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Terco y duro como una pared (12 08 11)

Piñera dice que no cederá, y siguen las movilizaciones

Los estudiantes confirman el paro del 18, y los gremios otro para el 24 de agosto

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El presidente chileno Sebastián Piñera volvió a ratificar ayer la decisión adoptada por su gobierno, de no volver a considerar reformas al sistema educativo trasandino, tal como reclama desde hace nueve semanas un arco amplio de organizaciones juveniles con el apoyo de diversos sectores sociales.

El mandatario cerró la vía de negociación con los manifestantes con una frase rotunda: “nada es gratis en la vida”, sostuvo, haciendo hincapié en el principal reclamo de los colectivos estudiantiles, que promueven el cambio de paradigma de la escolaridad chilena, basado en una educación privada, por un servicio educativo público, laico, gratuito y de calidad.

El jefe del Ejecutivo, por el contrario, ratificó ayer el actual modelo al promulgar la denominada “ley de calidad educativa”, que mantiene sustancialmente la modalidad de instituciones de enseñanza primaria, media y superior, estructuradas originalmente durante el período dictatorial comandado por el general Augusto Pinochet, y que no ha sido cuestionado en sus bases durante las cuatro presidencias de la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile desde la transición democrática hasta el año pasado.

Frente a la ratificación de la política oficial, los estudiantes ya adelantaron que rechazarán la ley recién promulgada, y sostendrán el estado de movilización social en las calles de Santiago y de las principales ciudades chilenas durante las próximas semanas.

Contestando a la crítica de que el gobierno no habilita vías de diálogo con los actores de las protestas, el ministro de Educación de la gestión Piñera, Felipe Bulnes, afirmó en la víspera que está en el ánimo del gobierno conversar con los jóvenes, e inclusive que habría algunos sectores de estudiantes “que consideran que se podría trabajar perfectamente a partir de las 21 medidas (planteadas por el Gobierno) pero vemos que se están imponiendo los sectores más intransigentes”, dijo, cuando los dirigentes estudiantiles anunciaron que no participarán de la mesa convocada por el ministerio de Educación.

Los gremios de profesores tampoco asistirán a esa instancia, por considerar que los 21 puntos de la propuesta oficialista no cambian en nada las estructuras educativas vigentes.

Aumentando el enfrentamiento con el Ejecutivo, la conducción de las asociaciones universitarias confirmó la convocatoria a un paro nacional activo, con renovadas marchas multitudinarias cruzando Santiago, para el próximo 18 de agosto.

A su vez, y demostrando cómo los reclamos juveniles comienzan a involucrar a los demás actores sociales en el clima de protesta a nivel nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a dos jornadas sucesivas de movilización y paro general, para el 24 y 25 de este mes.

Si las huelgas organizadas tuvieran un acatamiento masivo, podrían reunirse las firmas suficientes como para obligar a la convocatoria de un plebiscito. Un referéndum implicaría un duro revés para el gobierno conservador.

Ayer, el presidente volvía a convocar a su gabinete para analizar el avance de la crisis política motorizada por los estudiantes.

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“La mayoría decide”

Tanto la concentración de más de 200.000 personas lograda por los estudiantes universitarios y secundarios chilenos esta semana, como el apoyo de los “cacerolazos” que se repiten en las esquinas de los barrios de clase media noche a noche, han llevado a los movilizados a apostar por la  realización de un referéndum nacional, que junto con influir en el pulso sobre la cuestión educativa, también sería un termómetro para medir la acción general de la presidencia de Sebastián Piñera a mediados de su mandato.

Apostando a los controles democráticos del sistema, los estudiantes han armado una página web para juntar las firmas que constitucionalmente requiere una convocatoria ciudadana para obligar a un plebiscito. El sitio web se denomina “La mayoría decide” (http://www.lamayoriadecide.cl), y durante las primeras horas de funcionamiento ya había acumulado cerca de 18.000 firmas.

Sombras de la dictadura

En medio del debate social que vive el gobierno y la sociedad por el sistema educativo, una de las rémoras del período dictatorial, ayer se conoció el denominado Informe Valech, fruto de la comisión independiente de la verdad, que busca establecer los casos de prisión política, tortura y desapariciones forzadas durante aquel negro período del país vecino.

El informe incorpora 32.000 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en esta nueva versión, que culmina el proceso de búsqueda de datos iniciado en 1990.

