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Cameron y “el amigo” Murdoch (15 07 11)

Los métodos ilegales de Murdoch salpican al gobierno de Cameron

El magnate de los medios de comunicación comparecerá ante el Parlamento británico   

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LONDRES.- El multimillonario australiano-estadounidense Rupert Murdoch, en tanto cabeza ejecutiva del grupo de industrias News Corp., junto a su hijo James, han aceptado finalmente testificar ante la comisión parlamentaria inglesa que investiga el escándalo sobre los métodos ilegales que durante años practicaron sus medios.

Murdoch, cuyos lazos con el poder son sólidos y de vieja data, tenía avanzadas las gestiones para hacerse con la totalidad de acciones del canal BSB, una de las señales televisiva con mayor cobertura, y un negocio millonario que había logrado el visto bueno del Ejecutivo conservador de David Cameron.

Muchos han recordado, en estos días, que el propio Cameron recibió el respaldo de los medios de Murdoch en su campaña hacia Downing Street.

Sin embargo, al destaparse el escándalo sobre escuchas, pinchaduras de teléfonos, hackeo de mails y sobornos a policías para obtener datos privados –principalmente de famosos y políticos, pero también de altos funcionarios y hasta de la realeza- obligó a dar marcha atrás con la adquisición del canal, y a cerrar el periódico dominical News of the World, el tabloide sensacionalista que estaba en el centro de las acusaciones de obtención irregular de noticias.

Pero fueron las declaraciones del ex primer ministro laborista, Gordon Brown, las que complicaron aún más la situación. Brown aseguró haber sido “espiado” en sus comunicaciones privadas y sus finanzas mientras ejercía la titularidad del gobierno británico, y que se habían utilizado elementos “criminales” para ventilar la enfermedad de su hijo pequeño, que padece fibrosis quística, como una noticia exclusiva del diario The Sun, también propiedad del grupo.

El gobierno de Cameron rectificó la habilitación para la operación mediática, y se sumó a los otros partidos para pedir la comparecencia del empresario en la sede parlamentaria.

Los Murdoch se negaron en un primer momento, amparándose en su recientemente adquirida nacionalidad estadounidense.

Por la renuencia, los legisladores pidieron un interrogatorio formal, y ante la posibilidad de que el escándalo derive en una causa judicial con requisitoria policial, tanto Rupert Murdoch, de 80 años, como su hijo admitieron ayer que el martes próximo acudirán a testificar a la comisión investigadora.

Aún así, es poco probable que el cambio de estrategia del magnate vaya a frenar el escándalo, que aporta nuevos elementos –y todos complicados- a cada día.

La policía ya va deteniendo a nueve sospechosos por varios ilícitos relacionados al espionaje para los medios. Además, Andy Coulson, uno de los detenidos, fue jefe de prensa del premier David Cameron, con lo cual las implicancias políticas del escándalo siguen abiertas.

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Ley de medios: en Brasilia como en Buenos Aires (10 11 10)

LULA PROPONE UNA NUEVA LEY DE MEDIOS EN LA FASE FINAL DE SU GOBIERNO

El proyecto se asemeja a la iniciativa argentina de reforma en trámite

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El presidente brasileño Luiz Inácio da Silva, Lula, parece decidido a no dejar demasiados cabos sueltos en herencia a la próxima gestión gubernamental de Dilma Roussef, y anunció en la víspera la elaboración de una ley nueva sobre medios de comunicación.

La regulación de la participación de las empresas de telecomunicaciones ha sido uno de los grandes temas de la política nacional, que Lula ha venido sorteando con altibajos durante sus dos períodos al frente del Ejecutivo.

El ministro de Comunicación Social, Franklin Martins, anunció ayer que está elaborando un proyecto que deberá constituirse en el nuevo “marco regulatorio” de los medios de prensa, y que contemplará la presencia creciente de las empresas de telefonía en la difusión y producción de contenidos de televisión.

El tema del control sobre los aspectos monopólicos de los grandes medios de comunicación fue central en la última campaña presidencial, con fuertes debates sobre los equilibrios entre libertad de expresión e incidencia de los monopolios en los rumbos de la política.

En una línea muy cercana a la evolución del enfrentamiento entre el gobierno argentino y las grandes empresas de prensa, Martins aseguró que la Administración Lula está “en contra de la censura”, pero que esa libertad “no quiere decir que la prensa no pueda ser criticada.”

La embestida del gobierno busca poner equilibrar el actual escenario, donde media docena de grandes empresas, todas ellas de matiz conservadora, monopolizan la generación de contenidos noticiosos, la divulgación y la distribución de los diarios y revistas.

El propio Lula admitió, en su momento, que si hubiera sido por la prensa brasileña él “jamás hubiera llegado a ser presidente”. A pesar de que el lobby de la prensa se opuso radicalmente al Partido de los Trabajadores (PT) desde la primera elección de Lula, los diferentes intentos del gobierno por quebrar ese monopolio han tenido pocos frutos hasta el presente, salvo la derogación de la antigua ley de medios: en mayo de 2009 el Tribunal Supremo Federal decidió abolir la Ley de 1967, aprobada en tiempos de la dictadura.

El presidente ha abogado por elaborar un marco legal “más democrático”, con un nuevo sistema de distribución de licencias que garantice el “pluralismo” y evite una situación en la que “unos pocos grupos empresariales ejercen el control casi absoluto sobre la producción y divulgación de los contenidos informativos y culturales”.

Frente a estas iniciativas, los grandes diarios acusaron a Lula de “querer maniatar a los medios independientes y nacionalizar las comunicaciones”.

El ex presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso secundó esta opinión y alertó contra las “tendencias autoritarias” en materia de medios que, en su opinión, “ganan fuerza en Sudamérica”. Desde Brasilia, sin embargo, el gobierno insiste en que para democratizar la prensa debe romperse un monopolio empresarial que ha tendido demasiados lazos con el poder desde los tiempos de la dictadura militar.

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