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Bienvenidos, gallegos (29 11 11)

Bienvenidos, gallegos

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por Pedro I. de Quesada

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Entre los coletazos más insólitos de la crisis del euro, está la posibilidad de una nueva emigración.

La salida de griegos y de irlandeses (especialmente hacia los Estados Unidos) ha hecho saltar algunas alarmas, y analistas demográficos sostienen que en los próximos meses llegará el turno de España.

El informe que la OCDE (la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, principal “think tank” europeo) hizo público ayer en París fue lapidario, y viene a abonar esta hipótesis.

Si se mantienen las tendencias históricas, la Argentina volverá a ser destino prioritario. Después de los peninsulares llegados a nuestras tierras en el período colonial, la segunda oleada, alrededor de los años ’40, trajo a más de dos millones de españoles, en un 70 por ciento gallegos: Buenos Aires es la segunda ciudad del mundo con mayor población de gentes de Galicia, después de La Coruña. Y en el último censo (2010) todavía se registraban más de cien mil españoles residentes en estas pampas.

Siempre fueron bienvenidos, aunque no supieron devolver la gentileza con el mismo trato cuando cambiaron las tornas y muchos compatriotas decidieron cruzar el “charco” en sentido contrario (por cierto, también una parte importantes de estos argentinos que en 2001 salieron a las disparadas, ya han regresado o están volviendo).

Ahora la OCDE anticipa las previsiones que pueden preparar una nueva corriente migratoria hacia América: la organización recorta todas las expectativas de crecimiento actuales, a pesar de que ya están bajo mínimos, y calcula que la tasa de desocupación seguirá aumentando en los próximos dos años. En el último recuento, España registró cinco millones de desempleados, y en 2012 serán muchos más.

La OCDE dice por primera vez, y sin empachos, que toda la eurozona está en recesión, y ante las difundidas versiones de la posibilidad de una vuelta a las antiguas monedas, sostiene en su informe de ayer que el abandono del euro convertiría la actual recesión en una depresión económica superior a la vivida en la crisis de 1929.

El cálculo menos pesimista es que la vuelta a la peseta implicaría una pérdida del 40 por ciento del valor de la moneda española, que –claro- sería cubierto por los pequeños ahorristas (corralito bancario mediante, al igual que aquella triste experiencia local) y los asalariados que aún tengan trabajo.

Para los técnicos de la OCDE, la media del “paro” español subirá al 23 por ciento de la población el año que viene, y el PBI se acercará al cero absoluto. Con Mariano Rajoy y el Partido Popular en el gobierno, además, el ajuste al gasto público será mayor que el contemplado hasta ahora, y el achicamiento del déficit para cumplir con la reciente reforma constitucional expulsará cientos de empleados públicos.

La combinación de estos factores llevará a un achicamiento del consumo; y remata el informe sosteniendo que también las exportaciones españolas sufrirán un frenazo.

Así que ya saben: otra vez se vienen los gallegos.

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[  Columna “En foco” – El Mundo – página 2 – Hoy Día Córdoba – martes 29 de noviembre de 2011  ]

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Los ahogados del Mediterráneo (11 05 11)

ACUSAN A LA OTAN DE ABANDONO DE REFUGIADOS EN EL MAR

Los emigrantes llegados a Europa afirman que Khaddafi impulsa la salida en masa  

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TRÍPOLI, GINEBRA.- A la par del recrudecimiento de las acciones ofensivas contra las posiciones del ejército libio del coronel Muhammar el Khaddafi, la Alianza Atlántica (OTAN) se ve envuelta en un nuevo contencioso, al ser acusada por diversos medios de comunicación europeos de no auxiliar a embarcaciones con refugiados que huyen de la costa norte de África, preferentemente con destino a las cercanas islas italianas de Sicilia, y hacia Malta.

Por otro lado, algunos de los 1.187 emigrantes norafricanos que durante el pasado fin de semana lograron llegar a las costas de la isla de Lampedusa, confirmaron que soldados libios los obligaron a embarcarse en los precarios botes de goma y emigrar hacia Europa.

La versión de los refugiados viene a confirmar una nueva táctica empleada por el régimen de Khaddafi, de utilizar las masas de refugiados que huyen del frente de guerra como un elemento de presión, especialmente para la opinión pública del Viejo Continente, donde el tema migratorio es altamente sensible.

Las Naciones Unidas (ONU) confirmaron que desde el inicio del conflicto más de 750.000 personas debieron abandonar en forma abrupta el territorio, un porcentaje altísimo para una población de seis millones de habitantes.

Los principales caminos de salida son los puestos fronterizos con Túnez y Egipto, y los puertos del Mediterráneo. En este sentido, la vocera de la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), urgió ayer a los países miembros de la Unión Europea (UE) a “hacer mayores esfuerzos” para rescatar a personas que huyen del centro del conflicto, después que se constatara la desaparición de unos 1.400 civiles en varios naufragios.

Melissa Fleming, la funcionaria de ACNUR, sostuvo en Ginebra que los gobiernos europeos “no deberían esperar a recibir llamadas de auxilio” antes de ofrecer socorro, sino que debería ser una obligación humanitaria para este colectivo en situación crítica.

A partir del 25 de marzo se inició una masiva huída por agua que ha incrementado las muertes por naufragios en alta mar. Cinco naves, con unas 2.400 personas, llegaron los últimos días a Lampedusa, y a estos se suma el naufragio, ocurrido el viernes pasado, de un barco sobrecargado con más de 600 personas a bordo, frente a las costas de Trípoli.

En medio de esta situación, la OTAN fue acusada de ignorar las peticiones de auxilio de una patera con 72 emigrantes a bordo, el pasado 14 de abril. Según publica la prensa británica, el bote habría pasado a unos 400 metros de naves de la Alianza Atlántica, y desde helicópteros militares se les habrían lanzado algunos paquetes de galletas y botellas de agua, pero no se los asistió más ni rescató. La mayoría de los tripulantes de la barcaza pereció luego de hambre y de sed, sobreviviendo apenas once. “Cada mañana nos levantamos y encontrábamos más cuerpos, que tirábamos al mar”, relató uno de los sobrevivientes al periódico inglés The Guardian. Sin embargo, la OTAN ha negado la acusación.

