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Obama intenta seducir a los latinos (13 05 11)

Obama vuelve a colocar el tema migratorio en la agenda

En la Unión Europea avanza el proyecto de endurecer los requisitos para el ingreso   

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EL PASO (TEXAS), BRUSELAS.- En una nueva muestra del aprovechamiento de los tiempos políticos, el presidente estadounidense Barack Obama ha hecho coincidir el momento de pico de popularidad que le otorgan las mediciones de opinión al interior de los Estados Unidos, luego de la operación militar que terminara con la vida del fundador de Al Qaeda en los suburbios de la capital de Pakistán, para volver a instalar uno de los temas más críticos de la genda política y social de su Administración: la cuestión migratoria.

La necesidad de que la primera potencia mundial cuente con una estrategia manejable para los más de once millones de migrantes que residen ilegalmente en su territorio, fue uno de los puntos centrales de la última campaña presidencial, y uno de los elementos que inclinó hacia Obama la preferencia mayoritaria de los inmigrantes, especialmente los miembros de la colectividad hispana, que ya representan una cuota determinante en la población que acude a votar –un acto no obligatorio en el país del Norte- en las elecciones federales.

En esta creciente población de origen latino, en 2007 un 67 por ciento apoyó la candidatura demócrata de Obama, y el presidente ha reconocido públicamente su deuda con el colectivo.

En abril del año pasado, cuando se trató la polémica legislación estadual de Arizona SB 1070, la Casa Blanca se opuso al endurecimiento de condiciones impulsado por la gobernadora Jan Brewer.

Pero a pesar de este gesto, Washington no ha avanzado durante la primera mitad de la presidencia de Obama en una propuesta legislativa que dote a los Estados Unidos, una sociedad de aluvión caracterizada por el ingreso constante de nuevos contingentes de inmigrantes, de una legislación que regule uniformemente el tema.

Dando los primeros pasos en la campaña para las elecciones del próximo año, donde con seguridad el jefe del Ejecutivo se presentará a la reelección para un nuevo período, Barack Obama visitó ayer la fronteriza localidad de El Paso, y desde ese simbólico lugar del borde mexicano ha renovado sus promesas de que se ocupará personalmente del tema.

Sin embargo, las pérdidas de oportunidades ejecutivas y legislativas desde 2007; el no haber plasmado las promesas electorales en ninguna acción política concreta; el aumento de deportaciones (que han crecido en los últimos meses hasta batir récords, alcanzando el año pasado los 393.000 casos); así como el evidente interés por aprovechar electoralmente el tratamiento del tema en esta coyuntura, han provocado más rechazos que adhesiones por parte de los latinos.

En Europa

Por su parte, también en Europa el tema migratorio vuelve a ocupar el centro de la agenda política.

En Bruselas, los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) estaban reunidos anoche para analizar las propuestas de endurecimiento del Acuerdo de Schengen, con una probable reinstalación, de forma extraordinaria, de los controles fronterizos internos entre los países miembros.

El proyecto, que parece agrupar las voluntades mayoritarias de los gobiernos, persigue combatir la entrada al continente de inmigrantes ilegales, especialmente las oleadas de refugiados que huyen del Magreb norafricano.

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en Twitter:   @nspecchia

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Arizona, frontera (menos) caliente (30 07 10)

Arizona, frontera (menos) caliente

por Nelson Gustavo Specchia

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Finalmente, la jueza Susan Bolton lo hizo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la polémica ley SB1070, ya conocida por todos como Ley Arizona, emitió un fallo suspendiendo las medidas tachadas de racistas y xenófobas por una parte importante de la opinión pública, especialmente los miembros de la populosa colectividad latina. La policía no podrá utilizar la figura de “sospecha razonable” (o sea: color de piel y rasgos hispanos) para detener a una persona y encarcelarla si no tuviera la documentación en regla.

El fallo federal constituye un serio revés para la derecha republicana, y un alivio para el presidente Barack Obama, que apeló la constitucionalidad de la Ley Arizona. En todo caso, un alivio momentáneo, porque la norma, aunque atenuada, entró en vigor este jueves 29 de julio, y con ella se habilita un complejo periplo legal: se apelarán las suspensiones de los artículos frenados, mientras que otros 21 estados norteamericanos planean seguir los pasos de Arizona con similares leyes anti-inmigración.