Entonces, el Informe Rettig había establecido un total de 2.279 detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura del general Pinochet, y fue presentado en 2005 al presidente Ricardo Lagos. Esta nueva versión será entregada a Sebastián Piñera el próximo 17 de agosto, apenas unas horas antes de que los estudiantes comiencen su paro nacional.

 

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Chile: Juventud, divino tesoro (10 08 11)

Cien mil estudiantes marchan contra Piñera en Santiago

Las protestas por la reforma educativa llevan a enfrentamientos con la policía

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El gobierno chileno de Sebastián Piñera soporta una inédita contestación social multitudinaria protagonizada por jóvenes estudiantes, que crece a diario tanto en número como en la índole de los reclamos, y hunde más la desprestigiada popularidad del Ejecutivo conservador.

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron en mayo, solicitando una revisión del sistema educativo trasandino, que se estructura en base a compartimentos muy estancos, donde la elección del instituto en el que un alumno inicia los estudios condiciona en gran medida toda la carrera académica, y donde la iniciativa privada –asociada a niveles mediocres de calidad en la prestación del servicio- ocupa un lugar prioritario ante a la enseñanza pública.

Frente a ese esquema, que fue implementado durante el período dictatorial comandado por el general Augusto Pinochet y no ha tenido modificaciones de relevancia durante las cinco presidencias democráticas que le sucedieron, los jóvenes chilenos reivindican en pancartas y consignas el sistema argentino de educación laica, gratuita y de alta calidad, al que tienen como referente.

Pero la forma en que el gobierno reaccionó a estas movilizaciones centradas en el cambio de las modalidades y estructuras de enseñanza, ha llevado a una agudización de la crisis, con un abanico más extenso de reclamos, y con un número diariamente mayor de manifestantes, hasta el pico de la marcha de la víspera, donde la capital fue prácticamente ocupada por una multitud de jóvenes –se calculó una columna de cien mil manifestantes- como no se registraba en Santiago desde las jornadas de la recuperación democrática, hace veinte años.

La reacción juvenil, además, ha sido alimentada por las maneras violentas dispuestas por el gobierno central, que instruyó a los Carabineros (fuerzas de policía con estructura militarizada) que reprimieran las manifestaciones de protesta.

Las fotografías que han circulado por las redes sociales durante los últimos días (los medios de prensa gráfica han atenuado la crónica de las protestas, tanto en Chile como en Argentina) son de una contundencia alarmante, con efectivos de seguridad golpeando, persiguiendo y ejerciendo diversos actos de violencia física contra jóvenes y aún contra niños.

Ante los reclamos de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, el ministro del Interior del gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, respaldó sin fisuras el accionar de los Carabineros, y sostuvo la teoría de que las protestas son alimentadas por “elementos extraños infiltrados” en la asociaciones estudiantiles, cuyos dirigentes han perdido el control.

En la tarde de ayer, luego de la multitudinaria marcha, cuando las columnas comenzaban a desmovilizarse un grupo de unos 200 jóvenes hizo frente a la policía, arrojando piedras desde barricadas hechas con autos incendiados, en una imagen que parecía un reflejo de la que mostraba Londres por las mismas horas: un gobierno que no reacciona, caos, espiral creciente de violencia, y una crisis desbocada que aún no encuentra un cauce.

Protesta de hambre

Las formas en que los jóvenes chilenos van acorralando al gobierno de derechas de Sebastián Piñera no son sólo multitudinarias, sino también originales e ingeniosas.

Las marchan se complementan con “exposiciones” de cartuchos de gas lacrimógeno con que los reprimen los Carabineros, hasta una huelga de hambre que lleva ya tres semanas. 33 estudiantes secundarios llevan más de veinte días de ayuno, y a pesar que la sala donde llevan adelante la protesta fue atacada con bombas de gases lanzadas por los Carabineros, que destrozaron los vidrios de puertas y ventanas, amenazan con profundizarla hacia una “huelga de hambre seca”, que a su edad (tienen entre 16 y 18 años) podría conllevar riesgos de salud.

Las protestas juveniles han logrado despertar la conciencia social chilena, que se ha volcado a apoyarlos. Junto a la estrepitosa caída de la popularidad del presidente (un 26 por ciento, la menor de todo el período democrático), los estudiantes ya acumulan un respaldo del 80 por ciento de la población, que se suma con cacerolazos a sus actos revivindicativos, ante el desconcierto gubernamental.

