Droga y sangre en Tamaulipas (27 08 10)

Droga y sangre en Tamaulipas

por Nelson Gustavo Specchia

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Tamaulipas es una bella lengua de tierra mexicana bañada por las aguas azules del Caribe, con ciudades medianas y hospitalarias, un interior rural de postal novohispana, y un largo brazo estirado hacia el noroeste, que marca durante decenas de kilómetros la frontera con el estado norteamericano de Texas. Encerrado entre Veracruz y las sierras de San Luis Potosí, esta geografía de playas for export y ranchos de tortillas y frijoles hace tiempo que ha perdido su frescura y sus colores de publicidad turística. En su lugar, el gris del miedo y el rojo de la sangre lo han ido cubriendo todo. Tamaulipas es ahora tierra del narco.

El narco ha pasado, en el breve lapso de una década, de ser una organización mafiosa y marginal, a ocupar todos los espacios de la vida pública; estableciendo sus propias leyes, códigos y condenas; permeando las fuerzas de seguridad y proyectándose incluso hacia el interior de los partidos políticos y las instituciones representativas.

Esta reconversión acelerada obedece a dos grupos de factores, unos internos y otros impuestos desde la realidad política exterior. En el primer grupo se deben incluir el aumento en los precios y en los beneficios del tráfico ilegal de estupefacientes, debido a las mayores trabas que éste encuentra en las vías de comercialización en el primer mercado consumidor del mundo. También han alimentado este crecimiento la debilidad de las fuerzas armadas, penetradas por los narcodólares, frente a unos ingresos legales paupérrimos. Pero el renacimiento del narco también se ha debido a factores externos, especialmente a la declaración de “guerra abierta” lanzada por el presidente Felipe Calderón, nada más asumir su mandato. Antes, el narco se limitaba a comprar policías y militares y tal vez algunos alcaldes, pero jaqueado abiertamente y puesto en el centro de la agenda política, se retuerce como un animal herido y ataca con más saña y más violencia que nunca. Desde la asunción de Calderón, en diciembre de 2006, la “guerra abierta” se va cobrando unas 28.000 muertes. Si el combate es a matar o morir, el narco no lo duda y sale a matar a mansalva. Y Tamaulipas, con su costa caribeña a la que pueden atracar botes clandestinos, su interior rural y débilmente institucionalizado, y su larga frontera con los Estados Unidos, tiene todas las condiciones para derivar en un narcoestado.

La horrible masacre de inmigrantes descubierta esta semana en un rancho de Tamaulipas (la más grande que se recuerde en el México contemporáneo), así como el asesinato del candidato a gobernador en junio pasado, revelan hasta qué punto el narco está dispuesto a llegar, para establecer sus códigos y su ley en un territorio que ya considera propio.

ASALTAR LA GOBERNACIÓN

Desde hace tiempo que hay sospechas fuertes de las “contribuciones” de las organizaciones de narcotraficantes al poder político, tanto en las costosas campañas electorales, como en los gastos de la gestión gubernamental. Estipendios de dinero negro que luego siempre encuentran la manera de retornar en forma de favores o disposiciones administrativas que le dan aire a las mafias. Pero en estos tiempos el narco ya no se contenta con los sobornos o las corruptelas a políticos intermedios, sino que muestra las intenciones de colocar a hombres afines en los puestos de mando.

El 28 de junio de 2010, en medio de una “balacera”, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato seguro a gobernar Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Torre Cantú, un político de la vieja escuela priísta mexicana, había basado toda su campaña en la promesa de que cerraría la puerta de la gobernación al narco. A media mañana de ese día de junio, cuando ya las papeletas con su nombre estaban impresas y faltaban sólo unas horas para que abrieran las mesas electorales, la custodiada comitiva del candidato fue emboscada por los sicarios del narco, un batallón disciplinado y bien entrenado (de hecho, sus efectivos fueron militares y policías antes de engrosar las filas de este ejército clandestino), del cual ni Torre Cantú ni sus asesores, secretarios, jefes de campaña ni guardaespaldas salieron vivos.

