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¿Vuelve el PRI a México? (08 07 11)

¿Vuelve el PRI a México?

por Nelson Gustavo Specchia

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Las elecciones del domingo pasado, en tres estados de México, vinieron a corroborar una tendencia que se presenta sostenida en los últimos años: el paulatino –pero sólido- regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las máximas instancias de gobierno. Un fenómeno político fascinante y complejo, que permite comprender muchas de las variables que cruzan el escenario del gigante país latino de Norteamérica, y que al mismo tiempo ofrece una perspectiva del futuro de mediano plazo mexicano. Porque si el PRI, que modeló la vida institucional desde la revolución, ha incorporado en esta década fuera del poder elementos modernizantes y democratizadores en sus estructuras internas y en sus líneas programáticas, su regreso al gobierno supondrá un avance cualitativo para la sociedad mexicana, que no tardará, también, en impactar en este nuevo tiempo de concierto y entendimiento regional latinoamericano. Si, por el contrario, el retorno de la vieja agrupación revolucionaria implica una vuelta al histórico clientelismo y a la identificación del partido con el Estado, que fue la deriva que sufrió el PRI tras setenta años en el uso exclusivo del poder, la democracia mexicana habrá dado varios pasos atrás, y esos pasos también impactarán –aunque de una manera negativa- en el contexto regional.

En las elecciones de este domingo el PRI arrasó, en lo que se presenta como un testeo del clima electoral nacional, aunque estuvieran reducidas a tres provincias: el estado de México (numéricamente el más importante del país); Coahuila y Nayarit, de menor relevancia. Pero en estos distritos ha vuelto a evidenciarse el sostenido crecimiento del viejo priísmo, que viene tomando forma al mismo tiempo –y casi con la misma velocidad- en que la imagen del actual presidente, Felipe Calderón, y del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), caen estrepitosamente y sin perspectivas de detener esa caída en algún momento.

EL HIJO PRÓDIGO

Durante casi un siglo, el PRI fue la forma de la política desde California a Guatemala. Al final de las luchas y los enfrentamientos civiles de la Revolución Mexicana –una de las grandes revoluciones mundiales del siglo XX, junto a la bolchevique y a la china- los líderes guerrilleros zapatistas y los intelectuales afines a ellos decidieron consolidar una agrupación política que impusiera la paz, gestionara las estrategias de desarrollo, y asegurara la distribución de las riquezas de ese Estado naciente. Esa decisión, sin embargo, se encontró con unas condiciones de pauperización y atomización social, caciquismos locales y debilidades educativas que dificultarían el establecimiento de un sistema participativo y democrático formal en términos occidentales y modernos. Esa élite, por ello, fue creando una vía propia, por la que se aseguraban derechos sociales y económicos, aunque se resignaban derechos políticos. Una democracia social de partido único. Y el instrumento de esa idea fue el Partido Revolucionario Institucional, que como su propio nombre lo indicaba, era la utopía de afianzar de forma permanente (o sea, institucionalizar) un fenómeno político que por definición es momentáneo y fugaz (la emergencia revolucionaria).

En definitiva, tras lograr la paz social, en 1929 el PRI se hizo cargo del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y se mantuvo en el poder hasta el año 2000. En un período tan largo, y sin una oposición real, el ejercicio –pero también el goce- del poder fueron minando las estructuras y los programas originariamente socialistas, y por esas grietas comenzó a filtrarse la corrupción, como en cualquier modelo totalitario. La lucha política no se daba en las instancias públicas, sino al interior del propio partido: al estar identificado con el Estado, ganar las internas partidarias implicaba, necesariamente, asegurarse la conducción del país. Al no estar controladas por los resortes constitucionales, estas disputas por el poder fueron haciéndose cada vez más violentas, e inclusive llegaron al asesinato de candidatos a la presidencia, ya para entonces demasiado parecida a un trono monárquico.

