Arizona, frontera (menos) caliente
por Nelson Gustavo Specchia
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Finalmente, la jueza Susan Bolton lo hizo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la polémica ley SB1070, ya conocida por todos como Ley Arizona, emitió un fallo suspendiendo las medidas tachadas de racistas y xenófobas por una parte importante de la opinión pública, especialmente los miembros de la populosa colectividad latina. La policía no podrá utilizar la figura de “sospecha razonable” (o sea: color de piel y rasgos hispanos) para detener a una persona y encarcelarla si no tuviera la documentación en regla.
El fallo federal constituye un serio revés para la derecha republicana, y un alivio para el presidente Barack Obama, que apeló la constitucionalidad de la Ley Arizona. En todo caso, un alivio momentáneo, porque la norma, aunque atenuada, entró en vigor este jueves 29 de julio, y con ella se habilita un complejo periplo legal: se apelarán las suspensiones de los artículos frenados, mientras que otros 21 estados norteamericanos planean seguir los pasos de Arizona con similares leyes anti-inmigración.
El crítico interés internacional del tema encuentra su justificativo en el cruzamiento de posturas e intereses, que terminarán impactando en el modelo de convivencia social. Porque tanto la iniciativa de la gobernadora Brewer como el fallo de la jueza Bolton tendrán diversas consecuencias indirectas.
En primer lugar, impactarán en la ampliación (o en el recorte) del espacio político que pretenden ocupar los sectores más reactivos del Partido Republicano, encabezados por el movimiento de los “Tea Party”, con el cual hasta las líneas más moderadas (incluyendo al propio senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain) están siendo empujadas a alinearse. También el resultado de este enfrentamiento enviará una señal a la sociedad civil, cuyas organizaciones han revelado una inédita capacidad de organización y movilización en los últimos meses.
Luego, según cuál sea la dirección en que se resuelva el debate, se sentará jurisprudencia sobre las maneras de enfrentar la enorme carpeta de la inmigración en los Estados Unidos, tanto por los gobiernos estaduales como por Washington: Obama es consciente que una norma general sobre migración es imprescindible, pero en esta legislatura se ha quedado sin el suficiente espacio político para negociarla.
Y –last but not the leaste– la discusión sobre cómo enfrentar el tema migratorio influirá en las elecciones legislativas de mediados de mandato, en las que el primer presidente negro de la historia norteamericana se jugará la integración de las cámaras legislativas con las cuales deberá gobernar los próximos dos años. Una integración parlamentaria que, por lo demás, condicionará las posibilidades de Obama para planear una eventual reelección.
En fin, habiendo tantos intereses cruzados, el debate terminará reflejando las maneras en que los norteamericanos se acomodan para enfrentar una sociedad global con creciente movilidad.
EL ESPEJO DE LA INMIGRACIÓN
Estados Unidos es un país de aluvión. El fenómeno inmigratorio ha estado en el centro de la constitución de la sociedad norteamericana, y tanto la simbología como las políticas lo han reconocido permanentemente. La Estatua de la Libertad, obsequiada por Francia en 1886, se ubicó en la desembocadura del río Hudson, para que sea el símbolo de bienvenida: la libertad como recepción, el primer elemento que veían las oleadas de inmigrantes tras el trayecto marítimo desde el Viejo Mundo. Las políticas, por su parte, en todo momento incentivaron la integración de los “nuevos americanos”, reconociendo el rol central de esta fuerza de trabajo en el crecimiento y expansión del producto nacional. Esta situación se mantuvo, con pocos y leves cambios, hasta principios del siglo XXI.
El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 marcó un punto de inflexión en un amplio abanico de escenarios, y la inmigración no escapó a ese brusco cambio de tendencias. La instalación del miedo al otro, alentada por las medidas histéricas del presidente George W. Bush, provocó un viraje histórico hacia un aumento en los controles de todo tipo y hacia un cierre social generalizado. Este cambio de ciclo también impactó, con sus notas características propias, en el Sur, donde la larguísima frontera con México ya venía poniendo en evidencia el fin de un esquema de cohabitación entre ambos países.
