancionado.

Los propios demócratas afirman que las revelaciones “dejan en claro que no hay solución militar” posible al conflicto. Además, un organismo auditor gubernamental acusó al Pentágono por no poder justificar miles de millones de dólares destinados a Irak.

Cerca del 96 por ciento del presupuesto de cooperación militar se habría desviado: la auditoría sostiene que, de unos 9.000 millones de dólares puestos a disposición del Ejército norteamericano en Irak, 8.700 millones no se encuentran.

El dinero, que provenía de las utilidades de la venta de petróleo y gas iraquí, así como de los bienes confiscados a Saddam Hussein tras el derrocamiento y la invasión de las fuerzas occidentales, revela el grado de corrupción en que se encuentra la reconstrucción del invadido país.

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Explosiva filtración de datos de espías (27 07 10)

EXPLOSIVA FILTRACIÓN DE DATOS SECRETOS SOBRE LA GUERRA AFGANA

Crudas revelaciones sobre los servicios de inteligencia en el conflicto con los talibán

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Una masiva filtración de comunicaciones entre mandos militares y espías ha dado un nuevo giro a la guerra que Washington sostiene con los fundamentalistas afganos, a quienes relaciona con Al Qaeda. Los documentos clasificados descubren brutales impactos en civiles y el escaso apoyo que los habitantes dan a los invasores.

Aún más, revelan la cooperación que los agentes secretos militares del vecino Pakistán mantendrían con los talibanes, étnica y religiosamente próximos.

La masiva filtración de documentos –cerca de 91.000 informes militares secretos- fueron enviados a tres medios líderes de la prensa escrita, en Nueva York, Londres y Berlín, y puestos a disposición por el sitio web Wikileaks, una página de internet que promueve la transparencia. Tanto The New York Times, como el londinense The Guardian, y la revista alemana Der Spiegel, recogieron la información como auténtica y le brindaron una amplia cobertura.

Dado el impacto mediático, el gobierno norteamericano no pudo desconocer la autenticidad de los documentos, aunque se apresuró a condenar su difusión aduciendo que la información contenida en ellos aumenta el riesgo de las tropas involucradas en la guerra.

Este extremo fue descartado por los británicos, principales aliados de los americanos en Afganistán: el canciller del Reino Unido, William Hague, negó que los documentos secretos publicados pongan en peligro a las tropas. En cambio, la información revelada puede impactar gravemente en el respaldo internacional a la acción bélica de los aliados, ya que muestra que para la propia inteligencia norteamericana el conflicto es un fracaso.

Además, que los servicios secretos paquistaníes apoyan a los talibames al tiempo que reciben más de mil millones de dólares anuales para combatirlos; y que los costos para la población civil son de una envergadura muy superior a la admitida hasta hoy por Washington.

Esta faceta es la que ocupa mayor espacio en los medios que difundieron la filtración. El londinense The Guardian tituló que los documentos revelan “la verdad de la ocupación”, y afirma que “cientos de civiles fueron asesinados por las tropas de la coalición”, al tiempo que acusa a los Estados Unidos de “esconder las pruebas”.

Las Naciones Unidas (ONU) computan en 2.412 los civiles muertos en Afganistán en 2009, y organizaciones humanitarias cifran en 1.074 las víctimas en el primer semestre de este año.

Las muertes de civiles causadas por las tropas internacionales son motivo de gran fricción con el gobierno provisional afgano de Hamid Karzai, que ayer volvió a acusar a la OTAN de “asesinar a 52 civiles inocentes” mediante un misil que estalló en el poblado de Rigi, en el sur de Afganistán.

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ADIOS JAMES BOND, ADIOS

En la era de la información, James Bond es un anacronismo.

La guerra afgana, un pantano de arena donde Occidente está entrampado hace una década, y que ha insumido el presupuesto militar más voluminoso de la historia (sólo superado por la segunda guerra mundial), ha venido a confirmarlo.

La mayor filtración de datos secretos nunca vista ocurre al mismo tiempo que se difunde la esquizofrénica multiplicación de agencias de seguridad dentro de los Estados Unidos: de cada 400 norteamericanos, uno es un espía.

Pero en la era de internet, cuando todo es comunicación y todos estamos hiperconectados, mantener un secreto se hace cada vez más difícil.