Además, la combinación entre partido único, luchas intestinas y corrupción, fue creando una clase social propia, integrada por la élite priísta, los caciques gremiales insertos en la estructura del Estado, y los altos funcionarios, que –al no haber recambios de administraciones- permanecían en ejercicio durante toda la vida. Y la distribución de favores y prebendas, junto a ciertas debilidades en las políticas macroeconómicas de desarrollo regional, y al crecimiento del narcotráfico, fueron abriendo una brecha entre los “dos Méxicos”. Y la brecha terminó con el dominio hegemónico del PRI en el año 2000.

FRACASO DE LA DERECHA         

Esa dualidad al interior social de un país inmenso se puso en evidencia, precisamente, en las últimas elecciones presidenciales. México es uno de los países más grandes del mundo, un gigante de dos millones de kilómetros cuadrados y con más de 112 millones de habitantes. Y en esta ingente masa de votantes, desde que el PRI fue desbancado por el “charro” Vicente Fox, los principales candidatos a la presidencia apenas logran diferencias de unos doscientos mil votos entre ellos. Dos mitades prácticamente idénticas, pero también antagónicas.

La derecha católica del PAN logró terminar con la hegemonía que el PRI había detentado durante 70 años, pero después de esa hazaña, prácticamente no hubo nada más. Para recuperar un tanto la iniciativa política, y para revalidar una presidencia muy cuestionada en su origen (apenas medio punto de ventaja sobre el candidato de la izquierda del PRD, Andrés Manuel López Obrador, que denunció el fraude), cuando Felipe Calderón reemplazó a Vicente Fox, decidió aumentar su legitimidad declarando la guerra al narcotráfico.

Enfrentar a los carteles de la droga, que utilizan la frontera mexicana como la principal plataforma para introducir cocaína y marihuana en Estados Unidos, era una medida que, sin duda, el gobierno debía asumir en algún momento, ya que una parte del país comenzaba a estar bajo el arbitrio total del “narco”. Pero fue una decisión efectista y mal calculada. No se midieron los riesgos y la capacidad real del enemigo interno, y Calderón no sólo no ha podido ganar esa guerra que declaró temerariamente, sino que ha estado a punto de perderla en varias ocasiones. Cargando sobre las espaldas la responsabilidad de matanzas masivas (más de 40.000 muertos desde la declaración de guerra al “narco”) y la instalación de un sistema de terror que no reconoce límites, y que en su encerrona sólo atina a matar cada vez más, el gobierno de Calderón transita un desgaste tan acelerado que, como pudo verse en las elecciones estaduales de este domingo, puede llegar a desaparecer como opción en las elecciones presidenciales de 2012. De hecho, ni siquiera tiene aún un candidato visible.

No hay vacío de poder, en todo caso. Lo que los mexicanos parecen estar diciendo en las elecciones regionales, es que prefieren un gobierno fuerte y con experiencia de gestión, a la improvisación de la derecha católica que durante esta década sólo ha conseguido ensayar alternativas que, a la larga, terminaron siendo vías muertas.

Si en esta década que ha estado fuera del poder, el PRI ha hecho un aprendizaje interno y está dispuesto a introducir mecánicas democráticas reales en un sistema abierto de partidos múltiples, su experiencia de gestión y el claro ejercicio de la autoridad lo dejan inmejorablemente situado para volver al poder en 2012.

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[ publicado en el suplemento Magazine, del diario Hoy Día Córdoba, viernes 8 de julio de 2011 ]

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nelson.specchia@gmail.com

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Enfrentamientos en una conmemoración de 1 de mayo diferente (03 05 10)

Día del Trabajador, en plena crisis

ENFRENTAMIENTOS SOCIALES SIGNAN

LA CONMEMORACIÓN DEL 1 DE MAYO

Las calles de Atenas se convierten en la primera línea de resistencia

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En un mundo que se debate entre las vías de salida de la crisis económica estructural que lo sacude y las posibilidades de caer a niveles aún más profundos de esa crisis en el futuro próximo, cobró una significación especial la celebración, este sábado, del Día del Trabajador.

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Con niveles de desocupación rondando los 20 puntos porcentuales en las primeras economías, el 1 de mayo tuvo picos de enfrentamientos violentos en aquellas sociedades que deberán soportar la aplicación de recetas de ajustes para hacer frente a la debacle de las cuentas públicas.