Piden arresto de Khaddafi

MADRID.- El fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, confirmó ayer que el alto cuerpo emitirá órdenes de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el mandatario libio, Muhammar el Khaddafi, contra su hijo, Saif al Islam Khaddafi, además del jefe de la Inteligencia libia, Abdullah al Senussi.

Moreno Ocampo sostiene que en ellos se concentra “la mayor responsabilidad” criminal desde que comenzaron las movilizaciones antigubernamentales que terminaron en la guerra civil que hoy divide al país, y la catástrofe humanitaria de los emigrantes por tierra y por mar. La solicitud del fiscal, que completa en estos momentos la acumulación de pruebas, será presentada ante los jueces del Tribunal de la Haya.

Por otra parte, los rebeldes también enviaron al Comité de Sanciones contra Libia, en la ONU, que preside el embajador portugués José Morales Cabral, los nombres de los 88 funcionarios superiores del régimen de Trípoli que deberían, a su criterio, ser perseguidos judicialmente.

Con ambas iniciativas el cerco internacional sobre Khaddafi se estrecha aún más.

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Conflicto entre Francia e Italia por los inmigrantes africanos (18 04 11)

Desconcierto europeo frente al tema de la inmigración africana

Las instituciones comunitarias respaldaron el bloqueo francés a trenes con inmigrantes

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PARÍS.- La Unión Europea (UE) respaldó ayer la medida de fuerza ejecutada en la frontera franco-italiana, donde un piquete de ciudadanos impidió el acceso al territorio francés de un tren procedente de Italia, donde viajaban inmigrantes llegados al viejo continentes desde Túnez.

La encargada de la cartera de Interior en el ejecutivo comunitario, Cecilia Malmström, avaló la decisión tomada por París, que justificó su postura en una aplicación estricta de la legislación que regula el Espacio Schengen.

El Tratado de Schengen hace desaparecer virtualmente las fronteras interiores de los países de la Unión Europea, manteniendo solamente las fronteras exteriores, por lo que el ingreso al territorio de cualquier Estado-Miembro habilita al libre movimiento por todos los demás.

El gobierno italiano de Silvio Berlusconi ha insistido que el resto de los socios europeos debe compartir con ellos la carga de los inmigrantes indocumentados que llegan desde el norte de África, ya sea huyendo de los frentes de guerra como de las condiciones de emergencia humanitaria y de hambre que soportan varias regiones en la orilla sur del Mediterráneo.

Que las costas y las islas italianas sean la primera tierra europea que alcanzan, sostienen desde Roma, no implica que Italia deba tomarlo como un problema nacional, sino que el resto de los países de la Unión Europea debería cooperar en la recepción de los refugiados.

En la reciente reunión de ministros de Exteriores de la organización continental, la semana pasada en Luxemburgo, la posición de Italia –que lleva recibiendo unos 25.000 refugiados desde el inicio de la revuelta árabe- fue rechazada tanto por Francia como por Alemania, dos de los países fundadores de las instituciones comunitarias pero también con mayores problemas internos en la integración social de las comunidades de inmigrantes en sus sociedades.

Apelando a la normativa del Tratado de Schengen, tanto el delegado del gobierno de Ángela Merkel como del presidente francés Nicolás Sarkozy respondieron a Berlusconi que el espacio común está reservado para ciudadanos que cumplan con algunos requisitos (disponibilidad económica, vivienda propia y papeles en regla) que, claramente, no cumplen los expatriados por cuestiones humanitarias del Magreb norafricano.

Aún así, desde Roma se extendió documentación provisoria a los aproximadamente 300 tunecinos del tren que fue obstaculizado por un corte de vías en la frontera francesa.

El conato de crisis diplomática entre ambos países fue relativizado por el ministro francés del Interior, Claude Guéant, quien recalcó que París “no desea ningún tipo de conflicto diplomático ni tensiones con Italia”, pero que su obligación es aplicar “al pie de la letra y del espíritu los acuerdos del espacio Schengen”.

Sin embargo el canciller italiano, Franco Frattini, admitió que una “sombra” planea sobre las relaciones entre ambos países, y comunicó que una protesta formal por “violación de los principios europeos” fue cursada por su cartera ministerial y entregada por el embajador italiano al gobierno de Sarkozy, en París.

Mientras tanto, el tráfico ferroviario entre la ciudad italiana de Ventimiglia y la francesa de Menton sigue cortado, y la prohibición de acceso del que ya se ha denominado “Tren de la Dignidad” sigue vigente.

Desde el lado francés, en una medida inédita, centenares de policías y militares han sido desplegados para evitar la filtración de refugiados.

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El retroceso socialdemócrata (24 09 10)

El retroceso socialdemócrata

por Nelson Gustavo Specchia

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El domingo pasado, 19 de septiembre, una coalición de derechas ganó las elecciones en Suecia, un país que es símbolo de dos de los principales logros de la modernidad occidental: la convivencia entre socialismo y democracia, y el sostenimiento de un Estado de Bienestar de amplio alcance. La renuncia al marxismo revolucionario y su reemplazo por la gradualidad de instalar el socialismo por la vía representativa, llevó a que Suecia se identificara con la socialdemocracia: de las últimas ocho décadas, 65 años el Poder Ejecutivo ha sido ocupado por socialdemócratas.