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Ajustar las cuentas de Baltasar

AJUSTAS LAS CUENTAS DE BALTASAR

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por Nelson Gustavo Specchia

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Baltasar Garzón Real es abogado, español y socialista. Nació en 1955 en Jaén, Andalucía. De hogar humilde, trabajó de albañil, de mozo de restaurant y de empleado en una estación de servicio, con lo que se costeó sus estudios. Luego, se decidió por la carrera judicial. Una biografía interesante, pero que en sí misma se asemeja a muchas otras entre los hombres de su generación. Sin embargo, hoy Baltasar Garzón se ha convertido en un símbolo: su nombre concentra un punto de quiebre, de ruptura, que mueve a toda la clase política española, inclusive más allá de España. Y, de una forma inédita, a la sociedad civil, que parece haber entendido que con el “caso Garzón” se libra una batalla que excede un debate meramente jurídico, y mediante la enorme y horizontal difusión de los foros sociales de internet, se ha lanzado a tomar partido.

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En definitiva, lo que a través de la figura del juez Baltasar Garzón se discute es la índole de la guerra civil que partió en dos a España, la índole de la dictadura que surgió de ella y gobernó la península durante 40 años, y la índole de la transición ideada para salir de ella sin condenarla y tendiendo un gran manto de olvido sobre todo ese largo siglo y esas ciento cincuenta mil muertes, cuyos cadáveres siguen hoy desparramados por cunetas y hondonadas. Todo el “caso Garzón” podría resumirse en la pregunta de si los españoles de hoy están dispuestos a mirar de frente y a los ojos a su pasado, u optarán por pasar página, apostar al olvido y esperar que el bienestar europeo y las mieles del euro y del consumo terminen diluyendo en el imaginario colectivo las fosas comunes, las cunetas y las hondonadas donde se amontonan los huesos masacrados de miles, de cientos de miles de hombres y mujeres de una generación borrada.

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Las cuentas del juez

Baltasar Garzón hizo méritos para estar hoy en el centro de la picota. Desde temprano entendió que su carrera en la judicatura estaba llamada a tomar el toro por las astas, sin importar cuán ominoso fuera el peligro, los intereses políticos (propios y extraños) en juego, o las consecuencias para la alteración del statu quo judicial que conllevaran sus resoluciones.

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Ya a principios de los años noventa, se metió a investigar el tráfico de drogas que entraba a la península por las costas gallegas. Desde entonces data su enfrentamiento con un sistema de investigación judicial que consideraba débil, y que le ocasionó más de un tironeo, con colegas de la judicatura e inclusive con el presidente del gobierno, Felipe González. Nunca ocultó su preferencia por las ideas de izquierda ni su afiliación al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero no le tembló la mano para iniciar una exhaustiva investigación sobre los grupos ilegales de represión a la insurgencia de ETA, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), afines al gobierno de Felipe. Los llevó a los tribunales y enjuició con ellos a la “guerra sucia” contra el terrorismo vasco. El juicio a los GAL llevó a que el PSOE perdiera las elecciones de 1996; Garzón era por entonces un ídolo de la derecha del Partido Popular, que llegó inclusive a mocionarlo para el premio Nobel.

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Hacia fines de los ’90 se concentró en los aparatos políticos que respondían, en el País Vasco, a la banda separatista de la Euskadi Ta Askatasuna (ETA), y llevó a la cárcel a más de 1.000 etarras y pro-etarras. Siguió sumando enemigos, y aplausos de la derecha nacionalista. Para la primera década del siglo XXI, interpretando desde su sillón de la Audiencia Nacional española la jurisdicción universal en delitos de genocidio, ordenó el arresto del general Augusto Pinochet, que se encontraba en ese momento en Gran Bretaña. La justicia inglesa finalmente decidió no extraditar a Pinochet, que terminó volviendo a Chile tras un período de arresto domiciliario en Londres, donde era asiduamente visitado por Margaret Thatcher. Pinochet logró esquivar el banquillo del juzgado de Garzón, pero desde esa orden del juez, los dictadores del mundo lo piensan dos veces antes de abandonar la protección de la soberanía de sus sufridos países.

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Con el mismo criterio, Garzón abrió juicio a los personeros de la dictadura argentina, y logró que algunos de sus cómplices y verdugos, que habían recalado en España tras el retorno a la democracia, fuesen apresados y juzgados (como fue el caso del ex funcionario del Proceso Adolfo Scilingo, que en 2005 fue sentenciado en Madrid a 640 años de cárcel).