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El 1 de mayo fue establecido por la Segunda Internacional Socialista en 1889; originalmente fue asumida como una jornada reivindicativa en memoria de los sindicalistas ejecutados en Estados Unidos por su lucha por la jornada de ocho horas. Con el tiempo, el día de los trabajadores ha devenido en un feriado festivo, pero los crecientes golpes de reducción en los derechos de los asalariados ha vuelto a colocar la fecha en una perspectiva de resistencia y reivindicación.

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Uno de los enfrentamientos más graves fue el que sostuvieron manifestantes y policías en las ciudades griegas. En Atenas y Tesalónica se convirtió en la antesala de la gran huelga general con que esperan parar Grecia el miércoles 5. Las movilizaciones del sábado en Atenas –mayoritariamente protagonizadas por jóvenes, el sector más castigado por el desempleo en todos los países europeos- fueron duramente reprimidas por la policía frente al Parlamento.

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Grecia vive un tiempo decisivo, que fue calificado por el primer ministro Giorgios Papandreu como de “supervivencia nacional”. Papandreu tiene la difícil tarea de convencer a los griegos que los sacrificios que tendrán que soportar es la única posibilidad para salir del ahogo del país, al borde del default.

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En la primera prueba seria que soporta la moneda común europea, la canciller alemana Ángela Merkel ha dilatado hasta el extremo el rescate de la economía griega, y finalmente Papandreu ha tenido que apelar al Fondo Monetario Internacional. El FMI exige a Grecia un ajuste social gravísimo, para alcanzar un ahorro de 25.000 millones de euros en dos años, entre reducción de gastos sociales y aumentos de impuestos. Sólo así el FMI entregaría las ayudas de 120.000 millones de euros que Grecia necesita para enfrentar sus obligaciones financieras en los próximos tres años.

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MOVILIZADOS EN EUROPA

Además de las multitudinarias protestas griegas, en las principales capitales europeas el 1 de mayo se vivió nuevamente en clave de lucha reivindicativa de masas. La crisis como telón de fondo, y las estrategias de ajuste de los gobiernos, fueron los principales objetivos de los manifestantes.

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En Berlín las demandas de reivindicaciones laborales se sumaron a las próximas elecciones en varias regiones, donde el gobierno de Ángela Merkel se juega sus mayorías parlamentarias.

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En España, donde el desempleo ya supera la quinta parte de la población (la más alta de toda Europa), los manifestantes pidieron al ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una reforma laboral pactada que genere más puestos de trabajo.

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El gobierno francés de Nicolás Sarkozy, por su parte, afrontó la protesta de más de 200.000 manifestantes, que se oponen a su proyecto de reforma del sistema jubilatorio.

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EN LA REGIÓN

En América, el Día del Trabajador tuvo diferentes expresiones, muy asociadas a cada contexto político.

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En el estado norteamericano de Arizona, la jornada era utilizada para canalizar el rechazo social a la recién sancionada ley que criminaliza la inmigración indocumentada, principalmente procedente de México, Honduras y Guatemala. Las movilizaciones con este objetivo se repitieron en más de 70 ciudades norteamericanas.

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En América del Sur, por su parte, sobresalieron las protestas de los trabajadores colombianos. Colombia, que cuenta con unos 10 millones de desocupados, y un estimado de 20 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza, se manifestó demandando  mayores acciones públicas en salud y en seguridad social por parte del gobierno de Álvaro Uribe. Durante la actual administración, han sido asesinados más de 527 sindicalistas, según las organizaciones de derechos humanos.

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USA: La “portación de rostro” latino, criminalizada (25 04 10)

LA INMIGRACIÓN HISPANA ABRE UN NUEVO FRENTE EN ESTADOS UNIDOS

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A pesar de la fuerte oposición del presidente Barack Obama, la gobernadora del estado sureño de Arizona, Jan Brewer, del Partido Republicano, promulgó ayer la nueva ley migratoria de su estado, fronterizo con México, que penaliza a quien esté ilegalmente en el territorio estadounidense, en un acto que ha generado el repudio interno de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la contestación diplomática y civil de diversos Estados de América latina cuyos nacionales integran colectivos numerosos de migrantes hacia los Estados Unidos.