Esos períodos tan extensos en el ejercicio del poder por parte de los progresistas, fueron extendiendo a las políticas sociales diversas estrategias de protección, primero a los sectores más vulnerables, luego a capas cada vez mayores de población. Esas políticas proteccionistas, claro está, debían financiarse con dinero público, por lo que la presión fiscal subió paulatinamente al tiempo que el Estado daba cobertura sanitaria, educación de calidad, ayudas para vivienda, para transportes y demás. Este crecimiento en los impuestos de los ciudadanos llegó en Suecia a significar el 52 por ciento del Producto Bruto Interno, un porcentaje sólo superado por los dinamarqueses. Así, durante años, la clase media y los trabajadores suecos asumieron que más de la mitad de sus ingresos fueran destinados a pagar impuestos al Estado, ya que éste, con una adecuada y transparente gestión gubernamental, los devolvía en servicios y en protección pública.

El éxito de la fórmula “socialdemocracia-bienestar” fue tan considerable, que el modelo comenzó a generar réplicas a lo largo del continente. Todos encontraban en ella una receta ajustada a ese tiempo histórico definido por la posguerra que había ensangrentado hasta la locura al Viejo Continente, y la nueva idea-fuerza de la integración tras los Tratados de Roma, de 1957, mediante los cuales la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) y la Euratom, junto a la Comunidad Económica Europea (CEE), dibujaban la arquitectura política que terminaría desembocando en la actual Unión Europea.

LA EUROPA DEL BIENESTAR

Independientemente de la forma de Estado que hubiera sobrevivido en cada país tras las dos guerras, tanto los electorados de las monarquías parlamentarias como los de las repúblicas de antiguo o nuevo cuño, se acercaron esperanzados a la socialdemocracia durante la segunda mitad del siglo XX, quitando la iniciativa política a los tradicionales partidos conservadores o nacionalistas. Supuestamente arrancada de raíz la extrema derecha filofascista y nazi, la nueva socialdemocracia se planteaba como una alternativa racional y moderna a la centroderecha populista o demócrata-cristiana.

La extensión de la socialdemocracia fue tan grande, que en la práctica cotidiana se la llegó a identificar con el propio modelo del Estado de Bienestar con el que había triunfado en la península escandinava. Y este impulso ideológico tiñó de rojo (aunque no del rojo revolucionario con la hoz y el martillo, que Europa terminó definitivamente de enterrar en 1989 con la caída del Muro de Berlín, pero rojo al fin y al cabo) el mapa político europeo. Cuando el siglo dio vuelta la página, casi tres cuartas partes de los Estados-Miembros de la Unión Europea estaban gobernados por partidos socialdemócratas.

EL MIEDO Y EL MORO

Pero entre las profundas transformaciones que ha vivido la política internacional durante esta primera década del siglo XXI, dos fenómenos han impactado en el corazón del modelo del Estado de Bienestar y, como se ha confirmado nuevamente este domingo en Suecia, en la propia concepción socialdemócrata. Me refiero al deseo de seguir profundizando en una sociedad abierta, tolerante, plural e integradora –características éstas que definieron a las ciudadanías escandinavas-, y el crecimiento exponencial de los colectivos de migrantes que terminan arribando a las proteccionistas sociedades nórdicas, empujados tanto por estos beneficios que encuentran en la nueva tierra de acogida como por los estropicios de la inseguridad y la inequidad de los lugares de origen de los que han decidido desarraigarse.

En un primer momento, y por la misma lógica de temperamento acogedor y tolerante –esa calidez humana que tanto en Suecia, Dinamarca, Finlandia o Noruega contrasta tan fuertemente con la rigidez helada de su clima- estos países abrieron los brazos a la inmigración de cualquier tipo, tanto la motivada por razones ideológicas (nuestro país tiene una deuda histórica con ellos, que recibieron a centenas de compatriotas que tuvieron que exiliarse durante los años del terror), como aquellos empujados por el hambre y la miseria, especialmente provenientes del grueso cordón norafricano y del borde oriental europeo. Pero estos colectivos siguieron llegando durante años, y en este momento, de los casi diez millones de residentes en Suecia, dos millones son extranjeros o lo son sus padres.

La avalancha inmigratoria ha terminado por poner en cuestión la justicia de la inmensa presión impositiva, superior a la mitad del PBI. Porque los recién llegados gozan de la totalidad de los beneficios del Estado de Bienestar, pero no han aportado suficientemente a él. Y también, con la expansión de la base poblacional a atender, se resiente la calidad de los servicios prestados desde la órbita pública.

Con estos condicionantes haciendo su ingreso por las esquinas del sistema, están servidos los condimentos para la reaparición del discurso de derechas, agitando las banderas xenófobas del miedo al otro, de la inseguridad, de los riesgos de la inmigración para la tranquilidad ciudadana, de la disrupción cultural del Islam para las iglesias cristianas reformadas nórdicas, y de la disminución de los impuestos para no financiar con el esfuerzo de algunos la buena vida de todos.

GIRAR A LA DERECHA

Así como a principios de siglo tres cuartas partes de la Unión Europea estaba gobernada por coaliciones socialdemócratas, en el fulminante retroceso de una década hoy apenas el cinturón mediterráneo (los últimos en ingresar al club europeo, y también los más pobres y menos desarrollados) conserva gobiernos socialistas: España, Grecia, Portugal y Chipre, con el agregado de Austria y Eslovenia. Apenas un veinte y algo por ciento del total de los Estados-Miembros del proceso de integración continental.

En los grandes países europeos, la sangría de votos desde la socialdemocracia a las diversas opciones de la derecha política parece ser una ruta homogénea y sin fisuras. La socialdemocracia alemana le entregó el bastón de mando a la demócrata-cristiana Ángela Merkel; las temporadas rojas del mitterrandismo francés dieron paso a la populista UMP de Jacques Chirac y de Nicolás Sarkozy; las grandes coaliciones de la centroizquierda italiana de Sandro Pertini, Bettino Craxi o Romano Prodi, terminaron en el circo conservador y mediático de Silvio Berlusconi.

