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¿Vuelve el PRI a México? (08 07 11)

¿Vuelve el PRI a México?

por Nelson Gustavo Specchia

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Las elecciones del domingo pasado, en tres estados de México, vinieron a corroborar una tendencia que se presenta sostenida en los últimos años: el paulatino –pero sólido- regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las máximas instancias de gobierno. Un fenómeno político fascinante y complejo, que permite comprender muchas de las variables que cruzan el escenario del gigante país latino de Norteamérica, y que al mismo tiempo ofrece una perspectiva del futuro de mediano plazo mexicano. Porque si el PRI, que modeló la vida institucional desde la revolución, ha incorporado en esta década fuera del poder elementos modernizantes y democratizadores en sus estructuras internas y en sus líneas programáticas, su regreso al gobierno supondrá un avance cualitativo para la sociedad mexicana, que no tardará, también, en impactar en este nuevo tiempo de concierto y entendimiento regional latinoamericano. Si, por el contrario, el retorno de la vieja agrupación revolucionaria implica una vuelta al histórico clientelismo y a la identificación del partido con el Estado, que fue la deriva que sufrió el PRI tras setenta años en el uso exclusivo del poder, la democracia mexicana habrá dado varios pasos atrás, y esos pasos también impactarán –aunque de una manera negativa- en el contexto regional.

En las elecciones de este domingo el PRI arrasó, en lo que se presenta como un testeo del clima electoral nacional, aunque estuvieran reducidas a tres provincias: el estado de México (numéricamente el más importante del país); Coahuila y Nayarit, de menor relevancia. Pero en estos distritos ha vuelto a evidenciarse el sostenido crecimiento del viejo priísmo, que viene tomando forma al mismo tiempo –y casi con la misma velocidad- en que la imagen del actual presidente, Felipe Calderón, y del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), caen estrepitosamente y sin perspectivas de detener esa caída en algún momento.

EL HIJO PRÓDIGO

Durante casi un siglo, el PRI fue la forma de la política desde California a Guatemala. Al final de las luchas y los enfrentamientos civiles de la Revolución Mexicana –una de las grandes revoluciones mundiales del siglo XX, junto a la bolchevique y a la china- los líderes guerrilleros zapatistas y los intelectuales afines a ellos decidieron consolidar una agrupación política que impusiera la paz, gestionara las estrategias de desarrollo, y asegurara la distribución de las riquezas de ese Estado naciente. Esa decisión, sin embargo, se encontró con unas condiciones de pauperización y atomización social, caciquismos locales y debilidades educativas que dificultarían el establecimiento de un sistema participativo y democrático formal en términos occidentales y modernos. Esa élite, por ello, fue creando una vía propia, por la que se aseguraban derechos sociales y económicos, aunque se resignaban derechos políticos. Una democracia social de partido único. Y el instrumento de esa idea fue el Partido Revolucionario Institucional, que como su propio nombre lo indicaba, era la utopía de afianzar de forma permanente (o sea, institucionalizar) un fenómeno político que por definición es momentáneo y fugaz (la emergencia revolucionaria).

En definitiva, tras lograr la paz social, en 1929 el PRI se hizo cargo del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y se mantuvo en el poder hasta el año 2000. En un período tan largo, y sin una oposición real, el ejercicio –pero también el goce- del poder fueron minando las estructuras y los programas originariamente socialistas, y por esas grietas comenzó a filtrarse la corrupción, como en cualquier modelo totalitario. La lucha política no se daba en las instancias públicas, sino al interior del propio partido: al estar identificado con el Estado, ganar las internas partidarias implicaba, necesariamente, asegurarse la conducción del país. Al no estar controladas por los resortes constitucionales, estas disputas por el poder fueron haciéndose cada vez más violentas, e inclusive llegaron al asesinato de candidatos a la presidencia, ya para entonces demasiado parecida a un trono monárquico.

Además, la combinación entre partido único, luchas intestinas y corrupción, fue creando una clase social propia, integrada por la élite priísta, los caciques gremiales insertos en la estructura del Estado, y los altos funcionarios, que –al no haber recambios de administraciones- permanecían en ejercicio durante toda la vida. Y la distribución de favores y prebendas, junto a ciertas debilidades en las políticas macroeconómicas de desarrollo regional, y al crecimiento del narcotráfico, fueron abriendo una brecha entre los “dos Méxicos”. Y la brecha terminó con el dominio hegemónico del PRI en el año 2000.

FRACASO DE LA DERECHA         

Esa dualidad al interior social de un país inmenso se puso en evidencia, precisamente, en las últimas elecciones presidenciales. México es uno de los países más grandes del mundo, un gigante de dos millones de kilómetros cuadrados y con más de 112 millones de habitantes. Y en esta ingente masa de votantes, desde que el PRI fue desbancado por el “charro” Vicente Fox, los principales candidatos a la presidencia apenas logran diferencias de unos doscientos mil votos entre ellos. Dos mitades prácticamente idénticas, pero también antagónicas.