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El presidente Obama había intentado detener la promulgación de la iniciativa legislativa, tachándola de “acto irresponsable”, ya que socava “las nociones básicas de justicia” del sistema norteamericano, al criminalizar a nivel estatal a toda persona que no posea documentos en regla. La nueva ley, además, habilita a las fuerzas policiales estaduales, con amplios criterios discrecionales, para detener a toda persona sobre la cual recaiga la sospecha de ser un inmigrante, lo que convierte a toda la población latinoamericana, por sus propios rasgos físicos, en potenciales sospechosos para los cuerpos policiales.

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Diversas organizaciones civiles norteamericanas se expresaron en contra de la nueva normativa, ya que –argumentan- podría derivar en actos de discriminación generalizada de los habitantes, a raíz de su aspecto físico u origen étnico. Para la Unión de Libertades Civiles, la ley “no sólo autorizó la violación de los derechos de millones de personas viviendo y trabajando aquí, sino también le dio a cada agencia policíaca en Arizona la orden de acosar a cualquier persona que parezca o suene como extranjero.” Los republicanos, en cambio, festejaron la promulgación de Brewer, que utilizó el acto para abrir un nuevo frente contra la Administración demócrata: desafiando a Obama, trasmitió el acto de la firma en directo por la televisión.

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Arizona, con una larga frontera con México, es uno de los pasos más activos de migrantes; en el estado residen unos 460.000 “sin papeles”, de los 11 millones en esa situación a nivel nacional. Los colectivos de migrantes indocumentados son principalmente mexicanos, pero también guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, entre otros. La ley provocó protestas diplomáticas de todos estos países, la cancillería de México declaró que la medida –que entrará en vigor en 90 días- es “un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza, y en América del Norte en su conjunto.”

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Honduras en punto muerto (22 10 09)

HONDURAS EN PUNTO MUERTO

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por Nelson Gustavo Specchia

“Bipolares”, FM Shopping, jueves 22 de octubre de 2009

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Nelson G. Specchia - Zelaya - cartel

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Buen día, Daniel.

Hemos estado las últimas semanas recorriendo, desde esta tribuna de análisis internacional, distintas y distantes latitudes, donde la realidad mundial de repente saca a la superficie una punta de iceberg, una muestra –a veces violenta, a veces sorpresivamente feliz, siempre frágil y fugaz para los titulares de los diarios y de los periódicos del mundo-, una pequeña muestra, digo, de esas inmensas realidades enterradas que son las características culturales y sociales específicas de cada pueblo.

Y en este recorrido semanal de los jueves, no habíamos vuelto a poner los ojos en Honduras, en ese pequeño país hermano de centroamérica, de una importancia relativa tan marginal, tan asilada en el concierto internacional, y que se ha colocado en los últimos tiempos en el centro del candelero.

Recuerdo, hace algunos años, cuando estuve trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, para unas misiones de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en aquellos días uno de nuestros temas recurrentes, sobre los que volvíamos una y otra vez con los colegas, discurrían sobre las estrategias para colocar a Honduras, de alguna manera, en la atención de las agencias internacionales. Quién me iba a decir que algunos años más tarde los hondureños encontrarían la manera, lamentablemente tan costosa, de estar en el centro de las noticias.

Y ¿cómo analizar este momento, este impasse hondureño que, como coinciden tantos analistas, tendrá efectos que no se limitarán a quedar encerrados dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano, sino que de una manera o de otra impactarán en la marcha democrática del resto de la región?