Una lectura superficial de este fenómeno podría concluir que la alternancia entre fases históricas aglutinadas por el arco progresista, a las que se suceden otras fases más escoradas hacia un pensamiento conservador o económicamente liberal, harían a la normalidad democrática y a la buena salud del sistema. Pero hay, además, otros elementos que no abonan una lectura tan inocente y formalista: el retroceso de la socialdemocracia no está implicando sólo la vuelta conservadora en los gobiernos europeos, sino también la irrupción –ésta sí inesperada y contracultural- de partidos de extrema derecha, que tras el horror de la segunda posguerra se creía desterrados del escenario político continental para siempre. Pero los partidos xenófobos, anti-inmigración, anti-musulmanes, cercanos a tendencias neonazis, con discursos reivindicadores de la supremacía cultural y de la identidad nacional, han logrado acceder a los recintos parlamentarios en las últimas elecciones de Holanda y de Bélgica.

Desde el domingo pasado, la extrema derecha xenófoba también ocupará veinte escaños en el Riksdag, el parlamento de Estocolmo que fuera un ejemplo de hospitalidad y tolerancia, y de donde saliera el modelo del Estado de Bienestar. Ese que parece encaminarse, a pasos rápidos, a ocupar un lugar en el museo de las experiencias políticas terminadas.

Arizona, frontera (menos) caliente (30 07 10)

Arizona, frontera (menos) caliente

por Nelson Gustavo Specchia

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Finalmente, la jueza Susan Bolton lo hizo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la polémica ley SB1070, ya conocida por todos como Ley Arizona, emitió un fallo suspendiendo las medidas tachadas de racistas y xenófobas por una parte importante de la opinión pública, especialmente los miembros de la populosa colectividad latina. La policía no podrá utilizar la figura de “sospecha razonable” (o sea: color de piel y rasgos hispanos) para detener a una persona y encarcelarla si no tuviera la documentación en regla.

El fallo federal constituye un serio revés para la derecha republicana, y un alivio para el presidente Barack Obama, que apeló la constitucionalidad de la Ley Arizona. En todo caso, un alivio momentáneo, porque la norma, aunque atenuada, entró en vigor este jueves 29 de julio, y con ella se habilita un complejo periplo legal: se apelarán las suspensiones de los artículos frenados, mientras que otros 21 estados norteamericanos planean seguir los pasos de Arizona con similares leyes anti-inmigración.

El crítico interés internacional del tema encuentra su justificativo en el cruzamiento de posturas e intereses, que terminarán impactando en el modelo de convivencia social. Porque tanto la iniciativa de la gobernadora Brewer como el fallo de la jueza Bolton tendrán diversas consecuencias indirectas.

En primer lugar, impactarán en la ampliación (o en el recorte) del espacio político que pretenden ocupar los sectores más reactivos del Partido Republicano, encabezados por el movimiento de los “Tea Party”, con el cual hasta las líneas más moderadas (incluyendo al propio senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain) están siendo empujadas a alinearse. También el resultado de este enfrentamiento enviará una señal a la sociedad civil, cuyas organizaciones han revelado una inédita capacidad de organización y movilización en los últimos meses.

Luego, según cuál sea la dirección en que se resuelva el debate, se sentará jurisprudencia sobre las maneras de enfrentar la enorme carpeta de la inmigración en los Estados Unidos, tanto por los gobiernos estaduales como por Washington: Obama es consciente que una norma general sobre migración es imprescindible, pero en esta legislatura se ha quedado sin el suficiente espacio político para negociarla.

Y –last but not the leaste– la discusión sobre cómo enfrentar el tema migratorio influirá en las elecciones legislativas de mediados de mandato, en las que el primer presidente negro de la historia norteamericana se jugará la integración de las cámaras legislativas con las cuales deberá gobernar los próximos dos años. Una integración parlamentaria que, por lo demás, condicionará las posibilidades de Obama para planear una eventual reelección.

En fin, habiendo tantos intereses cruzados, el debate terminará reflejando las maneras en que los norteamericanos se acomodan para enfrentar una sociedad global con creciente movilidad.

EL ESPEJO DE LA INMIGRACIÓN

Estados Unidos es un país de aluvión. El fenómeno inmigratorio ha estado en el centro de la constitución de la sociedad norteamericana, y tanto la simbología como las políticas lo han reconocido permanentemente. La Estatua de la Libertad, obsequiada por Francia en 1886, se ubicó en la desembocadura del río Hudson, para que sea el símbolo de bienvenida: la libertad como recepción, el primer elemento que veían las oleadas de inmigrantes tras el trayecto marítimo desde el Viejo Mundo. Las políticas, por su parte, en todo momento incentivaron la integración de los “nuevos americanos”, reconociendo el rol central de esta fuerza de trabajo en el crecimiento y expansión del producto nacional. Esta situación se mantuvo, con pocos y leves cambios, hasta principios del siglo XXI.

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 marcó un punto de inflexión en un amplio abanico de escenarios, y la inmigración no escapó a ese brusco cambio de tendencias. La instalación del miedo al otro, alentada por las medidas histéricas del presidente George W. Bush, provocó un viraje histórico hacia un aumento en los controles de todo tipo y hacia un cierre social generalizado. Este cambio de ciclo también impactó, con sus notas características propias, en el Sur, donde la larguísima frontera con México ya venía poniendo en evidencia el fin de un esquema de cohabitación entre ambos países.

El desmejoramiento de la sociedad mexicana (desocupación, falta general de oportunidades, aumento de la violencia y la criminalidad, y sostenidos índices de crecimiento demográfico, entre otras), aunado a la diferencia de renta entre las dos riberas del Río Bravo, empujaron una nueva ola de migrantes hacia el norte.

Estos grupos de mexicanos –principalmente, pero también centroamericanos que llegan vía México- que pasan la frontera, tienden a asentarse en los territorios vecinos de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Estados que (como la península de Florida, en el sureste) poseen una importante carga cultural hispánica. Por eso no ha sido casual que en estos estados hiciera eclosión el debate sobre la inmigración legal: como una manera de aumentar el control contra el crimen, según unos; como un discurso seguratista, xenófobo y expulsivo, según sus críticos.