El crítico interés internacional del tema encuentra su justificativo en el cruzamiento de posturas e intereses, que terminarán impactando en el modelo de convivencia social. Porque tanto la iniciativa de la gobernadora Brewer como el fallo de la jueza Bolton tendrán diversas consecuencias indirectas.

En primer lugar, impactarán en la ampliación (o en el recorte) del espacio político que pretenden ocupar los sectores más reactivos del Partido Republicano, encabezados por el movimiento de los “Tea Party”, con el cual hasta las líneas más moderadas (incluyendo al propio senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain) están siendo empujadas a alinearse. También el resultado de este enfrentamiento enviará una señal a la sociedad civil, cuyas organizaciones han revelado una inédita capacidad de organización y movilización en los últimos meses.

Luego, según cuál sea la dirección en que se resuelva el debate, se sentará jurisprudencia sobre las maneras de enfrentar la enorme carpeta de la inmigración en los Estados Unidos, tanto por los gobiernos estaduales como por Washington: Obama es consciente que una norma general sobre migración es imprescindible, pero en esta legislatura se ha quedado sin el suficiente espacio político para negociarla.

Y –last but not the leaste– la discusión sobre cómo enfrentar el tema migratorio influirá en las elecciones legislativas de mediados de mandato, en las que el primer presidente negro de la historia norteamericana se jugará la integración de las cámaras legislativas con las cuales deberá gobernar los próximos dos años. Una integración parlamentaria que, por lo demás, condicionará las posibilidades de Obama para planear una eventual reelección.

En fin, habiendo tantos intereses cruzados, el debate terminará reflejando las maneras en que los norteamericanos se acomodan para enfrentar una sociedad global con creciente movilidad.

EL ESPEJO DE LA INMIGRACIÓN

Estados Unidos es un país de aluvión. El fenómeno inmigratorio ha estado en el centro de la constitución de la sociedad norteamericana, y tanto la simbología como las políticas lo han reconocido permanentemente. La Estatua de la Libertad, obsequiada por Francia en 1886, se ubicó en la desembocadura del río Hudson, para que sea el símbolo de bienvenida: la libertad como recepción, el primer elemento que veían las oleadas de inmigrantes tras el trayecto marítimo desde el Viejo Mundo. Las políticas, por su parte, en todo momento incentivaron la integración de los “nuevos americanos”, reconociendo el rol central de esta fuerza de trabajo en el crecimiento y expansión del producto nacional. Esta situación se mantuvo, con pocos y leves cambios, hasta principios del siglo XXI.

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 marcó un punto de inflexión en un amplio abanico de escenarios, y la inmigración no escapó a ese brusco cambio de tendencias. La instalación del miedo al otro, alentada por las medidas histéricas del presidente George W. Bush, provocó un viraje histórico hacia un aumento en los controles de todo tipo y hacia un cierre social generalizado. Este cambio de ciclo también impactó, con sus notas características propias, en el Sur, donde la larguísima frontera con México ya venía poniendo en evidencia el fin de un esquema de cohabitación entre ambos países.

El desmejoramiento de la sociedad mexicana (desocupación, falta general de oportunidades, aumento de la violencia y la criminalidad, y sostenidos índices de crecimiento demográfico, entre otras), aunado a la diferencia de renta entre las dos riberas del Río Bravo, empujaron una nueva ola de migrantes hacia el norte.

Estos grupos de mexicanos –principalmente, pero también centroamericanos que llegan vía México- que pasan la frontera, tienden a asentarse en los territorios vecinos de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Estados que (como la península de Florida, en el sureste) poseen una importante carga cultural hispánica. Por eso no ha sido casual que en estos estados hiciera eclosión el debate sobre la inmigración legal: como una manera de aumentar el control contra el crimen, según unos; como un discurso seguratista, xenófobo y expulsivo, según sus críticos.

BREWER, PRECURSORA

Arizona, que hoy se coloca en la hora cero de aplicación de la ley anti inmigratoria, marcó la punta. En su territorio se calcula que se han asentado unos 460.000 inmigrantes –casi todos ellos hispanos- sin los documentos de ingreso y permisos de trabajo en regla, de los 12 millones que estarían en esta situación en todo el país.