Ayer, 21 de octubre, se cumplió un mes de la sorpresiva vuelta de “Mel” Zelaya y de su atrincheramiento en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Dentro de un mes más, por su parte, están previstas las elecciones que supuestamente vendrían a destrabar el conflicto político, pero que toda la comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá si no está el presidente democrático sentado en su sitial al momento de realizarse el acto electoral.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti, sacudido del statu quo en que había decidido esperar las elecciones, ha perdido la iniciativa política. A pesar de ello y de estar cada día más aislado internacionalmente, ha aceptado las formas del diálogo con los representantes de Zelaya. Pero sólo las formas, porque en las maratónicas reuniones entre ambas partes, que comenzaron el 7 de octubre, el gobierno de facto no se ha movido un ápice. Micheletti juega al gato y al ratón, mientras gana tiempo: aceptó derogar el estado de sitio que decretó cuando Zelaya volvió y lo tomó por sorpresa, pero aún no lo ha hecho; afirmó que castigaría al responsable militar de haber sacado al presidente constitucional en pijama y a punta de fusiles, pero el general Romeo Vásquez sigue siendo el comandante del Ejército; afirma que sus negociadores tienen plenos poderes para pactar con los de Zelaya, pero los desautoriza al final de cada reunión. Micheletti parece decidido a resistir, en soledad, hasta el 29 de noviembre y la instalación de un nuevo gobierno.

En este juego donde se muestran unas cartas pero las intenciones y los objetivos reales permanecen bien cubiertos y alejados de la mesa de negociaciones, hay que analizar dos elementos de fondo: la posibilidad cierta de una guerra civil, y la legalidad incierta de unas elecciones presidenciales.

En el primer caso, es evidente que un fracaso rotundo de la mesa de diálogo entre ambas partes podría conducir, sin demasiadas dilaciones, a que el conflicto político se asuma como un enfrentamiento civil violento, en las calles, con consecuencias desgarradoras. Y hay que evitar un derramamiento de sangre. Así como el liderazgo latinoamericano está poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya y su reinstalación en el poder, debe hacerse hincapié en evitar la posibilidad de revertir el golpe de Estado mediante la movilización violenta de los partidarios del presidente depuesto. En un movimiento en ese sentido, y dada la práctica ocupación militar del país, las mayores bajas estarán del lado del pueblo desarmado.

Por eso declaraciones como las de Daniel Ortega y Hugo Chávez, reunidos en la cumbre del ALBA en Cochabamba el 17 de octubre pasado, no aportan ninguna tranquilidad. Ortega anunció que la resistencia hondureña está buscando armas y campos de entrenamiento en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Chávez apoyó esta tesis: “que nadie se sorprenda –dijo- si surge un movimiento armado en Honduras.” Estas posturas deben ser descalificadas, por insensatas y alarmistas.

En segundo término, creo que hay que considerar más a fondo el tema de la legalidad política de las elecciones del mes que viene. La comunidad internacional se niega a reconocer de plano el resultado de estas elecciones, si el presidente Zelaya no ha sido repuesto en su cargo con anterioridad. Esta es la postura más lógica desde la legitimidad constitucional y democrática, pero puede que sea también el punto de negociación, si –abandonando las posturas maximalistas- todos estuvieran dispuestos a ceder algo.

En estos días, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordaba que en los últimos tiempos todos los conflictos políticos que han encontrado una vía de salida democrática lo han hecho desde procesos electorales organizados por un gobierno de facto. Por definición, dice Castañeda, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. Y cita a la España posfranquista de 1977, la Argentina de 1983, el Chile de 1988, o la larga lista de países ex comunistas de Europa del Este, donde las elecciones que llevarían a las transiciones democráticas se organizaron gobernando los regímenes autoritarios salientes. Y este podría ser ahora el caso de Honduras.

Sería deseable, creo, que la comunidad internacional, y muy especialmente los líderes latinoamericanos, se avinieran a negociar un llamado a elecciones organizadas por el gobierno de facto pero fiscalizadas por veedores de la ONU, luego de las cuales el presidente Manuel Zelaya debería recuperar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y traspasar el poder a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que ponga paños fríos y reconduzca el proceso político. De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.