Las estrategias militares están a la vista del público consumidor: o las trasmite CNN en directo, o Wikileaks las encuentra y se las muestra a todo el mundo. Los agentes secretos, como los dinosaurios, se convertirán en palomas. Y en gallinas.

N. G. S.

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UNASUR mediará entre Colombia y Venezuela (26 07 10)

LA UNASUR SE PREPARA PARA MEDIAR ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

Rafael Correa y Néstor Kirchner gestionan para enfriar una nueva espiral belicista

En un intento por frenar la nueva escalada de tensión desatada entre Colombia y Venezuela, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se apresta a interceder en un diferendo que aumenta el riesgo de decantar hacia un conflicto armado.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, que ejerce la conducción pro témpore de la organización continental, aseguró que mediará en el conflicto, “trataré de poner nuestros buenos oficios”, declaró.

También el ex presidente argentino Néstor Kirchner, en su carácter de secretario general de la Unasur, afirmó el pasado viernes que viajará a Caracas y Bogotá a principios de agosto para mediar entre ambos mandatarios.

Varios analistas interpretan la actual crisis como un movimiento del presidente colombiano Álvaro Uribe para condicionar la política exterior de su sucesor, Juan Manuel Santos, que se ha abstenido de respaldar las denuncias.

El largo pulso diplomático que el conservador Uribe ha mantenido con Chávez se agravó la semana pasada, cuando Bogotá afirmó poseer “evidencias” de la presencia de 1.500 guerrilleros de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Luego, Uribe solicitó la urgente reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “aportar las pruebas documentales” de la supuesta existencia de tales bases.

El gobierno de Chávez negó rotundamente la versión, y el venezolano canceló su asistencia a la ceremonia de investidura de Santos, terminando de golpe con el tibio intento de acercamiento que el presidente electo había comenzado.

Por el contrario, el jueves pasado Caracas rompió las relaciones diplomáticas, y movilizó efectivos del ejército hacia la frontera colombiana.

Hugo Chávez afirma que la maniobra de Uribe busca crear un pretexto que justifique una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En la reunión del Consejo de la OEA, el embajador de Colombia pidió “que se constituya una comisión internacional de verificación con todos los Estados presentes en la OEA” para ir a comprobar los supuestos asentamientos; Venezuela rechazó la solicitud, afirmó que no autorizaría tal inspección en su suelo, y criticó la utilización del foro de la organización continental como arma política por parte del gobierno colombiano.

Teniendo en cuenta la influencia del Departamento de Estado norteamericano en el accionar de la OEA, Venezuela apeló a la mediación de la Unasur, y Rafael Correa confirmó que los cancilleres de los países miembros de la asociación sudamericana se reunirán el próximo jueves en Quito, en un encuentro de emergencia, para proponer un camino de mediación que supere el contencioso y restablezca las relaciones entre Venezuela y Colombia tras la asunción del nuevo ejecutivo presidido por Juan Manuel Santos.

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URIBE: DESPEDIDA CON MALAS NOTICIAS

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Álvaro Uribe ha llevado las relaciones con Venezuela a un punto de tensión que haría viable una respuesta militar. Chávez dijo ayer que “la posibilidad de una agresión armada tiene hoy una probabilidad como nunca la tuvo”.

Esta postura de línea dura debería ratificar la estrategia llevada adelante por su gobierno, sin embargo algunas noticias apuntan precisamente en sentido contrario, debilitando las líneas centrales de esa estrategia.

Una delegación de la Unión Europea, encabezada por seis eurodiputados, certificó ayer la existencia de una fosa común con 2.000 cadáveres no identificados, presuntas víctimas de los paramilitares en la avanzada gubernamental contra las guerrillas.

Al mismo tiempo, un juez de la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional el acuerdo que permite a Estados Unidos usar siete bases militares colombianas, ya que el tratado debería ser aprobado por el Congreso. Si la Corte admite la ponencia del juez, el acuerdo que generó malestar en la mayor parte de los países de la Unasur quedaría sin validez jurídica alguna.

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Kosovo, legitimado (23 07 10)

Kosovo, legitimado

por Nelson Gustavo Specchia

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia de la aún incipiente legalidad mundial, acaba de emitir su fallo, su juicio sobre la secesión de la provincia de Kosovo, que se desgajara el 17 de febrero de 2008 del Estado de Serbia, generando un nuevo país con las fronteras dibujadas según las diferencias étnicas y religiosas.