BREWER, PRECURSORA

Arizona, que hoy se coloca en la hora cero de aplicación de la ley anti inmigratoria, marcó la punta. En su territorio se calcula que se han asentado unos 460.000 inmigrantes –casi todos ellos hispanos- sin los documentos de ingreso y permisos de trabajo en regla, de los 12 millones que estarían en esta situación en todo el país.

En Phoenix, la gobernadora Jan Brewer asumió la voz cantante de los sectores más duros dentro de los republicanos, y promulgó en abril pasado la que se anuncia como primera de una larga serie de normativas, especialmente en los estados gobernados por los conservadores. La norma fijaba que la policía tendría la obligación (no sólo la posibilidad) de comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que en apariencia pudiese ser objeto de sospechas de residencia indocumentada, a pleno arbitrio del agente policial. Asimismo, habilitaba a mantener en la cárcel a los sospechosos durante el tiempo que se requiriese para comprobar su documentación.

El criterio tan laxo de la “sospecha razonable” abría la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales. O lo que es lo mismo decir, alimentaba las tendencias racistas de la clase media norteamericana; tendencias de cuya buena salud tenemos lamentables ejemplos a diario.

La promulgación de la Ley Arizona desencadenó una movilización de los colectivos latinos, el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales, la manifestación cotidiana de miles de personas en las afueras del capitolio en Phoenix, las declaraciones de adhesión de funcionarios y de políticos de origen hispano, originales protestas (como la de niños hijos de inmigrantes frente a la Casa Blanca), apelaciones judiciales, y también una marea humana de indocumentados que comenzó a salir de Arizona hacia otros estados fronterizos (se calcula que unos 200.000 se han movido hacia California y Texas, principalmente).

Finalmente, esta efervescencia social obligó a la Administración Obama a tomar la iniciativa. El presidente había incluido el impulso a una ley inmigratoria nacional en su programa de campaña, pero las batallas contra la reforma sanitaria y algunos reveses electorales -como la pérdida del senador por Massachusetts- le insumieron la mayor parte de la legislatura. Optó por presentar una demanda de inconstitucionalidad en el juzgado de Susan Bolton, y acertó.

Comienza ahora una batalla extensa y enredada en los tribunales (seguramente todos apelarán, Brewer, el gobierno, los hispanos), pero no será la arena legal sino la política donde se den las mayores escaramuzas. Obama necesita el voto latino, pero también es plenamente consciente del inmenso apoyo popular que tiene la Ley Arizona y lo que ella supone.

Posiblemente el presidente se arriesgue y presente al Congreso, antes de las elecciones legislativas de mediado de mandato, un proyecto de ley migratoria a nivel nacional. Pero tiene poco tiempo y los números muy justos.

Mientras comienza hoy mismo la campaña electoral, con la Ley Arizona y la suspensión de la jueza Bolton como acicates, la caliente frontera sur se toma un respiro. Apenas un respiro.

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nelson.specchia@gmail.com

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Obaja corteja a los hispanos (03 07 10)

OBAMA CORTEJA A LOS INMIGRANTES HISPANOS CON UNA NUEVA PROPUESTA

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El presidente afirma que la inmigración debe asumirse como política de Estado

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En un nuevo enfrentamiento con los sectores más duros de la oposición republicana, en la víspera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, manifestó su voluntad de encarar una reforma integral de la inmigración en el gran país del Norte.

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El gesto de Obama está especialmente dirigido a la comunidad hispana, que ya implica a un sector cuantitativamente determinante en cualquier escenario electoral, y que ha sentido sus derechos conculcados en las últimas normativas sobre inmigración aprobadas en los estados sureños, como la polémica ley anti inmigratoria de Arizona, que “pone una enorme presión contra las fuerzas del orden locales, que se ven obligadas a hacer cumplir leyes de cumplimiento imposible”, sostuvo el presidente.

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La decisión del jefe del gobierno, anunciada ante un selecto auditorio en la American University, en Washington, reviste un aspecto básicamente simbólico, dado que las posibilidades de que el Congreso se aboque a su tratamiento y apruebe una legislación sobre el tema durante el presente año son mínimas.

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Sin perder de vista el escenario electoral, que vivirá una nueva ronda en el próximo mes de septiembre, durante el otoño boreal, y en el que se espera que los demócratas sufran una merma en el apoyo de los electores, Obama recordó ayer que las reformas a las leyes de inmigración formaron parte del programa que lo llevó a la presidencia, durante la campaña de 2008, y apeló a que el tema sea considerado como una cuestión de Estado, en la que se impliquen los legisladores del oficialismo y de la oposición republicana. “La reforma que le otorga responsabilidad a nuestro sistema de inmigración no puede ser aprobado sin los votos republicanos, esa es la realidad política y matemática”, agregó el presidente, que en un inusitado gesto de acercamiento a la minoría republicana en el Congreso, elogió a su antecesor, George W. Bush, calificándolo de “valiente” por trabajar en una reforma inmigratoria mientras estuvo en su cargo.

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Los Estados Unidos, un país de aluvión que ha basado el crecimiento de su economía en las enormes oleadas inmigratorias, mantiene un volumen de hombres y mujeres en situación ilegal que se calcula en unos doce millones de personas. Frente a esta realidad, desde la Casa Blanca se intenta impulsar un programa que permita a estos trabajadores indocumentados –sin antecedentes policiales- aprender el idioma inglés y convertirse en ciudadanos.

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Complementariamente, y en un gesto hacia los electores de los estados sureños que apoyan las restricciones a la inmigración, el gobierno propone endurecer la seguridad fronteriza y castigar a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

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En mayo pasado, Barack Obama hizo pública su pretensión de tratar la reforma inmigratoria este año, pero con la cuestión energética, la reforma financiera y la crisis económica obligando a reformular las prioridades de la Administración, es poco probable que consiga mantener el tema inmigratorio en el centro de la agenda política.