En Phoenix, la gobernadora Jan Brewer asumió la voz cantante de los sectores más duros dentro de los republicanos, y promulgó en abril pasado la que se anuncia como primera de una larga serie de normativas, especialmente en los estados gobernados por los conservadores. La norma fijaba que la policía tendría la obligación (no sólo la posibilidad) de comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que en apariencia pudiese ser objeto de sospechas de residencia indocumentada, a pleno arbitrio del agente policial. Asimismo, habilitaba a mantener en la cárcel a los sospechosos durante el tiempo que se requiriese para comprobar su documentación.

El criterio tan laxo de la “sospecha razonable” abría la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales. O lo que es lo mismo decir, alimentaba las tendencias racistas de la clase media norteamericana; tendencias de cuya buena salud tenemos lamentables ejemplos a diario.

La promulgación de la Ley Arizona desencadenó una movilización de los colectivos latinos, el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales, la manifestación cotidiana de miles de personas en las afueras del capitolio en Phoenix, las declaraciones de adhesión de funcionarios y de políticos de origen hispano, originales protestas (como la de niños hijos de inmigrantes frente a la Casa Blanca), apelaciones judiciales, y también una marea humana de indocumentados que comenzó a salir de Arizona hacia otros estados fronterizos (se calcula que unos 200.000 se han movido hacia California y Texas, principalmente).

Finalmente, esta efervescencia social obligó a la Administración Obama a tomar la iniciativa. El presidente había incluido el impulso a una ley inmigratoria nacional en su programa de campaña, pero las batallas contra la reforma sanitaria y algunos reveses electorales -como la pérdida del senador por Massachusetts- le insumieron la mayor parte de la legislatura. Optó por presentar una demanda de inconstitucionalidad en el juzgado de Susan Bolton, y acertó.

Comienza ahora una batalla extensa y enredada en los tribunales (seguramente todos apelarán, Brewer, el gobierno, los hispanos), pero no será la arena legal sino la política donde se den las mayores escaramuzas. Obama necesita el voto latino, pero también es plenamente consciente del inmenso apoyo popular que tiene la Ley Arizona y lo que ella supone.

Posiblemente el presidente se arriesgue y presente al Congreso, antes de las elecciones legislativas de mediado de mandato, un proyecto de ley migratoria a nivel nacional. Pero tiene poco tiempo y los números muy justos.

Mientras comienza hoy mismo la campaña electoral, con la Ley Arizona y la suspensión de la jueza Bolton como acicates, la caliente frontera sur se toma un respiro. Apenas un respiro.

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nelson.specchia@gmail.com

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Obaja corteja a los hispanos (03 07 10)

OBAMA CORTEJA A LOS INMIGRANTES HISPANOS CON UNA NUEVA PROPUESTA

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El presidente afirma que la inmigración debe asumirse como política de Estado

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En un nuevo enfrentamiento con los sectores más duros de la oposición republicana, en la víspera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, manifestó su voluntad de encarar una reforma integral de la inmigración en el gran país del Norte.

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El gesto de Obama está especialmente dirigido a la comunidad hispana, que ya implica a un sector cuantitativamente determinante en cualquier escenario electoral, y que ha sentido sus derechos conculcados en las últimas normativas sobre inmigración aprobadas en los estados sureños, como la polémica ley anti inmigratoria de Arizona, que “pone una enorme presión contra las fuerzas del orden locales, que se ven obligadas a hacer cumplir leyes de cumplimiento imposible”, sostuvo el presidente.

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La decisión del jefe del gobierno, anunciada ante un selecto auditorio en la American University, en Washington, reviste un aspecto básicamente simbólico, dado que las posibilidades de que el Congreso se aboque a su tratamiento y apruebe una legislación sobre el tema durante el presente año son mínimas.