La derecha católica del PAN logró terminar con la hegemonía que el PRI había detentado durante 70 años, pero después de esa hazaña, prácticamente no hubo nada más. Para recuperar un tanto la iniciativa política, y para revalidar una presidencia muy cuestionada en su origen (apenas medio punto de ventaja sobre el candidato de la izquierda del PRD, Andrés Manuel López Obrador, que denunció el fraude), cuando Felipe Calderón reemplazó a Vicente Fox, decidió aumentar su legitimidad declarando la guerra al narcotráfico.

Enfrentar a los carteles de la droga, que utilizan la frontera mexicana como la principal plataforma para introducir cocaína y marihuana en Estados Unidos, era una medida que, sin duda, el gobierno debía asumir en algún momento, ya que una parte del país comenzaba a estar bajo el arbitrio total del “narco”. Pero fue una decisión efectista y mal calculada. No se midieron los riesgos y la capacidad real del enemigo interno, y Calderón no sólo no ha podido ganar esa guerra que declaró temerariamente, sino que ha estado a punto de perderla en varias ocasiones. Cargando sobre las espaldas la responsabilidad de matanzas masivas (más de 40.000 muertos desde la declaración de guerra al “narco”) y la instalación de un sistema de terror que no reconoce límites, y que en su encerrona sólo atina a matar cada vez más, el gobierno de Calderón transita un desgaste tan acelerado que, como pudo verse en las elecciones estaduales de este domingo, puede llegar a desaparecer como opción en las elecciones presidenciales de 2012. De hecho, ni siquiera tiene aún un candidato visible.

No hay vacío de poder, en todo caso. Lo que los mexicanos parecen estar diciendo en las elecciones regionales, es que prefieren un gobierno fuerte y con experiencia de gestión, a la improvisación de la derecha católica que durante esta década sólo ha conseguido ensayar alternativas que, a la larga, terminaron siendo vías muertas.

Si en esta década que ha estado fuera del poder, el PRI ha hecho un aprendizaje interno y está dispuesto a introducir mecánicas democráticas reales en un sistema abierto de partidos múltiples, su experiencia de gestión y el claro ejercicio de la autoridad lo dejan inmejorablemente situado para volver al poder en 2012.

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[ publicado en el suplemento Magazine, del diario Hoy Día Córdoba, viernes 8 de julio de 2011 ]

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nelson.specchia@gmail.com

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Arizona, frontera (menos) caliente (30 07 10)

Arizona, frontera (menos) caliente

por Nelson Gustavo Specchia

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Finalmente, la jueza Susan Bolton lo hizo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la polémica ley SB1070, ya conocida por todos como Ley Arizona, emitió un fallo suspendiendo las medidas tachadas de racistas y xenófobas por una parte importante de la opinión pública, especialmente los miembros de la populosa colectividad latina. La policía no podrá utilizar la figura de “sospecha razonable” (o sea: color de piel y rasgos hispanos) para detener a una persona y encarcelarla si no tuviera la documentación en regla.

El fallo federal constituye un serio revés para la derecha republicana, y un alivio para el presidente Barack Obama, que apeló la constitucionalidad de la Ley Arizona. En todo caso, un alivio momentáneo, porque la norma, aunque atenuada, entró en vigor este jueves 29 de julio, y con ella se habilita un complejo periplo legal: se apelarán las suspensiones de los artículos frenados, mientras que otros 21 estados norteamericanos planean seguir los pasos de Arizona con similares leyes anti-inmigración.

El crítico interés internacional del tema encuentra su justificativo en el cruzamiento de posturas e intereses, que terminarán impactando en el modelo de convivencia social. Porque tanto la iniciativa de la gobernadora Brewer como el fallo de la jueza Bolton tendrán diversas consecuencias indirectas.

En primer lugar, impactarán en la ampliación (o en el recorte) del espacio político que pretenden ocupar los sectores más reactivos del Partido Republicano, encabezados por el movimiento de los “Tea Party”, con el cual hasta las líneas más moderadas (incluyendo al propio senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain) están siendo empujadas a alinearse. También el resultado de este enfrentamiento enviará una señal a la sociedad civil, cuyas organizaciones han revelado una inédita capacidad de organización y movilización en los últimos meses.

Luego, según cuál sea la dirección en que se resuelva el debate, se sentará jurisprudencia sobre las maneras de enfrentar la enorme carpeta de la inmigración en los Estados Unidos, tanto por los gobiernos estaduales como por Washington: Obama es consciente que una norma general sobre migración es imprescindible, pero en esta legislatura se ha quedado sin el suficiente espacio político para negociarla.

Y –last but not the leaste– la discusión sobre cómo enfrentar el tema migratorio influirá en las elecciones legislativas de mediados de mandato, en las que el primer presidente negro de la historia norteamericana se jugará la integración de las cámaras legislativas con las cuales deberá gobernar los próximos dos años. Una integración parlamentaria que, por lo demás, condicionará las posibilidades de Obama para planear una eventual reelección.

En fin, habiendo tantos intereses cruzados, el debate terminará reflejando las maneras en que los norteamericanos se acomodan para enfrentar una sociedad global con creciente movilidad.