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Se expande el rechazo a la ley de Arizona (12 05 10)

SE EXTIENDE POR ESTADOS UNIDOS EL RECHAZO A LA LEY ANTI-INMIGRACIÓN

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La polémica norma aprobada en Arizona moviliza a la colectividad latina

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La inmigración latina en los Estados Unidos, que ha constituido un flujo humano permanente y masivo hacia el país del Norte desde la segunda mitad del siglo XX, ha generado un colectivo con capacidad para influir en los rumbos políticos de varios estados, en especial en los sureños limítrofes con México, y en los de la costa del Pacífico.

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Esta capacidad de “lobby” de la comunidad hispana se pone a prueba en estos días, en los que no amainan las protestas y la contestación social a la ley anti inmigración sancionada recientemente por la gobernadora republicana del estado de Arizona, Jan Brewer.

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La norma -que aún no ha entrado en vigor y que recibió críticas de todo el espectro político nacional, incluido el presidente Barack Obama- criminaliza a los inmigrantes indocumentados y otorga poderes discrecionales a las policías locales, ordenándoles detener a cualquier persona de la que se sospeche pueda ser un inmigrante, y detenerla aunque no haya incurrido en ninguna actividad ilegal.

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Por esta lógica, la norma ha sido acusada de racista. La fuerte protesta iniciada en Phoenix, Arizona, se extiende por los estados vecinos, y ha llegado con fuerza a California, otro de los territorios norteamericanos donde la comunidad latina es numéricamente considerable.

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Ayer, los concejales municipales de San Francisco aprobaron, por abrumadora mayoría de 10 votos a 1, un boicot contra Arizona en razón de la controversial ley anti inmigratoria. La resolución llama a que la ciudad californiana evite firmar ningún contrato con empresas con sede en Arizona, y que no se envíen funcionarios locales ni empleados públicos en ningún tipo de colaboración con el estado vecino. Además, el concejo municipal estudia las maneras de discontinuar los contratos californianos firmados con compañías que tengan su sede en Arizona.

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David Campos, autoridad municipal de San Francisco, de ascendencia hispana y auspiciante de la medida, afirmó que “se trata de enviar un mensaje muy claro, de que si un estado aprueba una ley que es tan atroz como esta, el pueblo de buena conciencia en otras partes del país tiene una obligación, una responsabilidad, de hablar fuerte y no quedarse callado”.

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Junto a la resolución de San Francisco, organizaciones civiles y laborales de otros estados norteamericanos convocaron a sumarse a un boicot económico contra Arizona, absteniéndose de adquirir productos o viajar al estado del suroeste hasta que no se revierta la ley. Otras grandes ciudades norteamericanas, como Los Ángeles, Chicago y la propia capital federal, Washington, estudian medidas similares, afirmó el concejal Campos.

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USA: La “portación de rostro” latino, criminalizada (25 04 10)

LA INMIGRACIÓN HISPANA ABRE UN NUEVO FRENTE EN ESTADOS UNIDOS

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A pesar de la fuerte oposición del presidente Barack Obama, la gobernadora del estado sureño de Arizona, Jan Brewer, del Partido Republicano, promulgó ayer la nueva ley migratoria de su estado, fronterizo con México, que penaliza a quien esté ilegalmente en el territorio estadounidense, en un acto que ha generado el repudio interno de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la contestación diplomática y civil de diversos Estados de América latina cuyos nacionales integran colectivos numerosos de migrantes hacia los Estados Unidos.

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El presidente Obama había intentado detener la promulgación de la iniciativa legislativa, tachándola de “acto irresponsable”, ya que socava “las nociones básicas de justicia” del sistema norteamericano, al criminalizar a nivel estatal a toda persona que no posea documentos en regla. La nueva ley, además, habilita a las fuerzas policiales estaduales, con amplios criterios discrecionales, para detener a toda persona sobre la cual recaiga la sospecha de ser un inmigrante, lo que convierte a toda la población latinoamericana, por sus propios rasgos físicos, en potenciales sospechosos para los cuerpos policiales.

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Diversas organizaciones civiles norteamericanas se expresaron en contra de la nueva normativa, ya que –argumentan- podría derivar en actos de discriminación generalizada de los habitantes, a raíz de su aspecto físico u origen étnico. Para la Unión de Libertades Civiles, la ley “no sólo autorizó la violación de los derechos de millones de personas viviendo y trabajando aquí, sino también le dio a cada agencia policíaca en Arizona la orden de acosar a cualquier persona que parezca o suene como extranjero.” Los republicanos, en cambio, festejaron la promulgación de Brewer, que utilizó el acto para abrir un nuevo frente contra la Administración demócrata: desafiando a Obama, trasmitió el acto de la firma en directo por la televisión.

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Arizona, con una larga frontera con México, es uno de los pasos más activos de migrantes; en el estado residen unos 460.000 “sin papeles”, de los 11 millones en esa situación a nivel nacional. Los colectivos de migrantes indocumentados son principalmente mexicanos, pero también guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, entre otros. La ley provocó protestas diplomáticas de todos estos países, la cancillería de México declaró que la medida –que entrará en vigor en 90 días- es “un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza, y en América del Norte en su conjunto.”

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nelson.specchia@gmail.com

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http://www.hoydia.com.ar

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Europa – África: La difícil vecindad (27 12 07)

Publicado en “Hoy Día Córdoba” . (27 de diciembre, 2007)
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EUROPA – AFRICA:

LA DIFICIL VECINDAD

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por Nelson Specchia

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La Unión Europea, una de las más firmes avanzadas del mundo desarrollado, no logra acertar el rumbo en las relaciones con su inmenso vecino del sur, el continente africano, que sigue ocupando siempre el vagón de cola de cualquier medición sobre crecimiento económico, justicia, desarrollo, derechos humanos, salud, estabilidad política, o paz social.

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A pesar del inmenso lastre que estos indicadores imponen a los países africanos, los temas principales de la agenda internacional, como el cambio climático, el crecimiento del terrorismo de base islámica, las reservas energéticas globales, o la sangría permanente de inmigración ilegal hacia el norte –temas todos que cruzan de alguna manera por el continente negro-, imponen la presencia de la región en las consideraciones estratégicas del “primer mundo”.