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Pero en casa no

Con el curso de estas últimas investigaciones, la derecha española ya no estaba tan a gusto con el juez “estrella”. Pero, en todo caso, esas cuestiones de la jurisdicción universal y los delitos de genocidio pegaban fuera de las fronteras de España, en las remotas y subdesarrolladas pampas australes. Pero Baltasar Garzón decidió ser consecuente en sus disposiciones judiciales, y abrió la causa contra el franquismo y la guerra civil española, por genocidio. En definitiva, durante los cuarenta años de la dictadura comandada por el general Francisco Franco desaparecieron 113.000 personas, y se fusiló a otras 55.000, un número cinco veces más alto que la suma de los asesinados por las dictaduras chilena y argentina juntas. Y a diferencia de aquellas lejanas pampas sudamericanas, en España no hay un sólo responsable enjuiciado ni condenado.

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En 2008, con documentos provenientes de las parroquias rurales y de los archivos municipales, Garzón comenzó a confeccionar un censo de fusilados en masa y enterrados en las hondonadas comunes, a partir del golpe de Estado del general Franco y el derrocamiento de la República. A pesar de las leyes de amnistía decretadas durante la transición, el juez decidió declararse competente, y comenzó a ordenar la apertura de fosas. Para la derecha española fue demasiado; que lo hiciera con los de fuera, vaya y pase, pero en casa no. Como si esto fuera poco, Garzón abrió una investigación sobre la financiación ilegal al Partido Popular, la denominada “red Gürtel”, con innumerables cargos políticos implicados, desde presidentes autonómicos a senadores nacionales. Fue la gota que desbordó el vaso, y comenzó la operación derribo

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Una justicia feudal

Nadie, ni la prensa, ni los más eminentes juristas del mundo, ni las asociaciones de la sociedad civil, ni los ciudadanos de a pie pueden comprender cómo esos mismos tribunales que admitieron la jurisdicción universal y dieron señales de un nuevo tiempo en la persecución de delitos de lesa humanidad, ahora consientan en sentar en el banquillo de los acusados al juez que mejor y más claramente simboliza esa nueva dimensión de la justicia.

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La máxima instancia judicial española ha admitido a trámite tres causas contra Garzón. Una sobre la “red Gürtel”, precisamente. Otra sobre unos honorarios que habría percibido por dar clases en Estados Unidos. Pero la que de verdad cuenta es su investigación sobre el genocidio franquista. El novelista Javier Marías (autor de una obra monumental sobre la guerra civil, e hijo de uno de los mayores pensadores del siglo XX), en un artículo del domingo 2 de mayo sostiene que el hecho de que sea hoy Garzón el acusado, muestra cómo en España nunca se condenó al franquismo, y cómo el pensamiento ultraconservador enquistado en organizaciones como los tribunales de justicia –que constituyen un claustro cerrado- no permitirán que una condena de esas características prospere.

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Al juez lo acusan las asociaciones de abogados conservadores y una agrupación de ultraderecha llamada “Falange Española”, como se denominaba el movimiento fascista que sostuvo la dictadura de Franco. Y lo acusan de prevaricar, o sea, de dictar sentencias sabiendo que lo hace contrariando las leyes (no podría haberse abocado a investigar el franquismo, dicen, cuando la ley de amnistía de 1977 había cerrado esa vía). No es tan grave quién lo acuse, lo insólito es que el Tribunal Supremo admita las acusaciones y acepte juzgarlo.

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Pero todos saben –jueces, abogados, políticos, analistas, ciudadanos- todos sabemos que lo que se juzga en Garzón es otra cosa. “Una buena porción de España continúa siendo sociológica y anímicamente franquista, no se la ha enseñado a ser de otro modo”, concluye Marías. A más de 70 años de aquella brecha que partió a un pueblo por la mitad, los españoles deben elegir si enfrentan su pasado mediante una reparación ética a las víctimas, o permiten que con argucias burocráticas y consensos leguleyos, ajustándole las cuentas al juez Garzón se les escamotee ese derecho.

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En todo caso la vida –y la memoria es parte de la vida- siempre se abre paso. Esperemos.

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http://www.hoydia.com.ar

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nelson.specchia@gmail.com

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Fisuras en la “Concertación” chilena (06 12 07)

Publicado en “Hoy Día córdoba” – (6 de diciembre, 2007)

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FISURAS EN LA “CONCERTACIÓN” CHILENA

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por Nelson Gustavo Specchia

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(desde Santiago de Chile)

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El sistema de partidos políticos, base del modelo republicano, se encuentra jaqueado en América latina. En una nueva vuelta de rosca histórica, el clásico partido político, concebido por la modernidad occidental como la herramienta para canalizar la representación de la voluntad ciudadana, se enfrenta a combinaciones con nuevas formas de participación y organización política, y convive con formas híbridas de representación popular. Alteraciones sustantivas, en suma, que pueden recalificar la funcionalidad del partido político clásico a nivel continental.