Por entonces, escribimos que el plan norteamericano de secesión de los serbios kosovares nos parecía políticamente imprudente y jurídicamente violatorio de la legalidad internacional. Creíamos –y seguimos creyendo- que estas maneras autoritarias de “cortar por lo sano” en los conflictos étnicos o raciales al interior de los países no aseguran la estabilidad ni la paz en el mediano plazo. También reflexionábamos entonces que permitir la declaración unilateral de la independencia de Kosovo podía actuar de disparador de otras reivindicaciones secesionistas en el mundo, desde el País Vasco a Abjazia, desde el Kurdistán a Osetia del Sur. Acaso no sea tan desquiciado pensar –escribíamos- en una argumentación, en el futuro, de los malvinenses en ese mismo sentido.

Pocos meses después que Kosovo declarara su independencia, creando un nuevo Estado étnico en los Balcanes, y del inmediato reconocimiento de Washington y de la mayoría de sus aliados, la Rusia de Vladimir Putin y Dimitri Medvédev invadía Osetia del Sur, sumergiendo al Cáucaso en una guerra para proteger –también con criterios de etnia y raza- a una provincia culturalmente diferente del Estado de Georgia. “Si ustedes lo hacen con Kosovo –decía el presidente Medvédev- ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo con Osetia?”, al tiempo que pedía el reconocimiento de la comunidad internacional para el nuevo país bajo su protección. Daniel Ortega, de Nicaragua, y Mahmmoud Ahmadinejad, de la República Islámica de Irán, se apresuraron a emitir los correspondientes reconocimientos diplomáticos para Osetia.

Aún así, Kosovo seguía siendo un precedente impuesto por la fuerza y el “poder duro” de la potencia militar norteamericana, no lo respaldaba la legalidad. Hasta esta semana, en que el máximo organismo judicial de las Naciones Unidas ha fallado: Kosovo no violó el derecho internacional público, su independencia se ajusta a la legalidad a la que ha llegado el mundo de nuestros días.

Los efectos legitimantes de esta sentencia no se limitarán a los estrechos límites geográficos de la ex provincia serbia, sino que dispararán una serie de reivindicaciones nacionalistas en todas las latitudes, cuyos efectos no es fácil calcular.

DE LA GUERRA A LA INDEPENDENCIA

En definitiva, lo que viene a decir la Corte de Justicia de la ONU es que, frente a la alternativa de una guerra –que en el caso de los Balcanes se acercó al genocidio- es preferible separar jurídica y políticamente los territorios, creando nuevas entidades soberanas. Pero más allá de la argumentación jurídica, el fondo de la cuestión es extremadamente preocupante, porque niega la política como vehiculización y armonización de las diferencias en el seno de una misma sociedad. Y porque reinstala el conflicto en potencia, ya que empuja a la coexistencia –en obligada vecindad- de dos países soberanos que necesariamente se profesarán enemistad mutua. O sea, crea enemigos, y en el largo plazo aumenta la inestabilidad de una zona ya estructuralmente frágil.

Un escenario de extrema fragilidad que viene, como tantas situaciones políticamente sui generis, del desmembramiento del borde oriental europeo tras la caída de la Unión Soviética. Yugoslavia, un mosaico de nacionalidades que habían sido unificadas por las brigadas patrióticas de Josip Broz, conocido como el mariscal Tito, tras las luchas contra los ejércitos invasores del Eje durante la segunda Guerra Mundial. Tito mantuvo unida Yugoslavia hasta su muerte, en 1980, pero la reunión de pueblos cultural y religiosamente enfrentados no pudo permanecer unida tras la debacle soviética. Por las grietas abiertas se coló el ultranacionalismo, y comenzaron las guerras internas y las limpiezas étnicas.