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La noticia del día: Guatemala ante la emergencia del hambre (10 09 09)

El Periódico

Guatemala, jueves 10 de septiembre de 2009

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Ante la emergencia del hambre

Edgar Gutiérrez

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Honduras - hambre

Hemos perdido más de 50 niños a causa del hambre. Otros 700, o quizá 1,000, penden su vida de un hilo. Hay pérdidas notables de cosechas y los impactos ya se perciben en los mercados cantonales: los precios de verduras y granos comienzan a subir y algunos consumidores se quejan de escasez. Para fin de año las cosas pueden empeorar si no se rescata la segunda cosecha de maíz.

Por otro lado, están ocurriendo forcejeos en algunas fincas: gente que llega a ocupar terrenos y los prepara pensando en la próxima siembra y las fuerzas de seguridad operando los desalojos, por instrucciones de los jueces. No hay empleo, dice la gente del campo. Las remesas de EE.UU. han bajado, y se resiente en la economía familiar. En una palabra, la crisis económica está pegando, por ahora, en el eslabón más débil que es el mundo rural.

Las herramientas más efectivas con que cuenta el Gobierno para mitigar la crisis son los programas de Cohesión Social, en particular Mi Familia Progresa, y ProRural. Pero son todavía limitados en recursos y cobertura. La declaratoria de Estado de Calamidad Pública puede contribuir a agilizar la movilización de recursos públicos, pero todos sabemos que siguen siendo precarios (la carga tributaria ha bajado a 9 por ciento) y que la ausencia de una red estatal en el territorio limita aún más la respuesta.

En definitiva el Estado no lo puede hacer solo. Necesita coordinar con la sociedad civil, que debe ampliar su participación del envío de víveres a la movilización de brigadas de voluntarios. El Gobierno tiene que orientar los recursos de la comunidad internacional. Un estado de emergencia implica actividades extraordinarias, formas de organización ágiles y estrategias de intervención creativas. Quizás el mejor ejemplo es la respuesta unánime al terremoto del 4 de febrero de 1976. Ahora la infraestructura está intacta, es la condición humana la que está siendo destruida.

Este sería, por lo demás, un momento para reclamar acciones políticas coherentes con la crisis. Una es que diputados y alcaldes bajen la prioridad de obras de infraestructura que, en estas condiciones, son despilfarro. Sería loable una moratoria de sus comisiones. Otra es que el Congreso apruebe un presupuesto para 2010 que corresponda a la crisis, y eso significa orientar los recursos hacia donde más se necesitan y operar los cambios institucionales que llevan 20 años de rezago. La tercera, un poco de sobriedad y austeridad en el consumo de la sociedad que sí tiene dinero. Y la cuarta, ¿por qué no considerar el ISR de las empresas como una contribución para salir de la crisis de manera sustentable? Todos podemos contribuir según el tamaño de nuestras capacidades.

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Guatemala, la pesada deuda de la justicia (08 11 07)

Publicado en “Hoy Día Córdoba” . (8 de noviembre, 2007)
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GUATEMALA:

LA PESADA DEUDA DE LA JUSTICIA

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La normalización democrática avanza en Guatemala, pero sigue sin solucionar la extrema inequidad social del país más desigual de toda América.

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por Nelson Gustavo Specchia

(desde Antigua Guatemala)

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La Avenida Reforma separa el distrito 11º y el 12º, en Ciudad de Guatemala. En este último se agrupan los hoteles de categoría, los restaurantes y bares para el incipiente turismo que va animándose a llegar, y el centro comercial de cuatro plantas que es el orgullo de la ciudad, y que recomiendan todos los serviciales empleados del hotel. Esos mismos que, frunciendo el seño pero sin perder la cordial amabilidad que los caracteriza, recomiendan no abandonar el distrito 12º, salvo en coche, y con guía.

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La Avenida Reforma, con sus cuatro carriles separados por canteros, es un hormiguero de coches, que aún parece hacerse más denso hacia el final de la tarde. Aquí, como en el resto de Centroamérica, los conductores hacen un uso indiscriminado de la bocina, durante minutos enteros, produciendo una silbatina sin final en la lista de coches que se mueven a paso de hombre. Pero aún en este altísimo nivel de ruido logra imponerse el “tren verde”: un autobús equipado con bocinas de camión y lleno de banderas verde oliva, el color de la UNE – Unión Nacional de la Esperanza, del candidato presidencial Álvaro Colom, que logró imponerse en la segunda vuelta del pasado domingo.