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Este nuevo momento crítico sucede al que los partidos –junto con el conjunto de la sociedad latinoamericana- tuvieron que soportar en la década de los ’70 del siglo pasado, cuando el avance del autoritarismo y la instalación de dictaduras militares sumergió la dinámica partidaria, hasta prácticamente hacerla desaparecer de la faz pública durante largos años.

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Como en aquella oportunidad, la coyuntura crítica que atraviesan hoy los partidos políticos toma muy diversas formas, según sean las características y el momento institucional específico de cada país latinoamericano. El surgimiento de organizaciones políticas asociadas a movimientos sociales, la transversalidad horizontal de liderazgos, la emergencia de representaciones vinculadas con colectivos tradicionalmente oprimidos (como los indígenas), y las coaliciones programáticas, parecen ser las principales variantes que se ofrecen como alternativas a los partidos.

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Chile encontró en esta última modalidad, la coalición interpartidaria, la vía con que enfrentó la transición desde la dictadura pinochetista, y la herramienta con que ha disputado el espacio político a la derecha en los gobiernos democráticos. La “Concertación” –alianza entre la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), y el Partido por la Democracia (PPD)-, ha logrado retener el poder desde la transición hasta la actualidad. Pero este esquema de concentración de poder, y de distribución de cargos ejecutivos entre los socios de la coalición, parece haberse desgastado, y ciertas fisuras preocupantes comienzan a hacerse evidentes.

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La Concertación logró ubicar en la Presidencia de la República a dos demócrata cristianos: Patricio Aylwin, que capitaneó la transición desde la dictadura, y Eduardo Frei, que le sucedió; a don Ricardo Lagos, fundador del PPD y uno de los gestores del “No” en el plebiscito convocado por Pinochet para intentar perpetuarse en el poder; y la actual mandataria, la socialista Michelle Bachelet. A la Presidenta le queda aún un tercio de mandato, pero los reacomodamientos al interior de la coalición comienzan a expresar cierta fatiga del modelo, luego de sucesivas administraciones. Una tendencia similar disparó la crisis del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México, luego de una extensa permanencia en el Ejecutivo, y terminó desplazándolo del poder.

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En Chile, los síntomas de fatiga han aflorado en el socio mayoritario de la Concertación, la DC. A pesar de su mayoría relativa en la alianza interpartidaria, no ha logrado imponer sus candidatos a Presidente en las dos últimas elecciones; sumadas a este elemento, las poco aceitadas vías de promoción de las segundas y terceras líneas de dirigentes, y el permanente estado de negociación entre los socios –tanto para llevar adelante los programas de gobierno, como para definir las listas de candidatos a los cargos electivos-, han encendido la luz amarilla.

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La semana pasada, la presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, ha solicitado la expulsión de la DC del histórico dirigente Adolfo Zaldívar: esta movida en el tablero podría llevar al quiebre de la propia DC, y, eventualmente, podría poner en riesgo la continuidad de la Concertación en el gobierno de Chile tras las próximas elecciones.

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La Presidenta Bachelet, que soporta duras críticas por su supuesta prescindencia y lejanía de la vida política chilena, parece resignada a ocupar un papel secundario, a pesar de que las disputas sobre el liderazgo afecten directamente a su administración: la iniciativa de expulsión de Adolfo Zaldívar de la DC se asienta en su alianza, en el Senado, con la oposición de derecha para oponerse a la solicitud de fondos de la Presidenta, con destino al sistema público de transportes, “Transantiago”.

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La señora Alvear, varias veces ministra del Ejecutivo en gestiones anteriores, líder de una corriente importante dentro de la DC, y hoy senadora de la República, quiere ser candidata a Presidenta, y suceder a Michelle Bachelet. El señor Zaldívar, también senador, también ex presidente de la DC, también líder de un sector importante dentro de la Concertación, quiere lo mismo. El ex Presidente Eduardo Frei, quien cree que puede presentarse como una figura de consenso, quiere lo mismo. Y lo mismo quiere el ex Presidente Ricardo Lagos.

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Todos quieren llegar a La Moneda con su propio esfuerzo y por su propia figura. El partido, como herramienta de participación política, se va relegando a un segundo plano.


Profesor de Política Internacional. Universidad Católica de Córdoba.