Cuando la Unión Europea reaccionó –tarde y mal- y las tropas de la OTAN fueron a frenar lo que ya derivaba rápidamente hacia un genocidio racial, la ONU dictó la resolución 1.244, con la que puso fin a la guerra en 1999, y por la cual se garantizó la integridad de la República Federal de Yugoslavia, con capital en Belgrado. En esta entidad política, la provincia de Kosovo hace parte integrante. Sin embargo, el fallo de la CIJ reinterpreta este corpus jurídico, y según la sentencia leída ayer por su presidente, el juez japonés Hisashi Owada, Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectaran a su orden legal, porque esta vía era la única forma de pacificar la región. La Corte aduce, además, que cuando en 2006 se independizó Montenegro, y fue aceptado como país soberano por la comunidad internacional, la República Federal de Yugoslavia dejó de facto de existir, por lo que los kosovares podían hacer otro tanto.

HERMANOS, VECINOS, ENEMIGOS

La región de Kosovo está poblada, en un 90 por ciento, por integrantes de la colectividad albanesa, que reivindica su diferencia y especificidad étnica, y aduce haber sido objeto del ataque y la agresión (también por reivindicaciones étnicas) de las fuerzas serbias comandadas por Slobodan Milosevic; agresión que se saldó con aproximadamente 300.000 muertos. Con ese antecedente, aducen, es imposible reconocer ninguna autoridad serbia en este territorio, y la independencia es la única posibilidad de vida en libertad. (No dicen qué harán con la población kosovar étnicamente serbia, que se asienta principalmente en el norte de la provincia). El delegado especial de la ONU para la pacificación de la región, el finlandés Martii Ahtisaari, tras años en la zona adhirió a la postura albanokosovar: recomendó la secesión de Kosovo, y ese mismo año de 2008 le dieron el premio Nobel de la Paz.

Pero Serbia no cree que con este camino se vaya a cimentar la paz entre ambos territorios, entre ambos colectivos sociales, y –mañana- entre ambos ejércitos. Por eso acudió a la Corte Internacional tras la declaración unilateral de la independencia fogoneada por los Estados Unidos, y denunció que Kosovo es una “parte inalienable de su territorio”; aún más: “el alma misma de la patria” (en esta tierra se dio la batalla de 1389 contra el invasor otomano, que está en el corazón nacionalista de la historia serbia). No es menor, tampoco, la proliferación de monasterios cristianos ortodoxos en Kosovo, defendidos férreamente por los serbios como parte de su cultura, frente a la adhesión musulmana de los albanokosovares.

A pesar de que fue Serbia la que llevó el caso a la Corte Internacional, tras conocerse el fallo ha reafirmado que “nunca” reconocerá la secesión kosovar, y que el diferendo debe buscarse dentro de los límites serbios. O sea, tal como había previsto la propia resolución 1.244 de la ONU con que se terminó la guerra.

DERECHO Y POLÍTICA

El derecho internacional público es aún una endeble creatura, a la que hay que cuidar mucho, y cuyo poder legitimante en el concierto mundial debe ser un bien preciado y de uso cauteloso por parte de los Estados. Cuanto más grandes y poderosos, mayor responsabilidad les cabe en ello. El hecho de que no exista una autoridad policial global que intervenga coercitivamente en el aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones judiciales transnacionales, hace que el respeto a la capacidad simbólica de declarar la legalidad o no de los hechos bajo su consideración aumente en gran medida.

Por ello, la utilización política de la Corte Internacional de Justicia sería una pésima noticia para todos. Sin embargo el fallo conocido este jueves 22 de julio de 2010 tiene las mismas líneas divisorias de los países que –por sus propios motivos e intereses- apoyan o no la independencia de Kosovo.

La sentencia contó con 9 votos a favor y 5 votos en contra, de los 14 jueces que conforman la Corte. A pedido de los Estados Unidos, 69 países ya han reconocido a Kosovo como un Estado independiente. Entre ellos, claro, y encabezados por Gran Bretaña, se cuentan todos los aliados y amigos de la potencia norteamericana. Pero de los 192 países que integran las Naciones Unidas, 123 no han reconocido la independencia de Kosovo; encabezados por Rusia, también China e India –e inclusive algún europeo, como España- apoyan la postura de Serbia. Y esta misma línea divisoria entre aliados y adversarios internacionales se expresó en los votos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia.