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Europa, además de la cercanía geográfica que la convierte en destino privilegiado de las actuales masas de migrantes (10 millones de jóvenes africanos ya se han trasladado al viejo continente, utilizando a España e Italia como principales puertas de entrada), reconoce una deuda histórica con África: la actual atomización política y social africana tiene un precedente determinante en el colonialismo extractivo europeo de los siglos XVIII y XIX. Un proceso colonial que sucedió –a su vez- al rapto de inmensos contingentes de mano de obra esclava perpetrado por las mismas potencias europeas en los siglos anteriores.

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Esta responsabilidad histórica y esta importancia estratégica creciente, hacen que la atención de las cancillerías europeas, y un capítulo entero de la política exterior de la Unión Europa como organización, centren su mirada en la costa sur del Mediterráneo. Procesos como la Conferencia Euromediterránea, que se lanzó por iniciativa de Felipe González en Barcelona en 1995, o la propuesta del presidente francés Nicolás Sarkozy del pasado mes de mayo, de creación de una Unión Mediterránea entre los países europeos y africanos ribereños de ambas costas, apuntan en ese sentido.

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A principios de este mes de diciembre, la diplomacia de la Unión Europea convocó a una Cumbre en Lisboa. Portugal detenta la presidencia semestral de la organización continental, y el primer ministro luso, José Sócrates, recibió en la capital portuguesa a cerca de ochenta jefes de Estado y de gobierno, europeos y africanos, incluyendo al líder libio Muammar el Gaddafi, que no es ni jefe de Estado ni de gobierno, sino simplemente “Gran Hermano de la Revolución”.

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Gaddafi, con sus movimientos estrafalarios (tres grandes aviones para movilizar a una comitiva de más de cien personas, y la necesidad de proveerle un espacio verde allá adonde vaya, para que instale su tienda de beduino –la “jaima”-, único lugar donde acepta residir, siguiendo la tradición de las tribus del desierto), ha dado el toque de color a la reunión. Pero más allá de su presencia y sus encendidos discursos anticolonialistas, (“Europa debe devolver los recursos robados a África… o bien invitar a los africanos a Europa”) la Cumbre entre los difíciles vecinos mediterráneos ha intentado colocar nuevamente en agenda los temas más acuciantes para los africanos; los que, a su vez, impactan directamente en las consideraciones de seguridad interna de la organización europea.

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Por ello el lema convocante de la Cumbre ha sido “paz y seguridad”, y la UE ha expresado que la reunión –primera tras siete años de inactividad bilateral- intenta establecer nuevas modalidades en la relación entre ambas costas, en un plano de mayor horizontalidad, y donde los vestigios de aquella historia de colonialismo y sumisión sean definitivamente enterrados. Esta nueva relación dialogal entre vecinos, aseguran, redundará en beneficio mutuo, al colaborar con el desarrollo de los países africanos, y regularizar los masivos movimientos migratorios ilegales hacia el norte.

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La realidad de la política internacional es siempre más compleja que las buenas intenciones expresadas en el plano discursivo. A principios del año próximo expiran los acuerdos comerciales de Cotonou –que regulan las transacciones de comercio exterior entre los países africanos y Europa-, y la UE espera firmar unos nuevos tratados con los vecinos del sur antes del 31 de diciembre de este año. Estas nuevas propuestas de acuerdos pretenden la reducción recíproca –con vistas a la supresión total- de aranceles y cuotas de importación de productos básicos y manufacturados, entre ambas partes.

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Como vienen expresando diversas organizaciones vinculadas a la ayuda social en África, como la ONG de los jesuitas catalanes “Intermon”, una liberación comercial rápida entre dos socios de desarrollo tan diametralmente desigual, implicará pérdidas enormes para los productores africanos, especialmente en el sector de la agricultura, que sigue estando fuertemente subvencionada en Europa por vía de la PAC (Política Agraria Común).

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Una desigualdad, además, incontrastable: la diferencia de renta entre ambas orillas del Mediterráneo es de 14 puntos, la más desigual del mundo; el ingreso per capita de los habitantes del África subsahariana es, en promedio, de 350 dólares al año, 50 veces inferior al de los europeos; 2 de cada 3 enfermos de SIDA del mundo son africanos; la media de esperanza de vida en todo el continente negro es de 46,3 años, para los europeos, de 90 años.

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Y en este contexto tan inequitativo, la filosofía de liberalización comercial, en vez de constituir un factor de crecimiento, justicia e igualdad para las sociedades africanas, puede agudizar aún más su pobreza y marginación.

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Europa debería analizar muy detenidamente las consecuencias a mediano y largo plazo de sus iniciativas para con el gran vecino del sur, y tener presente las lecciones históricas. No sólo es una cuestión estratégica de seguridad interna para la Unión Europea, sino de estricta justicia, e impactará en el rol que la organización continental pretende jugar en la política internacional global.

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Profesor de Política Internacional. Universidad Católica de Córdoba.

París, análisis de las cenizas (05 12 05)

Publicado en La Voz del Interior (05 – diciembre – 2005)

http://www.lavozdelinterior.com.ar/2005/1205/opinion/nota376303_1.htm

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PARÍS, ANALISIS DE LAS CENIZAS

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por Nelson Gustavo Specchia

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(desde Barcelona)

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Cuando las hogueras que calentaron el otoño francés comienzan a abandonar los titulares de la prensa de todo el mundo, pienso que es momento de analizar, con algo más de tranquilidad, algunos de los elementos que han quedado, como brasas latentes, envueltos entre sus cenizas.

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Un primer elemento que debería ser considerado es la propia noción de convivencia social: el Director General de la Policía de París anunció la “vuelta a la normalidad”, dada la disminución de actos vandálicos contra objetivos urbanos, al comprobar que “sólo” se incendian alrededor de 100 vehículos por noche. O sea, lo habitual.