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En las esquinas de las grandes avenidas, mientras tanto, y en las salidas hacia el aeropuerto y hacia la ciudad de Antigua (un gran museo a cielo abierto, la original capital de Guatemala, destruida por un terremoto a fines del siglo XVIII y hoy conservada con esmero), se alinean los seguidores del general Otto Pérez Molina, con sus camisetas y sus banderas anaranjadas, menos bulliciosos y ordenadamente formados en el cordón. El partido del general se denomina Patriota, su logo es un puño cerrado, y el lema es “péguele fuerte”. Su campaña se basó en el combate a la inseguridad, pero no le alcanzó para ganar la segunda vuelta: con un 47 por ciento de los votos, cedió la victoria a Álvaro Colom, que se declara socialdemócrata, y que logró una ventaja de más de cinco puntos, con el 53 por ciento del voto nacional.

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Con el triunfo de la UNE, los sectores progresistas de Guatemala vuelven al poder después de medio siglo. En 1954 el populismo de izquierda de Jacobo Arbenz fue expulsado por un golpe de Estado que dio origen a treinta años de dictaduras militares. Y desde la recuperación democrática de 1986 se han sucedido gobiernos conservadores, hasta el del actual mandatario, Óscar Berger, líder de un ejecutivo donde, de 15 carteras ministeriales, 13 están ocupadas por los principales empresarios guatemaltecos.

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Colom, dice, representa la “esperanza”, y así ha denominado a su partido. Una esperanza que este pueblo gentil y hospitalario no ha perdido, contra todo pronóstico. La guerra civil terminó formalmente el 29 de diciembre de 1996, con la firma de los Tratados de Paz que pusieron fin a casi cuatro décadas del conflicto sangriento que marcó a la sociedad guatemalteca. Doscientos mil muertos y desaparecidos en una historia que aún está por contarse, que ha dejado un sinfín de heridas abiertas, y una cultura de violencia e intolerancia que sigue pesando en la vida política: en la campaña electoral que acaba de finalizar, más de 50 candidatos a cargos electivos han sido asesinados.

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Y más allá de la enorme carga que supone el terror como condicionante de la vida cívica, Guatemala debe transitar el camino de la reafirmación democrática con unas condiciones estructurales negativas demasiado pesadas. De su población (unos 12 millones de personas), un alto porcentaje se ve limitado a la producción agraria de subsistencia, pero, sin embargo, sólo el 2 por ciento de la población detenta la propiedad del 70 por ciento de las tierras agrícolas. Esta concentración de las superficies cultivables, ha empujado a una alta migración a las ciudades, especialmente a la capital, para el empleo en los servicios. Pero en éstos, el salario mínimo no alcanza a cubrir, de media, la mitad del costo de los productos de primera necesidad. Como consecuencia del cruce de estas variables, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha calculado que un cuarto del país sufre de subalimentación.

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En el otro extremo, Guatemala ocupa el segundo lugar en el mundo en número de aviones particulares por habitante, antes aún que los EE.UU. El 4 por ciento de la población concentra el 50 por ciento del consumo. La deuda externa ha saltado de 6.000 millones a 20.000 millones de quetzales (unos 2.900 millones de dólares) en la última década. El pago de los servicios de esta deuda demanda una quinta parte del presupuesto nacional. Mientras tanto, la ONU calcula que el 58 por ciento de la población guatemalteca es pobre, y el 23 por ciento, extremadamente pobre.

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Con estos datos, Guatemala tiene el lamentable privilegio de ser el país más desigual de toda América latina (59,9 en el coeficiente de Gini). Para la región más desigual del mundo, eso es mucho decir. Más allá de las victorias electorales, las deudas acumuladas en el platillo de la justicia y de la igualdad pueden colocar en un difícil equilibrio a la balanza del sistema democrático.

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Profesor de Política Internacional, Universidad Católica de Córdoba.