Fallo también significa error, y el máximo tribunal de las Naciones Unidas ha cometido un error con su fallo politizado. Legitimar un Kosovo unilateralmente independiente y soberano no traerá más paz, pero sí aceitará más los canales por los que se expresa el ultranacionalismo racial, étnico o religioso de cualquier pelaje.
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Colombia pide a la OEA inspeccionar Venezuela (23 07 10)

COLOMBIA PIDE UNA MISION DE LA OEA PARA INSPECCIONAR VENEZUELA

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Chávez tilda de “circo mediático” las supuestas pruebas de presencia guerrillera

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Apenas quince días separan la asunción del nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de la embestida diplomática que el actual primer mandatario, Álvaro Uribe, ha dirigido contra el vecino gobierno venezolano de Hugo Chávez en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Luego de hacer públicas unas imágenes de video según las cuales se probaría la existencia de bases militares de la guerrilla, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), asentadas en territorio venezolano, Uribe solicitó la urgente reunión del Consejo Permanente de la OEA para “aportar las pruebas documentales” de la existencia de las bases y de la permisibilidad de Venezuela con los insurgentes.

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La versión fue rotundamente negada por Chávez, que canceló su asistencia a la ceremonia de investidura de Santos el 7 de agosto en repudio a lo que considera un hostigamiento del país vecino.

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Caracas, además, mantiene congeladas las relaciones desde mediados del año pasado, como respuesta al acuerdo militar entre Bogotá y Washington que el mandatario venezolano ve como una amenaza a su soberanía.

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La reunión del Consejo de la OEA estuvo a punto de no realizarse, e inclusive obligó a la renuncia de su presidente pro tempore, el embajador ecuatoriano Francisco Proaño. Reunido finalmente en la víspera, el embajador de Colombia ante la organización, Luis Alfonso Hoyos, presentó las que su gobierno considera “pruebas documentales” de la presencia de líderes de las FARC y del ELN en Venezuela, y pidió “que se constituya una comisión internacional de verificación con todos los Estados presentes en la OEA” para ir a comprobar estos 87 asentamientos, de los que ofreció las coordenadas exactas, todas correspondientes a la geografía venezolana.

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Al mismo tiempo, Hoyos se dirigió al gobierno de Chávez y le solicitó formalmente que Venezuela enfrente y persiga a los cerca de 1.500 guerrilleros de las FARC que residirían en el país vecino, y que “los entregue para que sean juzgados”.

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La decisión del gobierno de Álvaro Uribe descalabra el proceso de acercamiento que había iniciado el nuevo presidente electo para descongelar las relaciones entre Colombia y Venezuela.

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RAFAEL CORREA, PIEZA CLAVE

El presidente ecuatoriano Rafael Correa puede constituirse en una pieza central para reencauzar el enrarecido clima en la región.

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A pesar de que el conservador Álvaro Uribe parece haber elegido el contencioso con Hugo Chávez como una manera de condicionar políticamente al ejecutivo de su sucesor, Juan Manuel Santos, la postura de Correa se ha mostrado como conciliadora y de buena voluntad para acercar posiciones.

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El ecuatoriano se opuso a utilizar la OEA para ventilar la denuncia de Uribe, pero al mismo tiempo confirmó su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de Santos. La futura canciller colombiana, María Ángela Holguín, realizó una visita de cortesía a Quito, y le entregó una esquela personal del presidente electo. “Con todo gusto asistiremos”, respondió Correa, lo que permite calcular que hay una voluntad política de mejoría por ambas partes, y esa voluntad puede trasladarse a la relación con Chávez, muy cercano al ecuatoriano.

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Uribe utiliza a la OEA contra Chávez (22 07 10)

SE COMPLICA LA RELACIÓN ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA EN LA OEA

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El nuevo diferendo enturbia la asunción del presidente Juan Manuel Santos

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Las tensas relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela se han enrarecido a menos de tres semanas del recambio de autoridades, y cuando el presidente electo, Juan Manuel Santos, había comenzado un proceso de acercamiento con el gobierno del comandante Hugo Chávez.

En una inesperada acción (que ha sido leída por algunos analistas como una señal hacia su propio sucesor), el presidente Álvaro Uribe mostró a la prensa fotos y videos que probarían el asentamiento de campamentos guerrilleros de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

Chávez lo negó categóricamente y anunció que desistía de acudir a la ceremonia de investidura de Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto. La presencia del venezolano era considerada una señal de buena voluntad para reencauzar las relaciones bilaterales.

Uribe, sin embargo, convocó a una sesión de urgencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “aportar las pruebas” de la hospitalidad venezolana con los líderes guerrilleros.