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Sin perder de vista el escenario electoral, que vivirá una nueva ronda en el próximo mes de septiembre, durante el otoño boreal, y en el que se espera que los demócratas sufran una merma en el apoyo de los electores, Obama recordó ayer que las reformas a las leyes de inmigración formaron parte del programa que lo llevó a la presidencia, durante la campaña de 2008, y apeló a que el tema sea considerado como una cuestión de Estado, en la que se impliquen los legisladores del oficialismo y de la oposición republicana. “La reforma que le otorga responsabilidad a nuestro sistema de inmigración no puede ser aprobado sin los votos republicanos, esa es la realidad política y matemática”, agregó el presidente, que en un inusitado gesto de acercamiento a la minoría republicana en el Congreso, elogió a su antecesor, George W. Bush, calificándolo de “valiente” por trabajar en una reforma inmigratoria mientras estuvo en su cargo.

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Los Estados Unidos, un país de aluvión que ha basado el crecimiento de su economía en las enormes oleadas inmigratorias, mantiene un volumen de hombres y mujeres en situación ilegal que se calcula en unos doce millones de personas. Frente a esta realidad, desde la Casa Blanca se intenta impulsar un programa que permita a estos trabajadores indocumentados –sin antecedentes policiales- aprender el idioma inglés y convertirse en ciudadanos.

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Complementariamente, y en un gesto hacia los electores de los estados sureños que apoyan las restricciones a la inmigración, el gobierno propone endurecer la seguridad fronteriza y castigar a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

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En mayo pasado, Barack Obama hizo pública su pretensión de tratar la reforma inmigratoria este año, pero con la cuestión energética, la reforma financiera y la crisis económica obligando a reformular las prioridades de la Administración, es poco probable que consiga mantener el tema inmigratorio en el centro de la agenda política.

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nelson.specchia@gmail.com

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Se expande el rechazo a la ley de Arizona (12 05 10)

SE EXTIENDE POR ESTADOS UNIDOS EL RECHAZO A LA LEY ANTI-INMIGRACIÓN

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La polémica norma aprobada en Arizona moviliza a la colectividad latina

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La inmigración latina en los Estados Unidos, que ha constituido un flujo humano permanente y masivo hacia el país del Norte desde la segunda mitad del siglo XX, ha generado un colectivo con capacidad para influir en los rumbos políticos de varios estados, en especial en los sureños limítrofes con México, y en los de la costa del Pacífico.

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Esta capacidad de “lobby” de la comunidad hispana se pone a prueba en estos días, en los que no amainan las protestas y la contestación social a la ley anti inmigración sancionada recientemente por la gobernadora republicana del estado de Arizona, Jan Brewer.

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La norma -que aún no ha entrado en vigor y que recibió críticas de todo el espectro político nacional, incluido el presidente Barack Obama- criminaliza a los inmigrantes indocumentados y otorga poderes discrecionales a las policías locales, ordenándoles detener a cualquier persona de la que se sospeche pueda ser un inmigrante, y detenerla aunque no haya incurrido en ninguna actividad ilegal.

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Por esta lógica, la norma ha sido acusada de racista. La fuerte protesta iniciada en Phoenix, Arizona, se extiende por los estados vecinos, y ha llegado con fuerza a California, otro de los territorios norteamericanos donde la comunidad latina es numéricamente considerable.

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Ayer, los concejales municipales de San Francisco aprobaron, por abrumadora mayoría de 10 votos a 1, un boicot contra Arizona en razón de la controversial ley anti inmigratoria. La resolución llama a que la ciudad californiana evite firmar ningún contrato con empresas con sede en Arizona, y que no se envíen funcionarios locales ni empleados públicos en ningún tipo de colaboración con el estado vecino. Además, el concejo municipal estudia las maneras de discontinuar los contratos californianos firmados con compañías que tengan su sede en Arizona.

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David Campos, autoridad municipal de San Francisco, de ascendencia hispana y auspiciante de la medida, afirmó que “se trata de enviar un mensaje muy claro, de que si un estado aprueba una ley que es tan atroz como esta, el pueblo de buena conciencia en otras partes del país tiene una obligación, una responsabilidad, de hablar fuerte y no quedarse callado”.

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Junto a la resolución de San Francisco, organizaciones civiles y laborales de otros estados norteamericanos convocaron a sumarse a un boicot económico contra Arizona, absteniéndose de adquirir productos o viajar al estado del suroeste hasta que no se revierta la ley. Otras grandes ciudades norteamericanas, como Los Ángeles, Chicago y la propia capital federal, Washington, estudian medidas similares, afirmó el concejal Campos.

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nelson.specchia@gmail.com

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