Las elecciones estaduales, en Tamaulipas y en otros once estados mexicanos no se suspendieron, y el domingo siguiente, 4 de julio, el hermano del asesinado candidato concurrió en su nombre, y ganó la gobernación. El asesinato de Torre Cantú fue el más grave atentado político del México actual, que retrotrae la imagen a aquellos tiempos de la violencia institucionalizada, cuando las pistolas al cinto y las cananas cruzadas formaban parte del paisaje. El candidato fue reemplazado por su hermano, pero el mensaje del narco quedó grabado a fuego, tanto para Tamaulipas como para el resto de las gobernaciones federales, especialmente en los territorios del fronterizo borde norte.

MIGRANTES Y CAUTIVOS

La debilidad institucional impacta con mayor intensidad cuanto más débiles sean los colectivos sociales (más en el campo que en la ciudad, más en los barrios periféricos que en el centro, más en los pobres que en los sectores acomodados). Los migrantes que vienen desde Centroamérica y cruzan Tamaulipas hacia la frontera norteamericana, integran esos colectivos débiles que aprovecha el narco. En estos grupos de ilegales que se desplazan sin papeles y sin derechos, el narco busca apropiarse de los ahorros que llevan para pagar a los tratantes de la frontera, o bien incorporarlos a sus filas como sicarios. En el caso de que no consigan uno de esos dos objetivos, o ninguno, no dudan en masacrarlos. Este parece haber sido el caso de los 72 inmigrantes fusilados, maniatados y con los ojos vendados, a lo largo del paredón de un rancho de Tamaulipas esta semana.

La matanza ha conmocionado a México, a la opinión pública de los sureños estados norteamericanos, y a toda la región. Un hecho que, más allá de la gravedad propia que encierra, también pone de manifiesto una perversa práctica habitual. La matanza de Tamaulipas -58 hombres y 14 mujeres provenientes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil- forma parte de esa espiral de violencia que no deja de crecer, y que, como una consecuencia diametralmente opuesta a la esperada, ha provocado la política de “guerra abierta” del presidente conservador Felipe Calderón. Los cuerpos descoyuntados y apilados unos sobre otros, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados con trapos, fueron descubiertos por personal de la marina mexicana, después de que un hombre herido de bala pidiera socorro en un puesto de control caminero, y relatara la carnicería.

Los infantes de marina se trasladaron en helicópteros artillados a la zona, donde el ejército del narco defendió sus posiciones a balazos. Tras la batalla, los marinos confiscaron rifles M-4, fusiles AK-47, escopetas calibre 12, rifles calibre 22, cargadores, cerca de 7.000 cartuchos, chalecos antibalas y uniformes camuflados. Los pertrechos de un auténtico ejército. El sobreviviente, un migrante ecuatoriano de 18 años, reveló que los narcos les ofrecieron convertirse en sicarios, con un sueldo mensual de 2.000 dólares, y que cuando se negaron, la orden fría fue fusilarlos a todos.

Por la profesionalidad de la acción militar, todas las señales apuntan a Los Zetas. Este ejército irregular está compuesto por desertores de las fuerzas armadas mexicanas, asociados a ex efectivos de grupos de élite del ejército de Guatemala (los “kaibiles”), entrenados para la lucha contrainsurgente por expertos militares norteamericanos en los años 80 y 90. Además de su enfrentamiento con las tropas gubernamentales enviadas por el presidente Calderón, las facciones narco luchan entre ellas por el control de los espacios cercanos a la frontera. Los Zetas constituían hasta hace algunos meses el brazo ejecutor del cartel del Golfo, pero ahora parece que se han escindido y han tomado vuelo propio, lo que les lleva a luchar también contra sus ex patrones.

Entre los unos y los otros, los más desfavorecidos quedan en el medio. A la sangría existencial que significa, de por sí, lanzarse a cruzar los llanos y las sierras mexicanas para llegar al Río Grande y la frontera con los Estados Unidos (donde, además, los esperan las leyes anti-inmigración tan en alza en estos tiempos), deben sumar el riesgo de caer en manos del narco. Según proyecciones sobre cifras oficiales, cerca de 40.000 inmigrantes procedentes de Centroamérica serían secuestrados anualmente en México por las bandas de narcotraficantes. El pedido de rescate a sus familiares en Norteamérica, la esclavitud sexual, o la conversión en sicarios, es el destino más usual para estos miles de pobres arrastrados por su propia miseria.

O el paredón y la muerte, como en Tamaulipas.

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nelson.specchia@gmail.com

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