La OEA, por reglamento interno, debe acceder a una petición de este tipo de uno de sus Estados miembros, pero el presidente de turno del Consejo, el embajador ecuatoriano Francisco Proaño, se vio en la disyuntiva de atender al reglamento u obedecer las directivas de su gobierno; el presidente Rafael Correa se opone a reunir al Consejo de la OEA para hacer lugar a la postura de Álvaro Uribe.

Proaño ha terminado renunciando en la víspera, lo que trae aún mayor complejidad al diferendo entre los dos Estados vecinos de Sudamérica.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa propone una vía alternativa a la OEA, como sería la realización de consultas con los demás países latinoamericanos para enfrentar el tema de los diferendos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia.

Amén de esta iniciativa por fuera de la organización continental, tras la renuncia de Proaño la OEA aprobó ayer la convocatoria     a la reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, prevista para hoy, accediendo de esta manera a la solicitud de Álvaro Uribe.

LA VERSIÓN DE URIBE

El presidente colombiano Álvaro Uribe no parece dispuesto a abandonar el poder sin dejar sentado el “éxito” de su gobierno en la lucha contra las guerrillas de las FARC, así como la “notable disminución” de la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos que registró su Administración durante los dos períodos que lo tuvieron al frente del ejecutivo.

“De acuerdo con la Procuraduría, en la actualidad se presenta la menor cantidad de quejas en materia de derechos humanos de los últimos 15 años”, remarcó Uribe al abrir ayer las sesiones del Congreso colombiano.

El exitista discurso del líder conservador, sin embargo, se contradice con los datos ofrecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que el propio Uribe recurre como instancia “confiable” en su diferendo con Venezuela.

La OEA ubica a Colombia como el segundo país con más desplazados en el mundo (entre Sudán e Irak), al tiempo que muestra su preocupación por el denso tema de los asesinatos selectivos.

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The Washington Post: “nadie sabe cuántos espías hay” (21 07 10)

Estados Unidos

LA PRENSA NORTEAMERICANA DESTAPA EL TEMA DE LA SEGURIDAD INTERNA

Inmensas repercusiones políticas del informe sobre los servicios secretos

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El influyente diario estadounidense The Washington Post lo volvió a hacer, como en 1979 -cuando una investigación surgida de su sala de redacción se convirtió en el caso “Watergate” y le costó la renuncia al presidente Richard Nixon- una nueva revelación esta semana ha conmocionado la vida política.

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Luego de reunir datos durante dos años, el diario concluye que la multiplicación de los servicios de seguridad ha terminado escapando al propio control oficial, al punto que hoy “nadie sabe bien cuántos son, para qué sirven, cuánto cuestan ni qué hacen”.

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El informe es lapidario, especialmente cuando se cruza con los datos económicos sobre el presunto coste de esta superposición de reparticiones secretas en un momento de pico de crisis económica y, aún más inaudito, cuando se hace evidente que el crecimiento exponencial de agentes secretos desde 2001 no ha se ha traducido en un aumento efectivo de la seguridad interna de los Estados Unidos.

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Inmediatamente el informe presentado por el “Post” ha provocado diversas reacciones en todo el arco político nacional, y ha sido citado por los principales medios de comunicación del mundo.

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En la víspera, además, se hizo público un informe parlamentario, donde el Congreso de los Estados Unidos admite que la “guerra contra el terrorismo” –declarada por el presidente republicano George W. Bush y que ha permanecido sin cambios desde entonces- le va costando a los contribuyentes 1.15 billones de dólares, convirtiéndose en la intervención norteamericana más cara de su historia, sólo superada por los costos de la Segunda Guerra Mundial.

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En este marco, la investigación del gran diario independiente logra traducir la sensación de descontrol que el miedo gubernamental ha provocado en la estrategia de defensa interior.

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Los Estados Unidos, a pesar de haber intervenido en prácticamente todos los conflictos bélicos importantes en la segunda mitad del siglo XX, nunca habían sido atacados en su propio territorio continental hasta los atentados de 2001, y la reacción frente a esta novedad puede estar en el anarco crecimiento de dependencias secretas, que han venido a sumarse y solaparse a la tradicional Agencia Nacional de Inteligencia (CIA, por sus siglas en Inglés), con sede en Langley, sin que se sepa siquiera de quién dependen.

