HONDURAS EN PUNTO MUERTO
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por Nelson Gustavo Specchia
“Bipolares”, FM Shopping, jueves 22 de octubre de 2009
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Buen día, Daniel.
Hemos estado las últimas semanas recorriendo, desde esta tribuna de análisis internacional, distintas y distantes latitudes, donde la realidad mundial de repente saca a la superficie una punta de iceberg, una muestra –a veces violenta, a veces sorpresivamente feliz, siempre frágil y fugaz para los titulares de los diarios y de los periódicos del mundo-, una pequeña muestra, digo, de esas inmensas realidades enterradas que son las características culturales y sociales específicas de cada pueblo.
Y en este recorrido semanal de los jueves, no habíamos vuelto a poner los ojos en Honduras, en ese pequeño país hermano de centroamérica, de una importancia relativa tan marginal, tan asilada en el concierto internacional, y que se ha colocado en los últimos tiempos en el centro del candelero.
Recuerdo, hace algunos años, cuando estuve trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, para unas misiones de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en aquellos días uno de nuestros temas recurrentes, sobre los que volvíamos una y otra vez con los colegas, discurrían sobre las estrategias para colocar a Honduras, de alguna manera, en la atención de las agencias internacionales. Quién me iba a decir que algunos años más tarde los hondureños encontrarían la manera, lamentablemente tan costosa, de estar en el centro de las noticias.
Y ¿cómo analizar este momento, este impasse hondureño que, como coinciden tantos analistas, tendrá efectos que no se limitarán a quedar encerrados dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano, sino que de una manera o de otra impactarán en la marcha democrática del resto de la región?
Ayer, 21 de octubre, se cumplió un mes de la sorpresiva vuelta de “Mel” Zelaya y de su atrincheramiento en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Dentro de un mes más, por su parte, están previstas las elecciones que supuestamente vendrían a destrabar el conflicto político, pero que toda la comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá si no está el presidente democrático sentado en su sitial al momento de realizarse el acto electoral.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti, sacudido del statu quo en que había decidido esperar las elecciones, ha perdido la iniciativa política. A pesar de ello y de estar cada día más aislado internacionalmente, ha aceptado las formas del diálogo con los representantes de Zelaya. Pero sólo las formas, porque en las maratónicas reuniones entre ambas partes, que comenzaron el 7 de octubre, el gobierno de facto no se ha movido un ápice. Micheletti juega al gato y al ratón, mientras gana tiempo: aceptó derogar el estado de sitio que decretó cuando Zelaya volvió y lo tomó por sorpresa, pero aún no lo ha hecho; afirmó que castigaría al responsable militar de haber sacado al presidente constitucional en pijama y a punta de fusiles, pero el general Romeo Vásquez sigue siendo el comandante del Ejército; afirma que sus negociadores tienen plenos poderes para pactar con los de Zelaya, pero los desautoriza al final de cada reunión. Micheletti parece decidido a resistir, en soledad, hasta el 29 de noviembre y la instalación de un nuevo gobierno.
En este juego donde se muestran unas cartas pero las intenciones y los objetivos reales permanecen bien cubiertos y alejados de la mesa de negociaciones, hay que analizar dos elementos de fondo: la posibilidad cierta de una guerra civil, y la legalidad incierta de unas elecciones presidenciales.
En el primer caso, es evidente que un fracaso rotundo de la mesa de diálogo entre ambas partes podría conducir, sin demasiadas dilaciones, a que el conflicto político se asuma como un enfrentamiento civil violento, en las calles, con consecuencias desgarradoras. Y hay que evitar un derramamiento de sangre. Así como el liderazgo latinoamericano está poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya y su reinstalación en el poder, debe hacerse hincapié en evitar la posibilidad de revertir el golpe de Estado mediante la movilización violenta de los partidarios del presidente depuesto. En un movimiento en ese sentido, y dada la práctica ocupación militar del país, las mayores bajas estarán del lado del pueblo desarmado.
Por eso declaraciones como las de Daniel Ortega y Hugo Chávez, reunidos en la cumbre del ALBA en Cochabamba el 17 de octubre pasado, no aportan ninguna tranquilidad. Ortega anunció que la resistencia hondureña está buscando armas y campos de entrenamiento en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Chávez apoyó esta tesis: “que nadie se sorprenda –dijo- si surge un movimiento armado en Honduras.” Estas posturas deben ser descalificadas, por insensatas y alarmistas.
En segundo término, creo que hay que considerar más a fondo el tema de la legalidad política de las elecciones del mes que viene. La comunidad internacional se niega a reconocer de plano el resultado de estas elecciones, si el presidente Zelaya no ha sido repuesto en su cargo con anterioridad. Esta es la postura más lógica desde la legitimidad constitucional y democrática, pero puede que sea también el punto de negociación, si –abandonando las posturas maximalistas- todos estuvieran dispuestos a ceder algo.
En estos días, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordaba que en los últimos tiempos todos los conflictos políticos que han encontrado una vía de salida democrática lo han hecho desde procesos electorales organizados por un gobierno de facto. Por definición, dice Castañeda, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. Y cita a la España posfranquista de 1977, la Argentina de 1983, el Chile de 1988, o la larga lista de países ex comunistas de Europa del Este, donde las elecciones que llevarían a las transiciones democráticas se organizaron gobernando los regímenes autoritarios salientes. Y este podría ser ahora el caso de Honduras.
Sería deseable, creo, que la comunidad internacional, y muy especialmente los líderes latinoamericanos, se avinieran a negociar un llamado a elecciones organizadas por el gobierno de facto pero fiscalizadas por veedores de la ONU, luego de las cuales el presidente Manuel Zelaya debería recuperar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y traspasar el poder a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que ponga paños fríos y reconduzca el proceso político. De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.
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