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Un segundo elemento: esta “normalidad” de coches incendiados noche a noche no es, en absoluto, un fenómeno nuevo, sino una metodología de protesta urbana presente en Francia desde hace, al menos, 20 años. Y lejos de remitir o atenuarse, el fenómeno mantiene una terca línea de crecimiento en el tiempo, con picos periódicos de explosión.

Quizá el más inquietante sea el tercer componente de este cuadro de análisis: el que muestra la existencia y crecimiento de experiencias muy cercanas a las que hicieron eclosión estos días, en las barriadas que rodean a las ciudades españolas, holandesas, belgas, británicas, y alemanas.

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Posiblemente no sea una pronóstico optimista, pero sería un descuido no advertir que las chispas que encendieron las hogueras francesas, son las mismas que se pueden detectar en los colectivos magrebíes, subsaharianos, sudamericanos, y turcos –si bien de maneras diversas- en el mapa del bienestar europeo.

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Lo vivido en Francia no ha sido un acontecimiento extraordiario; tal vez la verdadera noticia, lo realmente sorprendente, haya sido la ausencia de una reacción eficiente y profunda del Estado y del gobierno, más allá de la represión policial, las restricciones legales que han comenzado a dibujarse desde el ejecutivo de Dominique de Villepin para desalentar la inmigración, y las expulsiones crecientes de “irregulares” anunciadas por el ministro del Interior, Nicolas Sarcozy. Decisiones de maquillaje, más destinadas a calmar al electorado interno que a atacar el meollo del problema. Las cenizas, no las brasas.

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Si la la rebelión sin jefes ni ideología de los suburbios parisinos no fue inesperada, en realidad tampoco fue un problema francés. Hemos asistido a un pico de virulencia de una situación estructural, permanente, extendida a diversos colectivos sociales, de creciente intensidad, que viene desde tiempo atrás, y que posee un alcance continental. En el nucleo de esta situación problemática se encuentra el fenómeno de la inmigración, y su integración a la sociedad europea.

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El problema es de Europa

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Las Naciones Unidas calculan que aproximadamente un 3 por ciento de la humanidad –unos 200 millones de personas- no vive en el entorno geográfico de su nacimiento, sino que se ha desplazado a otros países, para mejorar su existencia, o simplemente para que esa existencia sea posible. Esta es la enorme masa de migrantes, el fenómeno sociológico que será determinante en la composición y readaptación de las estructuras políticas y económicas del tiempo que vivimos.

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Es un fenómeno de alcances aún desconocidos, no así sus causas. A mediados del siglo pasado, con la alteración política internacional que emergió de la segunda guerra mundial, el principal motivo de desplazamiento de grandes grupos sociales –étnica y religiosamente homogéneos- fueron los procesos de descolonización. Allí Europa recibió su primera gran oleada de inmigrantes, procedentes desde sus propios territorios de ultramar.

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En los años de plomo en América latina, con dictaduras militares extendidas en todo el continente, las persecuciones ideológicas de los años 70 y 80 generaron una nueva expulsión social, y nuevamente fue Europa la receptora de esta inmigración, de raíz política.

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Pero, a diferencia de estos movimientos anteriores, el actual flujo migratorio tiene causas económicas (siguen existiendo las políticas, las raciales, y otras diversas, pero con incidencia más baja). Y Europa vuelve a ser el destino privilegiado por las masas de migrantes, que, además, han aumentado numéricamente: el cálculo de la ONU estima que los desplazamientos eran del orden de un 1,5 por ciento de la población mundial en 1990, o sea, se han duplicado en 15 años, y siguen creciendo.

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La diferencia de renta per capita entre la orilla sur y la orilla norte del Mediterraneo es de 14 puntos, la más desigual del mundo. El ingreso per capita de los habitantes del Africa subsahariana es, en promedio, de 350 dólares al año, 50 veces inferior al de los habitantes de la europea Melilla, por ejemplo. Y ese abismo económico sólo está separado por una valla de 6 metros de alto.

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Los gobiernos europeos, en tanto, se debaten en lo que me parece un dilema de alambre (no diría de acero, porque sabemos que se ha de cortar por algún punto, y más temprano que tarde): por un lado, apelan a la ley, al poder de policía, a los controles aduaneros, a las expulsiones y a las vallas, para mantener las fronteras cerradas a esa avalancha de pobres. Pero, al mismo tiempo, requieren de esa mano de obra inmigrante para mantener sus economías en funcionamiento (ingresan al circuito productivo por la puerta clandestina, pero tolerada), así como necesitan de esos hombres y mujeres para revertir las pirámides demográficas de una comunidad envejecida (en menos de 50 años, los trabajadores activos europeos serán la misma cantidad que los trabajadores jubilados, haciendo insostenible el sistema de seguridad social).

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Este dilema se expresa, en la práctica, en decisiones de gobierno erráticas y de corto plazo, de tinte electoralista, imbuídas del discurso del aumento de la seguridad (un retorno a las concepciones hobbesianas del Estado, donde el miedo de unos ciudadanos contra otros es lo que legitima la política), y de la potencial amenaza terrorista (que, por su parte, se vincula genéricamente y sin discriminar demasiado con todo lo que suene a árabe o musulmán).

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Si empujados por el flujo migratorio de nuestro tiempo, sorteando penurias y obstáculos, realizando sacrificios mayúsculos (incluso inverosímiles, como cruzar un desierto a pie durante un par de años), logran traspasar los múltiples frenos burocráticos que los países del capitalismo avanzado le oponen, y se asientan en el lugar de destino, intentan integrarse, y al cabo de una o dos generaciones siguen viendo cerradas las puertas del progreso personal, sufriendo segregación y marginación por sus orígenes, la frustración ha de ser muy grande.

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Una frustración que no puede sorprender si se expresa de manera violenta.

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Algunas de estas brasas permanecen ardiendo bajo las cenizas del otoño parisino.

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