El desmejoramiento de la sociedad mexicana (desocupación, falta general de oportunidades, aumento de la violencia y la criminalidad, y sostenidos índices de crecimiento demográfico, entre otras), aunado a la diferencia de renta entre las dos riberas del Río Bravo, empujaron una nueva ola de migrantes hacia el norte.
Estos grupos de mexicanos –principalmente, pero también centroamericanos que llegan vía México- que pasan la frontera, tienden a asentarse en los territorios vecinos de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Estados que (como la península de Florida, en el sureste) poseen una importante carga cultural hispánica. Por eso no ha sido casual que en estos estados hiciera eclosión el debate sobre la inmigración legal: como una manera de aumentar el control contra el crimen, según unos; como un discurso seguratista, xenófobo y expulsivo, según sus críticos.
BREWER, PRECURSORA
Arizona, que hoy se coloca en la hora cero de aplicación de la ley anti inmigratoria, marcó la punta. En su territorio se calcula que se han asentado unos 460.000 inmigrantes –casi todos ellos hispanos- sin los documentos de ingreso y permisos de trabajo en regla, de los 12 millones que estarían en esta situación en todo el país.
En Phoenix, la gobernadora Jan Brewer asumió la voz cantante de los sectores más duros dentro de los republicanos, y promulgó en abril pasado la que se anuncia como primera de una larga serie de normativas, especialmente en los estados gobernados por los conservadores. La norma fijaba que la policía tendría la obligación (no sólo la posibilidad) de comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que en apariencia pudiese ser objeto de sospechas de residencia indocumentada, a pleno arbitrio del agente policial. Asimismo, habilitaba a mantener en la cárcel a los sospechosos durante el tiempo que se requiriese para comprobar su documentación.
El criterio tan laxo de la “sospecha razonable” abría la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales. O lo que es lo mismo decir, alimentaba las tendencias racistas de la clase media norteamericana; tendencias de cuya buena salud tenemos lamentables ejemplos a diario.
La promulgación de la Ley Arizona desencadenó una movilización de los colectivos latinos, el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales, la manifestación cotidiana de miles de personas en las afueras del capitolio en Phoenix, las declaraciones de adhesión de funcionarios y de políticos de origen hispano, originales protestas (como la de niños hijos de inmigrantes frente a la Casa Blanca), apelaciones judiciales, y también una marea humana de indocumentados que comenzó a salir de Arizona hacia otros estados fronterizos (se calcula que unos 200.000 se han movido hacia California y Texas, principalmente).
Finalmente, esta efervescencia social obligó a la Administración Obama a tomar la iniciativa. El presidente había incluido el impulso a una ley inmigratoria nacional en su programa de campaña, pero las batallas contra la reforma sanitaria y algunos reveses electorales -como la pérdida del senador por Massachusetts- le insumieron la mayor parte de la legislatura. Optó por presentar una demanda de inconstitucionalidad en el juzgado de Susan Bolton, y acertó.
Comienza ahora una batalla extensa y enredada en los tribunales (seguramente todos apelarán, Brewer, el gobierno, los hispanos), pero no será la arena legal sino la política donde se den las mayores escaramuzas. Obama necesita el voto latino, pero también es plenamente consciente del inmenso apoyo popular que tiene la Ley Arizona y lo que ella supone.
Posiblemente el presidente se arriesgue y presente al Congreso, antes de las elecciones legislativas de mediado de mandato, un proyecto de ley migratoria a nivel nacional. Pero tiene poco tiempo y los números muy justos.
Mientras comienza hoy mismo la campaña electoral, con la Ley Arizona y la suspensión de la jueza Bolton como acicates, la caliente frontera sur se toma un respiro. Apenas un respiro.
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nelson.specchia@gmail.com
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