EL ESPEJO DE LA INMIGRACIÓN

Estados Unidos es un país de aluvión. El fenómeno inmigratorio ha estado en el centro de la constitución de la sociedad norteamericana, y tanto la simbología como las políticas lo han reconocido permanentemente. La Estatua de la Libertad, obsequiada por Francia en 1886, se ubicó en la desembocadura del río Hudson, para que sea el símbolo de bienvenida: la libertad como recepción, el primer elemento que veían las oleadas de inmigrantes tras el trayecto marítimo desde el Viejo Mundo. Las políticas, por su parte, en todo momento incentivaron la integración de los “nuevos americanos”, reconociendo el rol central de esta fuerza de trabajo en el crecimiento y expansión del producto nacional. Esta situación se mantuvo, con pocos y leves cambios, hasta principios del siglo XXI.

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 marcó un punto de inflexión en un amplio abanico de escenarios, y la inmigración no escapó a ese brusco cambio de tendencias. La instalación del miedo al otro, alentada por las medidas histéricas del presidente George W. Bush, provocó un viraje histórico hacia un aumento en los controles de todo tipo y hacia un cierre social generalizado. Este cambio de ciclo también impactó, con sus notas características propias, en el Sur, donde la larguísima frontera con México ya venía poniendo en evidencia el fin de un esquema de cohabitación entre ambos países.

El desmejoramiento de la sociedad mexicana (desocupación, falta general de oportunidades, aumento de la violencia y la criminalidad, y sostenidos índices de crecimiento demográfico, entre otras), aunado a la diferencia de renta entre las dos riberas del Río Bravo, empujaron una nueva ola de migrantes hacia el norte.

Estos grupos de mexicanos –principalmente, pero también centroamericanos que llegan vía México- que pasan la frontera, tienden a asentarse en los territorios vecinos de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Estados que (como la península de Florida, en el sureste) poseen una importante carga cultural hispánica. Por eso no ha sido casual que en estos estados hiciera eclosión el debate sobre la inmigración legal: como una manera de aumentar el control contra el crimen, según unos; como un discurso seguratista, xenófobo y expulsivo, según sus críticos.

BREWER, PRECURSORA

Arizona, que hoy se coloca en la hora cero de aplicación de la ley anti inmigratoria, marcó la punta. En su territorio se calcula que se han asentado unos 460.000 inmigrantes –casi todos ellos hispanos- sin los documentos de ingreso y permisos de trabajo en regla, de los 12 millones que estarían en esta situación en todo el país.

En Phoenix, la gobernadora Jan Brewer asumió la voz cantante de los sectores más duros dentro de los republicanos, y promulgó en abril pasado la que se anuncia como primera de una larga serie de normativas, especialmente en los estados gobernados por los conservadores. La norma fijaba que la policía tendría la obligación (no sólo la posibilidad) de comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que en apariencia pudiese ser objeto de sospechas de residencia indocumentada, a pleno arbitrio del agente policial. Asimismo, habilitaba a mantener en la cárcel a los sospechosos durante el tiempo que se requiriese para comprobar su documentación.

El criterio tan laxo de la “sospecha razonable” abría la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales. O lo que es lo mismo decir, alimentaba las tendencias racistas de la clase media norteamericana; tendencias de cuya buena salud tenemos lamentables ejemplos a diario.

La promulgación de la Ley Arizona desencadenó una movilización de los colectivos latinos, el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales, la manifestación cotidiana de miles de personas en las afueras del capitolio en Phoenix, las declaraciones de adhesión de funcionarios y de políticos de origen hispano, originales protestas (como la de niños hijos de inmigrantes frente a la Casa Blanca), apelaciones judiciales, y también una marea humana de indocumentados que comenzó a salir de Arizona hacia otros estados fronterizos (se calcula que unos 200.000 se han movido hacia California y Texas, principalmente).

Finalmente, esta efervescencia social obligó a la Administración Obama a tomar la iniciativa. El presidente había incluido el impulso a una ley inmigratoria nacional en su programa de campaña, pero las batallas contra la reforma sanitaria y algunos reveses electorales -como la pérdida del senador por Massachusetts- le insumieron la mayor parte de la legislatura. Optó por presentar una demanda de inconstitucionalidad en el juzgado de Susan Bolton, y acertó.

Comienza ahora una batalla extensa y enredada en los tribunales (seguramente todos apelarán, Brewer, el gobierno, los hispanos), pero no será la arena legal sino la política donde se den las mayores escaramuzas. Obama necesita el voto latino, pero también es plenamente consciente del inmenso apoyo popular que tiene la Ley Arizona y lo que ella supone.

Posiblemente el presidente se arriesgue y presente al Congreso, antes de las elecciones legislativas de mediado de mandato, un proyecto de ley migratoria a nivel nacional. Pero tiene poco tiempo y los números muy justos.

Mientras comienza hoy mismo la campaña electoral, con la Ley Arizona y la suspensión de la jueza Bolton como acicates, la caliente frontera sur se toma un respiro. Apenas un respiro.

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nelson.specchia@gmail.com

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