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Hoy, según el reporte difundido, de cada 400 ciudadanos estadounidenses uno es un agente secreto. Más allá de la dudosa eficacia de esta proliferación, como quedó en evidencia por los errores ante el intento de hacer estallar un avión a fines del año pasado (que falló por culpa del terrorista pero no por los controles de seguridad), lo que en realidad se evidencia es que el gobierno ha logrado trasmitir hacia la sociedad un sentimiento de “obsesión” con el tema, se afirma en las conclusiones de la investigación.

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Según el diario, hoy existirían 1271 oficinas oficiales encargadas de luchar contra el terrorismo, a las que se suman otras 1931 oficinas privadas. Aún están por verse las consecuencias de tamaña revelación.

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L’Oréal: comienzan los juicios (20 07 10)

Francia

EL ESCÁNDALO L’ÓRÉAL COMIENZA A VENTILARSE EN LA JUSTICIA

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Convocan a declarar al ministro Woerth, ex tesorero del partido oficialista,

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El “caso L’Oréal”, ya el centro de la crisis política más importante del gobierno de Nicolás Sarkozy, finalmente llegó a las instancias judiciales.

La semana pasada fue detenido Patrice de Maistre, el administrador de la inmensa fortuna de la heredera de las empresas L’Oréal, Liliane Bettencourt.

También fue puesto a disposición de los tribunales el fotógrafo amigo de la millonaria, François-Marie Banier, a quien la hija de la señora Bettencourt acusa de abusar de la debilidad de la anciana para hacerse con parte de su fortuna.

En medio de esta disputa familiar comenzaron a destaparse posibles delitos al fisco y presuntas irregularidades en materia de financiamiento ilegal a los partidos políticos, que involucran a altas personalidades del partido conservador Unión para un Movimiento Popular (UMP) actualmente en el gobierno y a varios de sus máximos representantes, incluyendo al propio presidente de la República.

El nexo entre Bettencourt y la UMP sería el actual ministro de Trabajo, Eric Woerth, que también se desempeñaba como tesorero del partido en las últimas elecciones presidenciales, en 2007, que llevaron a Sarkozy al Elíseo.

Hasta que estalló el escándalo L’Oréal, hace cuatro semanas, la esposa del ministro Woerth trabajaba en las oficinas administrativas de la empresa, y todo hace suponer que tenía conocimiento de los ilícitos que han tomado estado público.

En la declaración tras su detención por la policía, además, el administrador Patrice de Maistre sostuvo que Woerth había influido en la empresa para que le diesen el empleo a su esposa, por lo que Florence Woerth fue contratada por un sueldo anual de unos de 300.000 dólares y con acceso a información confidencial sobre los movimientos fiscales de L’Oréal, cuyo contralor a nivel nacional tenía por entonces a su cargo su esposo como ministro de Presupuestos.

Eric Woerth negó ayer que haya conseguido un trabajo para su esposa, “nunca he intercedido por el puesto de mi mujer”, aseguró a la prensa a la salida de tribunales.

Sin embargo, las sospechas sobre la posibilidad de que Woerth haya encubierto la evasión de impuestos de Madame Bettencourt a cambio de recibir suculentas donaciones ilegales para el partido gubernamental se hacen cada vez más sólidas.

OTRA VEZ FUEGO EN LA “BANLIEUE”

La “banlieue”, los suburbios de las grandes urbes francesas, son ciudades dentro de las ciudades donde se hacinan los inmigrantes que llegan sin pausa desde las ex colonias, especialmente las africanas. Es el sitio del descontento y el ángulo de mayor fricción social: el enemigo, aquí, es la policía. En 2005, dos muertes por el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad incendiaron la “banlieue” parisina. Esta semana ha estallado Grenoble tras la muerte de Karim Boudouda, de 27 años, tez cobriza y obvios rasgos magrebíes, mientras era perseguido por la policía. Como hace cinco años, docenas de coches han sido pasto del fuego, junto a comercios, bibliotecas, colegios y centros vecinales. En 2005 el ministro del Interior llamó “racaille” (negros de porquería) a los alzados. El ministro se llamaba Nicolás Sarkozy, hoy es presidente de la República y continúa sin un plan de integración para esos jóvenes de tez cobriza, que se siguen sintiendo franceses de segunda.

N. G. S.