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Egipto: calma militar (14 02 11)

Los militares egipcios imponen calma en una sociedad alterada

Los generales quieren una transición tranquila y el fin de las protestas

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El Consejo Militar que se hizo cargo del poder en Egipto tras la caída del presidente Hosni Mubarak ha decidido terminar con el tiempo agitado.

A pesar de que las concentraciones multitudinarias se disolvieron tras los festejos populares en las calles durante el último fin de semana, algunos grupos de manifestantes pretenden seguir ocupando la plaza Tahrir, reclamando la extinción de la Ley de Emergencia –que los militares no han derogado- y mayores definiciones en el rumbo político de la transición.

Además, el clima de efervescencia social ha disparado otros reclamos largamente esperados, y nuevas marchas se han organizado en la capital egipcia pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo y recomposición en los salarios.

Inclusive, tras el paro de los trabajadores portuarios del Canal de Suez en los momentos finales del régimen, otros trabajadores de empresas estatales han planteado huelgas con reclamos gremiales.

Frente a ello, el consejo castrense ha decidido frenar los reclamos, y en un comunicado trasmitido por la televisión estatal señaló que las protestas “ponen en peligro la seguridad del país”, al tiempo que “hacen daño” a la economía e impiden la vuelta a la normalidad social.

Los generales vuelven a insistir en que atenderán las “legítimas” aspiraciones populares manifestadas en las dieciocho jornadas por la que se extendió la revuelta egipcia, pero afirman que para implementarlas hace falta tiempo y calma social.

Aunque los militares, que gozan de un momento de aceptación y respeto por la postura que adoptaron frente al intento del ex presidente de aferrarse al poder, es improbable que activen ahora la represión.

Además, trascendió que han dado orden de negar la salida del país a varios ex altos funcionarios, al tiempo que han solicitado a algunos gobiernos europeos el congelamiento de cuentas y depósitos bancarios.

Suiza ya había adelantado que inmovilizaba la fortuna personal de Maburak (que se calcula en unos 70.000 millones de dólares), y ayer el jefe de la diplomacia británica, William Hague, afirmó que Londres hará lo propio, a solicitud de El Cairo.

Por otra parte, los movimientos políticos en el mundo árabe se suceden sin solución de continuidad. Tras la caída del gobierno tunecino, que abrió el camino de las protestas, el éxito de la revuelta en Egipto ha alimentado una sucesión de reclamos de apertura y reforma en los países de la región.

En la víspera, el gobierno de la Autoridad Palestina, al calor de estos cambios presentó su renuncia en pleno al presidente Mahmmoud Abbas, habilitándolo para que renueve una Administración muy desprestigiada, y a la que la facción islamista de Hamas tacha de ilegítima, además de corrupta.

Ola de descontento generalizado

La alteración social y política con que los países árabes han recibido el nuevo año parece estar lejos de agotarse; al contrario, con cada día aparecen nuevos frentes de conflicto al interior de unas sociedades que se han caracterizado durante el último medio siglo por su rigidez, centralismo y gobiernos fuertes.

Los levantamientos populares de Túnez y Egipto siguen inspirando réplicas en toda la región de Medio Oriente, y a las movilizaciones en Argelia, Yemen y Libia, ayer se sumaron los jóvenes iraníes, que habían pasado a un segundo plano tras la represión del gobierno de Mahmmoud Ahmadinejad a las protestas que siguieron a su reelección.

La oposición convocó ayer a una manifestación en apoyo a las revueltas de apertura democrática en el norte de África, pero el gobierno prohibió las concentraciones, y las fuerzas de seguridad reprimieron las columnas que intentaban llegar al centro de Teherán, mientras continuaba bloqueado el acceso a la casa particular del líder opositor, Mir Hossein Mousavi.

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Insulza dice que fue intento de Golpe (07 10 10)

LA OEA RESPALDA LA VERSIÓN DE CORREA Y ADVIERTE A LA REGIÓN

El presidente ecuatoriano responsabiliza al golpista Lucio Gutiérrez

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La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de Secretario General, el chileno José Miguel Insulza, entró ayer en el debate sobre el tenor de la revuelta desatada contra el gobierno de centroizquierda de Ecuador, que incluyó el detención del presidente Rafael Correa en un hospital militar, y tiroteos contra su automóvil.

Correa dijo, desde un primer momento, que se había tratado de un intento de golpe de Estado, inspirado por los sectores de la derecha política; concretamente señaló al coronel Lucio Gutiérrez, quién ya encabezara una asonada militar en el pasado y aspira gobernar el país al frente de un conglomerado conservador denominado Sociedad Patriótica.

A la postura de Correa se le opuso otra interpretación, que ponía en duda las “condiciones técnicas” de un golpe de Estado como los que tradicionalmente ha vivido la región en el pasado (no hubo intento de recambio presidencial, por ejemplo), y limitaba el malestar a una cuestión salarial de los cuerpos policiales.

Sin embargo, el diario español El País difundió esta semana unas grabaciones de audio de los sublevados, donde se escucha claramente la orden “maten a Correa, para terminar maten al hijo de puta de Correa”.

En la víspera la OEA emitió una declaración en la que sostiene que la sublevación policial ecuatoriana tuvo por objetivo “desestabilizar el gobierno y promover un golpe de Estado.”

El informe, con la firma de Insulza, también avanza con recomendaciones hacia el resto de los países de la región, a los que llama a “estar alertas”, ya que, afirma, situaciones parecidas pueden repetirse en otras partes de América latina.

Coincidiendo con la advertencia realizada por Hebe de Bonafini el miércoles pasado en Buenos Aires, el secretario general de la OEA comparó la situación de Ecuador con el antecedente de Honduras, Insulza dijo que “se intentó otra vez y es posible que si no tenemos los cuidados se pueda producir una vez más”, dijo, y pidió sancionar a los responsables.

En una larga entrevista concedida a la prensa internacional desde el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo, el presidente Correa ha admitido que en la mañana del jueves de la semana pasada acudió al cuartel policial para dialogar con los que protestaban, y cuando recibió en la cara el impacto de una bomba de gas lacrimógeno se dio cuenta “de que era una trampa”.

Correa ratifica que el descontento policial fue manipulado por los sectores reaccionarios afines al ex mandatario Lucio Gutiérrez, aunque descartó la intervención de la inteligencia norteamericana, como habían sugerido otros líderes regionales.

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